Columna Clarín, 12.11.2017 Roberto García Moritán, embajador (r) y ex viceministro de RREE argentino
La ilegítima Constituyente aprobó una norma que sanciona con penas de cárcel a los llamados delitos del odio
Venezuela se reafirma en el peor de los mundos. Sumida en un profundo caos económico y social atraviesa uno de los peores períodos autoritarios de su historia. Nicolás Maduro ha dado una nueva vuelta de tuerca a la represión y a la persecución política. La ilegítima Asamblea Constituyente aprobó una ley que limita a los medios informativos y sanciona con duras penas de cárcel a los que promuevan lo que se denomina como delitos de odio e intolerancia. La llamada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, sancionada exclusivamente por chavistas, contiene 25 artículos y dos disposiciones transitorias que persigue el solo propósito de legitimar la censura a los medios y criminalizar la protesta política y social. El alcance de la ley produce estupor al ser una curiosa manera de luchar por los mismos principios que pretende promover, al obligar a los venezolanos a que no digan lo que piensan.
La norma, que carece de validez legal y es contraria a la Constitución venezolana, tiene un claro propósito de restringir las libertades individuales y de libre expresión, además de amedrentar para que la oposición no salga a la calle. El artículo 14, por ejemplo, prohibe la difusión de mensajes en las redes sociales o medios electrónicos y digitales que puedan contener críticas o ser considerados desestabilizadores. La amenaza a los medios es la suspensión de la concesión y al ciudadano hasta 20 años de cárcel.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, ha señalado que la ley tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país y que la medida va a clausurar el último espacio libre de Venezuela, que eran las redes sociales. El deterioro de las libertades de expresión en Venezuela, señaló, ha sido constante y progresivo y se encuentra en un punto terminal. Las características totalitarias del régimen venezolano llega a su máxima expresión con el ropaje de la Asamblea Constituyente, cuya elección ha sido calificada por la OEA como el mayor fraude electoral de la historia de América, al ser un mecanismo similar a otros lamentables ejemplos históricos como el Comité de Salud Pública de la Revolución cubana o la misma Santa Inquisición. La llamada ley sobre el odio, que en la práctica constituye un manual de procedimientos para la represión, es ya un punto de no retorno al sembrar miedo en los medios de comunicación, en los partidos políticos y la sociedad en general.
Esta última manifestación del régimen suma más tensión a la dramática crisis en Venezuela y pronostica mayores enfrentamientos. Obliga también a una mayor presión internacional y debe incluir en particular a todos los países con mayor incidencia comercial con Caracas. Venezuela es el principal destino de las inversiones de China en América Latina y el segundo socio comercial de Rusia en la región. También tiene una responsabilidad EE.UU. al ser el principal comprador del crudo venezolano (800 mil barriles diarios a través de Citgo). La grave situación exige la adopción de medidas multilaterales enérgicas y expeditivas.
Es hora que la diplomacia de la retórica pase a la acción. Quizás resulte oportuno estudiar la posibilidad de convocar a una Conferencia más amplia que la OEA. Llegó el momento de dar señales contundentes que el mundo quiere evitar una guerra civil y una crisis humanitaria y migratoria que tendría efectos devastadores para Venezuela y para toda América Latina.
