Debate sobre saturación de Isla de Pascua

Editorial
El Mercurio, 20.09.2016

Como una buena forma de demostrar interés en el avance de la ley sobre residencia en la Isla de Pascua, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados sesionó hace unos días en ese territorio insular, pero debido a la incesante polémica sobre el asunto, ese viaje no asegura que la legislación tenga una pronta aprobación en el Congreso.

Por la vulnerabilidad ambiental, las dificultades económicas y el particular tejido social, los habitantes de la isla se preocupan de preservar su patrimonio único y abogan por un mayor control de la inmigración. Temen, con razón, que la llegada masiva tanto de turistas como de trabajadores temporales que luego se quedan a vivir, cambie el rostro de esa isla milenaria, de su cultura propia, y amenace la preservación de su riqueza arqueológica. Su interés es que se agilice el trámite del proyecto de ley que la Presidenta Bachelet presentó en mayo al Congreso, que debe regular la residencia, permanencia y circulación de personas en la isla, buscando evitar la "saturación" demográfica.

En el texto se limita a 30 días la permanencia de visitantes a Rapa Nui, con algunas excepciones por razones familiares o laborales. El proyecto de ley establece medidas específicas para aplicar en caso de que se sobrepasen los "límites de capacidad de carga (demográfica) definidos por la autoridad de la isla", medidos estos por un instrumento técnico diseñado para el efecto, y que considerará variables ambientales, de flujo permanente y transitorio de personas. También la ley contempla un régimen de sanciones, en caso de no cumplimiento de estas normas.

A pesar de la urgencia que asignan los isleños a la aprobación de la ley, hay reparos a ciertas disposiciones y omisiones de la misma. Por ejemplo, el alcalde Pedro Edmunds, que ha anunciado un documento con 80 observaciones al proyecto, adelantó que considera innecesario esperar estudios para declarar la saturación demográfica, ya que a su juicio la "situación es insostenible", con una "inmigración lumpen", que amenaza "hasta el idioma rapanuí".

En 2007 se hizo una reforma legal que reconoció a la Isla de Pascua como "Territorio Especial", y como tal requiere de la promulgación de un "Estatuto Especial", en el cual se definen los términos de administración y gobierno del territorio. El proyecto de ley que presentó Bachelet en junio de 2008, luego de largas consultas con representantes rapanuís, duerme en el Legislativo, sin avances concretos. Entre sus disposiciones está la creación de la figura de un "gobernador insular" que ya no dependería de la Región de Valparaíso sino directamente del gobierno central, con lo cual gana en autonomía pues evita al "intermediario" con la burocracia respectiva. En lo que sí se avanzó recientemente es en darles mayor participación a los isleños en la administración de los espacios públicos del Parque Nacional Rapa Nui, en especial los sitios arqueológicos donde tienen la gestión del turismo, el control de los visitantes y la recaudación de las entradas, a la manera de los aimaras en el norte del país.

Con todo, y reconociendo la singularidad pascuense, es importante que, junto con garantizar la sustentabilidad de la isla, y resguardar su acervo cultural, toda ley y estatuto que se apruebe para Rapa Nui ayude a preservar la unidad del país y la soberanía chilena sobre ese magnífico territorio, declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco, en 1995.

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