Denuncia sobre la consolidación de un régimen dictatorial en Venezuela

Informe
Blog El Grupo Avila, 26.09.2017
Luis Almagro, secretario general de la OEA

Conclusiones

La Secretaria General de la OEA entiende que la democracia en Venezuela fue eliminada el 30 de julio de 2017, tras la instauración de una Asamblea Constituyente ilegitima.

Durante los últimos 18 meses, el Régimen ha destruido deliberadamente la institucionalidad, ha vaciado de contenido la legalidad y el Estado de Derecho y ahora se apresta a desnaturalizar definitivamente la Constitución venezolana, gobernando a través de una entidad impuesta a través de elecciones fraudulentas.

Los tres informes que he presentado los días 30 de mayo de 2016, 14 de marzo de 2017 y 19 de julio de 2017 tuvieron el objetivo de denunciar este proceso ante la comunidad hemisférica.

Entre la publicación del primer y segundo informe – tan solo 10 meses – la crisis se agravó precipitadamente. Mientras que el primer informe argumenta que habría tenido lugar una "alteración del orden constitucional", el segundo afirma que ya el país habría alcanzado una "total ruptura del orden democrático". Después del fallo de la Sala Constitucional que dictó usurpar las funciones de la Asamblea Nacional a finales de marzo de este año, y el inicio de manifestaciones ciudadanas, los abusos y las agresiones empeoraron aún más. El Gobierno de Venezuela respondió a las protestas con una estrategia sistemática y deliberada de represión contra civiles. El tercer informe hace hincapié, por tal razón, en que el uso sistemático de la violencia y el terror constituyen crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional.

La documentación previa a la farsa electoral del 30 de julio evidencia que el Gobierno de Venezuela ha violado elementos esenciales de la democracia contenidos en la Carta Democrática

Interamericana (CDI) como: el respeto por derechos humanos y derechos fundamentales; el Estado de Derecho; la separación e independencia de poderes; y la transparencia y probidad en las actividades gubernamentales.

En este informe además se aportan elementos no sólo a los elementos esenciales de la democracia, sino también respecto a los componentes fundamentales, de acuerdo a la CDI.

Todos estos elementos y componentes han sido vulnerados explícitamente durante el último año y medio.

Con los tres informes previamente publicados, queda ampliamente documentado cómo el Régimen vulneró repetidamente los elementos y componentes esenciales de la democracia, según la CDI, al negar los derechos humanos del pueblo venezolano, al eliminar el Estado de Derecho, al abolir el principio de separación e independencia de poderes, y al incentivar y proteger la existencia de un Gobierno corrupto. Sin embargo, la estocada mortal llegó el 30 de julio de 2017, con la realización de una farsa electoral.

El presente documento agrega elementos para la comprobación de que se ha consolidado un régimen dictatorial e ilegítimo en el país, al impedir de manera deliberada e impunemente la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto.

Con lo ocurrido el 30 de julio, el Régimen ha robado al pueblo venezolano la posibilidad de recurrir a las elecciones para expresarse.

La Secretaría General de la OEA ha venido documentando, denunciando y presentando pruebas de la alteración del orden constitucional y de las agresiones continuas a la institucionalidad en Venezuela. Ha alzado su voz ante cada hecho de violencia y ante cada atentado contra la Constitución.

Desde que asumí mis responsabilidades como Secretario General, manifesté que mi compromiso es con los valores democráticos y con los pueblos que los defienden. Este documento presenta pruebas claras que explican cómo el Régimen encabezado por Nicolás Maduro asesinó la democracia en el país que lo vio nacer.

El Régimen en Venezuela avanzó a paso firme avasallando los derechos de su gente.

En Venezuela se han violentado en forma sistemática y reiterada los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la Democracia como los define la Carta Democrática Interamericana. No hay respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; no hay estado de derecho; se atenta permanentemente contra los partidos y organizaciones políticas; no hay separación e independencia de los poderes públicos; y, a partir del 30 de julio, ya no hay elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo.

Estos crímenes no pueden quedar impunes. Hoy, como ciudadanos, todos podemos hacer algo. Podemos exigir a quienes nos representan una posición firme en contra de la dictadura, debemos pedir que se cumplan los compromisos internacionales adquiridos por nuestros países. Si hoy lo permitimos en Venezuela, la sombra de la dictadura se expandirá por nuestra región. Ya dijimos NUNCA MÁS, hagamos cumplir esa promesa.

Nuestro Consejo Permanente es un ejemplo de democracia. Todos los Estados Miembros tienen el mismo peso a la hora de decidir; el país más pequeño y el más grande; el más pobre y el más rico; el más vulnerable y el más poderoso. Nuestros pueblos deben poder gozar de una democracia en la que todos sean iguales ante la ley.

Las medidas tomadas por el Consejo Permanente no han sido suficientes. La situación en Venezuela se sigue deteriorando ante nuestros ojos.

No se trata de aislar al pueblo venezolano, se trata de apoyarlo, condenando al régimen dictatorial.

Es por eso que hago las siguientes peticiones.

Peticiones al Consejo Permanente

-PRIMERO: REITERAMOS la solicitud que formuláramos en el pasado para que la comunidad internacional continúe aplicando sanciones cada vez más duras contra el régimen y autoridades del régimen.

