Columna El Líbero, 20.05.2018 Juan Salazar Sparks, cientista político, embajador (r) y director ejecutivo de CEPERI
A pesar de las advertencias de muchos países en cuanto a que no reconocerían los resultados, Nicolás Maduro llevó a cabo elecciones presidenciales adelantadas para asegurar su dictadura. Si el fraude electoral era obvio (la compañía Smartmatic, encargada del voto electrónico, se retiró de Venezuela), ¿por qué Maduro insistió en los comicios que se celebran hoy? Las razones saltan a la vista: legitimización del dictador ante sus propios partidarios para mantenerse en el gobierno; y la estrategia cubana sobre control total del poder.
Venezuela se encamina hacia una descomunal catástrofe humanitaria: diáspora de unos cuatro millones de venezolanos en el extranjero; escasez de alimentos básicos (desnutrición infantil, hambre extendida, y saqueos); crisis de la salud (aumento de enfermedades y falta de insumos médicos y quirúrgicos); caída del PIB (-15% en 2018); hiperinflación (14.000%); 87% de hogares en nivel de pobreza; desempleo (33%); más de 400 presos políticos; delincuencia rampante (89 asesinatos por 100 mil habitantes). Por si todo eso fuera poco, un régimen dominado por el narcotráfico (Cartel de los Soles).
¿Cómo salvar a Venezuela? Sin duda que hay que atender el problema migratorio, tratar de brindar ayuda humanitaria y, llegado el momento, aportar recursos para la reconstrucción del país. Sin embargo, lo más urgente e inmediato es procurar una transición política pacífica.
La presión internacional fue, primero, tardía en reconocer la existencia de una dictadura chavista y, luego, ineficaz para implementar acciones que “ahogaran” al régimen y lo obligaran a una salida política. La OEA, por ejemplo, no ha logrado que su Asamblea General reúna los votos suficientes (2/3) para aplicar la Carta Democrática Interamericana, que sanciona con la suspensión a países que han violentado la democracia y los derechos humanos. En ello está la oposición del ALBA (Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y seis países caribeños). Por su parte, si bien los integrantes del Grupo de Lima —entre ellos, Chile— se han concertado para criticar al régimen chavista, sus posturas han sido todavía muy principistas y declarativas.
Como la gran mayoría de los actores involucrados (América Latina, EEUU, UE) ya dijeron que desconocerían el proceso electoral venezolano por no cumplir los niveles de libertad y transparencia requeridos, ahora tendrán que transformar ese ultimátum en acciones. Y si el gobierno de Maduro carece de toda legitimidad democrática después del 20-M, lo único que cabe es un endurecimiento de las sanciones y la adopción de medidas diplomáticas que aíslen al dictador por completo.
En ese proceso, sería bueno recordar el viejo refrán popular que dice que “la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer”. Nos referimos, por cierto, a la responsabilidad directa que le cabe a Cuba en el drama venezolano. “Cubazuela” ha sido acuñada -precisamente- para indicar el fuerte grado de intromisión cubana en Venezuela (FFAA, inteligencia, aparatos de seguridad, represión de la sociedad civil), así como la total dependencia (ideológica, política y diplomática) del régimen chavista respecto de La Habana. Según El Mercurio, “(la petrolera estatal) PDVSA, con su producción en el mínimo, ha estado comprando crudo a precio de mercado para reenviar a Cuba, sin consideraciones por las penurias económicas que pasa su propia población”. Por ello, de incrementarse la presión internacional contra el régimen chavista, habrá que considerar acciones diplomáticas específicas con respecto al régimen castrista.
En definitiva, los objetivos de una estrategia de la comunidad internacional deben apuntar a intensificar la presión externa para que la oposición y otros factores de poder venezolanos puedan apurar una transición política. Por presión internacional entendemos acciones, tanto multilaterales como bilaterales, encaminadas a aplicar mayores restricciones de visas y sanciones financieras contra funcionarios chavistas, sanciones económicas contra Venezuela, y aislar diplomáticamente a la dictadura.
Hay que pensar en una política de presión sostenida y escalonada sobre Maduro. Chile, por ejemplo, no debería nombrar un embajador en Caracas y, en cambio, debería impulsar una reacción más decidida del Grupo de Lima en materia de sanciones y de rompimiento de relaciones diplomáticas. En seguida, cabe una acción coordinada del Grupo de Lima con los EEUU y Canadá al interior de la OEA para aplicar la Carta Democrática Interamericana, lo cual implica ver la forma de conseguir los cinco votos que faltan del Caribe. Y, finalmente, el Grupo de Lima y la OEA deben buscar una estrategia común con la UE.
Frente al temor de que sanciones extremas (¿embargo petrolero?) puedan provocar un mayor sufrimiento en la población venezolana, hay que tener presente que ella ya se encuentra en una situación desesperada. Lo único que puede aliviar la crisis es una salida rápida, negociada, pacífica y democrática. También existen resquemores de que Venezuela, ante su creciente aislamiento diplomático, pudiera aumentar su dependencia cubana y entregarse a los intereses revisionistas de Rusia, China e Irán. Pero aquello ya está ocurriendo y se intensificará en la medida que la economía chavista siga hundiéndose.
