Columna El Líbero, 27.10.2017 Juan Salazar Sparks, embajador (r) y director ejecutivo de CEPERI
La semana pasada se llevó a cabo un debate entre las candidaturas presidenciales sobre la política exterior chilena, organizado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Este interesante evento —tal vez el primero de su tipo— no sólo congregó a los dirigentes partidistas en representación de los candidatos, sino a un público en que destacaban jóvenes profesionales. Y el debate resultó ser bastante civilizado, sin descalificaciones personales ni embates ideológicos. Con todo, las exposiciones mostraron el idealismo y la ingenuidad propios de juventudes sin mayor experiencia, así como un alarmante desconocimiento en ciertos temas, que bien podría evidenciar una opinión pública chilena poco informada. Repasemos algunos casos.
Bolivia y el tema vecinal
Ciertos expositores plantearon la necesidad de un mayor diálogo con Bolivia, como si hubiese falta de voluntad de parte Chile para ello. Sin duda que la propaganda de victimización boliviana ha hecho mella en algunos sectores chilenos, cuando se dice que nuestro país debería ser más propositivo con La Paz. Se desconoce, por ejemplo, que las relaciones diplomáticas fueron interrumpidas por Bolivia, que sus reivindicaciones son maximalistas (más que conectividad pretenden una entrega territorial), y que Evo Morales no cree ni busca la integración regional.
Tampoco es realista pensar en una negociación tripartita para resolver las pretensiones altiplánicas (Chile, Bolivia y Perú), porque a Chile no le conviene perder su frontera con Perú (necesaria para la integración). En cambio, delimitar con Bolivia al norte nos traerá más problemas que soluciones: contrabando, narcotráfico, y constantes presiones bolivianas para una “salida útil” (carreteras, puertos y nueva infraestructura en el supuesto corredor).
Pacto de Bogotá
Como no entienden bien el tema, las candidaturas presidenciales de la centroizquierda fallan en clarificar bien sus posturas sobre la obligatoriedad de someter nuestros litigios a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No han querido criticar la insistencia del actual gobierno por mantener la adhesión chilena al Pacto de Bogotá (competencia obligatoria de la CIJ), en circunstancias de que ese tribunal falla en justicia y no en derecho, y de que algunos de sus jueces opinan que hay cuestiones pendientes en el Tratado de Límites de 1904 entre Chile y Bolivia.
Aceptar la demanda boliviana respecto de su mediterraneidad en La Haya (negociar de buena fe una salida soberana) o haber entablado Chile una demanda por el Río Silala son sendos errores que nos podrían costar caro a futuro.
Alianza del Pacífico
Uno de los expositores comentó, al pasar, que si bien la Alianza del Pacífico había tenido un buen cometido para la proyección comercial de los países miembros hacia el Asia-Pacífico, no se observaba un interés similar hacia América Latina. Dicho sesgo (latinoamericanos antes que asiáticos) denota un voluntarismo estéril. La Alianza del Pacifico no tiene más adherentes porque en nuestra región hay países que no creen en la globalización y en la apertura de sus economías. Tal vez el apoyo político ganado por Mauricio Macri en las últimas elecciones argentinas, o bien, la tendencia más autónoma mostrada por Lenin Moreno en Ecuador, podrían traernos buenas noticias más adelante en esta materia.
Crisis venezolana
El tratamiento de la cuestión venezolana requiere desprenderse de los enfoques doctrinarios y teóricos imperantes en varias tiendas políticas. La realidad es que Venezuela es hoy una dictadura cívico-militar, que está vulnerando la democracia y los derechos humanos, que reprime a los opositores y mantiene presos políticos, que ha cometido un fraude electoral tras otro, y que no tiene interés en buscar una salida política negociada. Venezuela no se distingue de Cuba y ambos regímenes mantienen la misma estrategia comunista de aferrarse al poder.
La discusión de si prima el principio de no intervención no tiene cabida en la actualidad frente al valor universal de los derechos humanos. A estas alturas, llamar al “diálogo” entre las partes es totalmente ilusorio; es darle más oxígeno a Nicolás Maduro, sin obtener nada a cambio. Lo único válido ahora es mantener la presión internacional y la resistencia democrática de la oposición venezolana (la MUD equivocó el camino).
Modernización de la Cancillería
A pesar de que en las candidaturas de derecha y centroderecha se ha planteado la necesidad de una modernización del Estado chileno, los expositores —en general— poco o nada dijeron respecto de las reformas que requiere la Cancillería. Todos, más menos, señalaron que el proyecto de ley de modernización requería de recursos que no estaban disponibles. Extraño enfoque, porque el cambio simple, pero básico, de fortalecer el Servicio Exterior a través de un reconocimiento de que la carrera funcionaria termina en el grado de embajador no depende de la asignación de recursos.
El problema de fondo es que la izquierda sabe que un Servicio Diplomático profesional implicaría perder la discrecionalidad actual para nombrar a sus operadores políticos.
Por ello, seamos claros, la verdadera modernización de la Cancillería y de la Administración Pública en general es más meritocracia y menos clientelismo político.