-SEGUNDO: RECONOCER que una gran parte de los países del hemisferio han declarado que no aceptarán los resultados de la Asamblea Constituyente del 30 de julio de 2017 y que, en consecuencia, los actos derivados de la misma carecerán de legitimidad internacional.

-TERCERO: REAFIRMAR la solidaridad con el pueblo de Venezuela.

-CUARTO: ADMITIR que la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela representa un riesgo para la paz y seguridad hemisférica debido al incremento de su aislamiento, el monto de sus deudas externas e internas, la grave crisis humanitaria y migratoria, los vínculos comprobados de estructuras del Estado con el crimen organizado internacional, la escala de los índices de delitos con violencia, la represión sistematizada por entes del Estado hacia la población, la adquisición de armamento militar que posiciona al país como el principal comprador de armas en Latinoamérica y la multiplicación de la Milicia Bolivariana Nacional.

-QUINTO: ORDENAR la reparación al pueblo venezolano por la violación de los instrumentos internacionales mencionados anteriormente mediante las siguientes acciones:

- La anulación del proceso de Asamblea Constituyente.

- La cesación inmediata de la represión.

- La liberación de todos los presos políticos.

- La investigación a gran escala de los actos de figuras clave del Régimen y sus subordinados para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población civil.

- La realización de elecciones libres, justas y universales, a la brevedad, con observación internacional calificada.

- El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de los poderes públicos.

- El establecimiento de un mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción.

- La integración al Tribunal Supremo de Justicia de los Magistrados juramentados.

El principio de la solidaridad continental que inspiro la gestación de esta Organización, adquiere en este momento una especial relevancia histórica. El advenimiento de un régimen totalitario en las Américas es un problema internacional. Reclama con urgencia una respuesta desde la solidaridad continental para ayudar a Venezuela a re-democratizarse y reconstruirse. La reacción de la OEA es imperativa y urgente, porque la causa del pueblo venezolano es urgente y es a ese pueblo a quien nos debemos.

Venezuela es hoy un país que no tiene un gobierno legítimo. Es una dictadura que, a través de un organismo carente de legitimidad de origen, impuesto por la élite en el poder, busca destruir la institucionalidad estatal y la Carta Magna en un período de dos años. En ese tiempo se dedicará a perseguir, torturar e incluso matar a todos aquellos que se opongan a sus atropellos.

Es un régimen que desconoce la dignidad del pueblo soberano y que ha perdido por completo el respeto por su voluntad. Es un régimen que se impone de la manera más cobarde, a través del terror e infundiendo el miedo. Que se enfrenta diariamente en las calles a un pueblo valiente que no se cansa de reclamar por los medios que le quedan, la voz y la presencia, los derechos que nunca debió haber perdido.

Nuestro deber es con ese pueblo. Con cada familia que llora víctimas de la violencia y de la represión, con cada uno de los que murieron y están siendo torturados impunemente, cuyo único delito fue pensar, disentir y expresarse. Con los que no tienen que comer. Con los que están

enfermos. Con todos los que están sufriendo y siguen luchando. Nuestra solidaridad es con ellos, es con los venezolanos.

Venezuela está pasando por un proceso de destrucción total de su institucionalidad política y social sin precedentes y frente a esto, debemos actuar de manera urgente y solidaria.

Debemos insistir en que la voz del pueblo sea escuchada en elecciones libres y garantistas y luego, en la reconstrucción del tejido social venezolano a través de la rendición de cuentas. Venezuela va a necesitar memoria, verdad, justicia, reconciliación y garantías de no repetición. Y nuestro continente y el mundo van a tener que ser testigos y cooperantes en ese proceso.

En estas horas oscuras para nuestra comunidad, debemos responder para preservar la dignidad y la libertad de los venezolanos y de nuestros países para ser coherentes con el espíritu y fin de esta organización.

Somos conscientes de los esfuerzos de diferentes personalidades y gobiernos del continente para lograr un Diálogo y una salida pacífica a la situación dictatorial que vive el pueblo de Venezuela.

Sumamos nuestra voz y hacemos un urgente llamado a la paz al tiempo que pedimos a los países miembros de la OEA una condena rotunda al Régimen de forma de que la voz de esta organización se exprese sobre la necesidad de que la Carta Democrática Interamericana y el cumplimiento de sus principios sean los ejes rectores de cualquier Diálogo o salida negociada.

Que no se negocie la paz, la democracia ni la libertad.

La democracia, la paz y la libertad son nuestros bienes más altos y son irrenunciables, que ellas sean el resultado del Diálogo, y no materia de negociación.

Las partes en Diálogo deben escuchar la voz de la OEA en la defensa de sus principios, que son los que le darán garantías al pueblo venezolano.

No podemos abdicar de la libertad ni de la dignidad de ninguna persona del continente americano, por lo tanto, no podemos permitir que el Régimen haga abdicar de sus bienes más

altos a los venezolanos. La dignidad y la libertad implican rechazar la tiranía y por respeto al pueblo venezolano, no podemos claudicar ante ningún tirano. NUNCA MÁS.

Ninguna negociación debe estar basada en el reparto del poder, sino en la redemocratización del país.

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