Carta El Mercurio, 22.10.2015 Rafael Gómez Balmaceda
En su obra "Anotaciones para la historia de las negociaciones diplomáticas con el Perú y Bolivia", escrita en 1919, don Emilio Bello Codesido, flamante ministro de Relaciones Exteriores de las administraciones de Errázuriz y Riesco, quien suscribió el Tratado de Paz de 20 de octubre de 1904 en representación de nuestro país, comenta la pretensión de Bolivia tras la celebración del Pacto de Tregua de 4 de abril de 1884 de obtener una salida propia al Pacífico y que, desde luego, Chile rechazó terminantemente por afectar la continuidad de su territorio, extendido a la sazón con las incorporaciones de los departamentos peruanos de Tarapacá, Tacna y Arica.
Luego de un interregno, Chile propuso sustituir esa aspiración por bases de arreglo consistentes en que el Gobierno de Chile se haría cargo de las obligaciones contraídas por el Gobierno de Bolivia en favor de ciertas empresas mineras, así como de otras deudas que tenía, y además, que Chile se comprometería a invertir dinero en la construcción de un ferrocarril que uniera un puerto indeterminado de Chile con el interior de Bolivia. Ese puerto resultó ser, gracias a la genialidad de nuestro diplomático, el puerto de Arica, con lo que, para sorpresa del Perú, se garantizaba a su vez para nuestro país la perpetuidad de la incorporación de esta ciudad a la soberanía chilena, que aún no estaba definida en las negociaciones que se habrían emprendido con Perú, con motivo del Tratado de Ancón de octubre de 1883.
El ferrocarril se inauguró oficialmente el 13 de mayo de 1913, con lo que se cumplía la principal obligación contraída por Chile respecto de Bolivia y que le reportaba a esta nación las ventajas que requería para su comercio y sus comunicaciones, con lo que se satisfacían sus necesidades, según el espíritu de las estipulaciones del tratado.
Desde entonces, Chile ha tenido siempre una extraordinaria condescendencia con Bolivia para zanjar, por la vía diplomática, invariablemente, ciertas contrariedades, que se han suscitado, como ha sido la nota característica de nuestra política internacional, pero eso no significa que deba soportar excesos que afecten el honor, la dignidad y la soberanía de nuestro país.
