Columna El Montonero, 02.01.2020 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
Solidaridad con nuestro vecino
La cadena de episodios provocados por el desvergonzado fraude electoral de Evo Morales (documentado por el incontrovertible informe de la OEA) demostró la activa y concertada complicidad del México de AMLO y el peronismo gobernante en Argentina para condonar y encubrir lo que el ex Presidente boliviano Jorge Quiroga caracteriza como un delito “en cámara lenta” (El Comercio 31/12/2019). Una planificada secuencia de acciones para lograr la reelección falseando la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
Con el cinismo propio de las izquierdas, AMLO y los peronistas Fernández son los actores más visibles de la tramoya internacional que presenta al “Hermano Evo” como víctima heroica y lo utiliza para que su partido (el MAS) triunfe en las próximas elecciones. El fin es reinstalar en el poder al socialismo de la droga del Chapare, al socio del narcotráfico latinoamericano ligado al chavismo, las FARC, Cuba, México y los carteles de la droga. Todos ellos vinculados a Evo, quien legalizó el cultivo de coca en 7,700 hectáreas en el Chapare cochabambino, su base político-delincuencial. El objetivo de esta internacional del narcotráfico –disfrazada de izquierda política– es recuperar a Bolivia como su bastión subversivo en el corazón de Sudamérica.
No les basta con haber neutralizado al Grupo de Lima –para tranquilidad de Maduro– y adormecido a la Alianza del Pacífico. La farsa indigenista montada alrededor del “Hermano Evo” trasciende los linderos regionales. Así lo evidencia el apoyo de Putin diariamente expuesto a través de su beligerante activismo mediático (la TV Russia Today –RT–, Hispantv.com y las agencias de noticias Sputnik y TASS) que sigue la misma línea informativa del comunismo soviético. Pero la sorpresa europea es el patético acompañamiento de la España de Pedro Sánchez y Podemos, su aliado político ligado con la Venezuela chavista, y seguro promotor de su lamentable aventura en Bolivia.
La confabulación diplomática entre México y España en La Paz es el último y más descarado episodio de la saga para redimir al “Hermano Evo” y sus cómplices más cercanos, capitaneados por su lugarteniente Juan Ramón Quintana, refugiado en la embajada azteca con documentos que comprometerían al MAS con quienes fueron mencionados en un comentario de www.academia.edu:
“Desde hace seis años Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales Ayma, bajo el manto de una entidad ficticia denominada Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) en cuyo consejo ejecutivo figuran los principales dirigentes de Podemos Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero, realizan giros a España para financiar una nueva organización política que se concretó en febrero de 2014 como partido político con la finalidad de una vez conquiste el gobierno español, se constituya una puerta directa de ingreso de cocaína en Europa”.
No bien pactada la coalición PSOE-Podemos (y aún antes de la investidura de Pedro Sánchez como Presidente de Gobierno), la encargada de negocios de España en Bolivia dijo haber hecho una “visita de cortesía” a la Embajada de México, a las 8 am, seguida por un automóvil con varios encapuchados del Grupo Especial de la Policía Española (GEOS), a quienes no se permitió ingresar. La torpe operación orquestada por las dos diplomáticas para extraer a Quintana determinó el retiro de ambas, declaradas persona non grata por el gobierno boliviano. Para no pasar vergüenza, la Cancillería española ordenó el inmediato retorno de los GEOS. ¿Cómo puede explicarse esta increíble chapucería inaugural de la coalición PSOE-Podemos, si no por la necesidad imperiosa de secuestrar la documentación guardada por Quintana, que probaría una complicidad inconfesable con el aliado de Pedro Sánchez?
Para dar mayor color a esta crisis, el Canciller de México amenazó a Bolivia con demandarla en la Corte Internacional de Justicia, calificando como “asedio” la presencia policial que su propia embajada en La Paz solicitó reiteradamente como protección. Más allá de distorsionar los hechos, el jefe de la neodiplomancia de AMLO renegó de una orgullosa bandera mexicana, la Doctrina Estrada, que proscribe la intervención en asuntos internos de otros Estados, y la costumbre de reconocer a gobiernos que no surjan de elecciones (como el de la Presidenta Áñez), que es el mismo principio de conducta internacional acuñado sesenta años antes por el ilustre Presidente indígena Benito Juárez: “El principio de no intervención es una de las primeras obligaciones de los gobiernos, es el respeto debido a la libertad de los pueblos y a los derechos de las naciones”.
México intervino flagrantemente en Bolivia cuando se ofreció como plataforma para que, después de renunciar a la Presidencia, Evo Morales mintiera y atacara al gobierno constitucional transitorio presidido por la senadora Jeanine Áñez. No puede ignorar, por tanto, que su amenaza de enjuiciar a Bolivia no es más que un “farol” –un bluff– porque La Paz aduciría los precedentes sentados por la doctrina de Benito Juárez (siglo XIX), ratificada por Estrada en 1930. Ambas han sido banderas de la diplomacia de ese país hasta el advenimiento populista de López Obrador.
La Cancillería mexicana sabe que tanto la jurisprudencia de la CIJ de La Haya como la de la CIDH de San José de Costa Rica han adoptado el criterio jurídico del estoppel, definido por Naciones Unidas (UNITERM) como una manifestación propia que por haber “inducido a otro a actuar de determinada manera, no puede negar lo dicho o hecho, o volverse atrás cuando las consecuencias de su aseveración le son desfavorables”.
La diplomacia peruana debe observar esta sorprendente crisis y apoyar al gobierno de nuestro vecino, que es víctima de una vergonzosa confabulación de regímenes izquierdistas en función de ambiciones e intereses deplorables.
