Editorial OpinionGlobal, 28.02.2017
Una cuestión recurrente en nuestras páginas ha sido la pesada, ineficiente y politizada burocracia chilena, que tiene consecuencias negativas para el desarrollo del país tanto en lo económico como en lo político. Por un lado, el aumento desmesurado del Estado no consigue satisfacer las expectativas ciudadanas, ni resolver sus problemas más serios, y por el otro, los cargos de la Administración Pública son cooptados por los partidos. Al final, el exceso burocrático y la mala gestión del Estado son dos problemas que ponen en jaque la democracia chilena.
El tema de la burocratización está bastante extendido en América Latina, donde el régimen chavista venezolano destaca con 6 vicepresidencias (igual que Cuba) y 30 ministerios, seguidos en este segundo acápite por Ecuador (28), Brasil (24) y Chile (23). A pesar de que nuestro país es uno de los más libres de la región, el alto número de carteras ministeriales durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet responde a la aguda fragmentación política del país y a que la coalición de la Nueva Mayoría (NM) reune a lo menos siete partidos.
Otra forma de ver el problema es contabilizar el número total de funcionarios públicos en un país. Argentina, con sus casi 1.5 millón de empleados públicos durante la era Kirchner, fue el mejor ejemplo del Estado populista latinoamericano que se comporta como un poderoso generador de empleos. En el caso del Frente Amplio en Uruguay, se ha estimado que a su llegada al poder en 2005 el Estado contaba con 229.454 funcionarios, mientras que a fines de 2016 esa cifra se elevaba a unos 300.000; es decir, un crecimiemto de casi 70 mil cargos en 12 años de gobierno. Diversos analistas uruguayos consideran que, salvo el clientelismo y la demagogia, no se explica tal exceso en un país que no llega a una población 3.5 millones de habitantes. En Chile, a su vez, con menos de 18 millones de habitantes, a fines de 2016 contaba con un total de 884.679 trabajadores dependientes del Estado (gobierno central y municipal), habiéndose producido solo en el primer año de gobierno de la NM (2014) un aumento del 430% (72.590 nuevos empleos) con respecto al año anterior. En cambio, durante el primer año de gobierno de Sebastián Piñera (2010), los empleos públicos se redujeron en casi 14 mil. La facilidad con que se incorpora nuevo personal a la Administración Pública chilena, demuestra que la mayoría de los ingresos corresponden a militantes de los partidos del gobierno de turno, simpatizantes o familiares de ambos. En un proceso inverso, el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo Luis Larraín Arroyo sostiene que el 80% de los integrantes del Comité Central del PS son funcionarios públicos. Por ende, ya no solo hay contagios entre empresa y política, sino entre partidos políticos y Estado
Es evidente que, para muchos gobiernos latinoamericanos, la creación de ministerios y servicios públicos ayuda a solucionar los problemas socioeconómicos del país. A su vez, tras los aumentos en la contratación de empleados públicos, está el interés en contar con mayores votos para las elecciones. Sin embargo, la verdad es que el aumento de cargos públicos solo implica mayores costos para todos los ciudadanos y menor eficiencia en la gestión del Estado.
Las anomalías, en el caso chileno, se observan a través de todo el espectro gubernamental. Unos ejemplos: hace muchos años se creó una institución llamada Chile Deportes para impulsar la actividad. Luego esta fue reemplazada por una entidad mayor, el Instituto Nacional del Deporte. Finalmente, el gobierno de la NM creó el Ministerio del Deporte, que tiene un serio problema de duplicidad de labores. Dicha situación se repite con el instituto Nacional de DD.HH creado bajo el alero del gobierno y la existencia, en paralelo, de una subsecretaría de DD.HH en el ministerio del interior.
Nuestro país ha experimentado crecientemente, asimismo, la paralización de varios servicios estatales por cuestiones de aumentos salariales, siendo las huelgas más perjudiciales las del Servicio de Registro Civil y del Servicio de Aduanas. Pero como en Chile el servicio público no tiene derecho a huelga, el gobierno debió haber interrumpido los paros, o bien, castigado a los empleados públicos involucrados. En el caso de Aduanas, durante mucho tiempo un bastión del sindicalismo DC, en la mesa de negociación de diciembre 2016 participaron solo senadores de ese partido, además de representantes del Ejecutivo, lo cual da cuenta de una forma de administrar el Estado cada vez más incompatible con el nivel de servicios que la ciudadanía reclama. Por lo demas, el inmenso poder de los dirigentes sindicales de Aduanas les ha permitido desestabilizar cualquier intento de la Dirección para modernizar el servicio.
Un resumen de la Administración Pública muestra que la indisciplina laboral en muchas reparticiones, la facilidad con que deciden efectuar paros ilegales con total impunidad, las múltiples maneras con que logran que no se les descuenten los días no trabajados ("bonos" por "término de conflicto"), extensivo uso de horas extras, y prolongación indefinida de los sumarios administrativos, son pruebas contundentes de la distorsión con que está operando el aparato estatal chileno.
El clientelismo político y, en menor grado el nepotismo, se extienden por todo el Estado. Los casos más emblemáticos son:
(i) El nombramiento de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) es prueba de que, en la aplicación de la facultad presidencial, primó el interés político y la amistad personal antes que la capacidad técnica (abogados litigantes con experiencia). El CDE es una institución de honrosa tradición al servicio de los intereses nacionales y, por lo tanto, la correcta selección de su personal y directivos debe hacerse con una visión de Estado, para no transformar a la institución en un refugio de ambulantes políticos.
(ii) Más de la cuarta parte de los embajadores chilenos corresponden a nombramientos políticos, muchos de los cuales cometen serios errores en el extranjero, porque creen que su rol es representar a sus partidos y no al país entero. La política exterior chilena no se puede prestar a que, con la excusa de designación de cargos de la confianza presidencial, sea un reducto para los favores políticos o prebendas personales.
Hay que evitar la mediocridad en la designación de los cargos públicos y, para ello, el cuoteo político debe ser reemplazado por la profesionalización del Servicio Civil, de manera de terminar con la injerencia de los "operadores políticos" o sus familiares.
