Editorial OG Review, 05.06.2016
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Es poco lo que están ayudando los países de la región para resolver la crisis venezolana. Sus intereses priman sobre los principios de la comunidad interamericana
Tras un informe jurídico de 132 páginas, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, convocó al Consejo Permanente para someter a discusión “la alteración del orden constitucional” en Venezuela, y “cómo la misma afecta gravemente el orden democrático” de ese país (Art. 20 de la Carta Democrática Interamericana). El informe habla de la violación de la Constitución (equilibrio de poderes y funcionamiento e integración del Poder Judicial), así como de los derechos humanos, procedimiento para el referendo revocatorio y falta de capacidad de respuesta respecto a la grave crisis humanitaria que vive el país, todo lo cual afecta al pleno goce de los derechos sociales de la población.
Pero la acción valerosa y sin precedente de Almagro se vio alterada por las maniobras internas de la organización destinadas a frenar la aplicación de la CDI. La Cancillería argentina, cuya titular Susana Malcorra ha negociado el apoyo de Venezuela para su candidatura a la Secretaría General de la ONU, consiguió aprobar con la mayoría de los 34 votos un fraternal ofrecimiento a la hermana República Bolivariana de Venezuela a fin de identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un dialogo abierto e incluyente entre el Gobierno, otras autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales de esa nación para preservar la paz y la seguridad en Venezuela, con pleno respeto a su soberanía", lo que sirve a Maduro para ganar tiempo, dilatar el referendum revocatorio y mantener a los presos políticos.
Queda claro con la declaración del Consejo Permanente de la OEA que los países miembros no consideran oportuno, por ahora, activar la Carta Democrática. A la Argentina se le presenta un conflicto de interés entre la candidatura de Malcorra y la posición inicial del presidente Macri de salir a la defensa de la democracia en Venezuela. Pero, los intentos de favorecer al gobierno chavista también implican a varios otros gobiernos de la región, que insisten en negociar a través de mediadores como Ernesto Samper (Unasur), Martín Torrijos (Panamá), Leonel Fernández (Rep. Dominicana), y José Luis Rodríguez Zapatero (España), todos amigos del régimen venezolano.
Todos debiéramos reconocer que la solución a la crisis le corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Aún así, hay que tener muy en claro que la realización de un referéndum revocatorio, la solución a la crisis humanitaria y el respeto por los derechos humanos son condiciones elementales para que ese diálogo ente venezolanos sea fructífero.