Columna El Nacional, 20.07.2018 Oscar Hernández Bernalette, embajador (r), profesor (UCV) y columnista venezolano
Si los países cumplieran en algún porcentaje importante los compromisos que adquieren por la vía del multilateralismo, sin duda, estaríamos frente a un mundo mejor. Sería un interesante ejercicio pasar revista a los múltiples convenios, vinculantes o no, que nuestros gobiernos asumen, y revisar el debido cumplimiento. Seguramente la decepción sería grande.
En días pasados me tropecé con un acuerdo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, cuya sede está precisamente en Caracas, con el título Código iberoamericano de buen gobierno y que fue firmado por Venezuela (2006).
Consideraron inaceptables los gobiernos que amparen y faciliten la corrupción, que dificulten el escrutinio público sobre su toma de decisiones, que no tomen en cuenta las necesidades de sus ciudadanos y que no rindan cuentas. Aplicable a los presidentes de república, vicepresidentes, presidentes de gobierno o de consejo de ministros, primeros ministros, jefes de gabinete de ministros y en general a todos los altos cargos del Poder Ejecutivo.
Acordaron que los principios básicos que guiarán la acción del buen gobierno son el respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana; la búsqueda permanente del interés general; la aceptación explícita por el gobierno del pueblo, y la igualdad política de todos los ciudadanos y los pueblos; el respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social; objetividad, tolerancia, integridad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, igualdad de género y protección de la diversidad étnica y cultural, así como del medio ambiente.
Por otra parte, presenta una serie de reglas vinculadas a la naturaleza democrática, que no desarrollaremos por razones de espacio, pero puedo concluir que en su mayoría no son cumplidas por Venezuela como país firmante. Es lamentable que documentos de esta naturaleza no sean la cartilla de actuación de los funcionarios públicos de tantos gobiernos de la región que se alejan de la ética y las mejores prácticas de gobierno.
