Columna Página Siete, 02.04.2017 Héctor Arce Zaconeta, ministro de Justicia y Transparencia en Bolivia
La República de Chile en más de una ocasión ha supeditado la razón a la fuerza, haciendo honor al lema de su escudo. Lo hizo en 1879, cuando invadió el Litoral boliviano; lo hizo en la tristemente célebre carta de Abraham König, quien en agosto de 1900 diera a Bolivia un ultimátum amenazante para obligarla a suscribir el nefasto Tratado de 1904; y lo está haciendo hoy, privando de libertad injusta y arbitrariamente a nueve funcionarios bolivianos, violando además los más elementales principios del Derecho Internacional.
En primer lugar, las autoridades judiciales y políticas de Chile se niegan a reconocer que la detención de funcionarios y militares bolivianos se dio cuando los mismos realizaban un operativo de lucha contra el delito transnacional del contrabando, en un paso no autorizado de la frontera; y que según confesión espontánea de las hoy "víctimas” (léase contrabandistas), se encontraban realizando un transbordo de mercadería ilegal hacia Bolivia.
Con esta actitud, el Gobierno de Chile desconoce que justamente dado este tipo de situaciones suscitadas en el contexto de la lucha contra el crimen organizado transnacional, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas hoy se encuentra trabajando la codificación de los principios y reglas que rigen "la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado”.
El Gobierno de Chile, al procesar a agentes de una nación soberana, permite que sus autoridades judiciales implícitamente pongan al propio Estado boliviano en el banquillo del acusado, pisoteando así el esencial principio del respeto a la "igualdad soberana de los Estados” (Art. 2.1 de la Carta de Naciones Unidas).
Por otra parte, las actuaciones de las autoridades del Gobierno de Chile son claramente arbitrarias, es decir al margen del derecho, ya que la propia Presidenta de Chile y su Canciller fueron quienes sentenciaron previamente y mandaron presos por adelantado a los funcionarios civiles y militares de Bolivia antes de que ellos siquiera vieran a un juez, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, el principio del debido proceso y consecuentemente denigrando la honra y la dignidad de los nueve bolivianos, cuyo único delito fue luchar contra un crimen transnacional. Ahora bien, lo más grave es que todas estas violaciones sistemáticas de Derechos Humanos esenciales fueron motivadas por actos de discriminación fundados en razón de su nacionalidad.
Finalmente, el Gobierno de Chile ha actuado desconociendo el derecho internacional, violando los principios que rigen las relaciones de cooperación entre Estados e ignorando el principio de reciprocidad. Sobre lo primero, la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados (de 24 de octubre de 1970) establece que "los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de las diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales, en las diversas esferas de las relaciones internacionales, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales y de promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar general de las naciones y la cooperación internacional libre de toda discriminación basada en esas diferencias”, imperativo que hoy es simplemente desconocido por las autoridades de Chile, quienes se encuentran penalizando las relaciones bilaterales.
Sobre lo segundo, el Gobierno de Chile debe recordar que en el año 2016, Bolivia devolvió a dos funcionarios chilenos anti-narcóticos que se encontraban en suelo boliviano y a un civil que tomaba fotos del puesto militar en el Silala. Decisiones motivadas por un genuino espíritu de cooperación y respeto hacia Chile, que el vecino país hoy no muestra.
Por todo ello, el manejo errático de un incidente que jamás debió tomar el curso que el Gobierno de Chile decidió darle, tarde o temprano tendrá que ser reconducido por Chile con un altísimo costo para su imagen internacional, ya que la comunidad internacional comprobará que Chile actúa por la fuerza y no por la razón ni el Derecho.
