‘En el gobierno ha habido una inflexión en los principios básicos de su política exterior: la protección de los DD.HH.’

Entrevista [Fabio Vío U., ex embajador de Chile en Venezuela]
El Líbero, 20.11.2015
Uziel Gómez
  • Favio Vio, también ex embajador en Francia, Paraguay y Perú, lamenta que haya sido la Corte Suprema, y no el Gobierno, la que haya levantado la voz ante el encarcelamiento que sufren los políticos opositores al régimen de Nicolás Maduro.

El inédito fallo de la Corte Suprema que acogió el recurso de amparo presentado en contra de los políticos venezolanos presos,Leopoldo López y Daniel Ceballos, llevó al Gobierno a desmarcarse de dicha resolución y a señalar que en el país hay separación de poderes y que respeta la decisión del Poder Judicial.

La resolución del máximo tribunal chileno establece que en este caso “resulta visible que operan todos los requisitos exigibles para que actúe la jurisdicción universal protectora de los derechos humanos antes mencionada, desde que los tribunales de Venezuela no aparecen actuando con suficiencia en la protección de los derechos de sus ciudadanos ya individualizados; y hasta se podría sostener con al menos cierta connivencia con los propósitos políticos del gobierno local”.

La Corte Suprema dispuso como medida de cautela de la garantía constitucional del derecho a la vida de López y Ceballos que el Gobierno de Chile requiera a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que se constituya en la cárcel militar Ramo Verde y de Guárico donde están presos, e informe de su situación.

El canciller Heraldo Muñoz dijo que “no nos corresponde emitir opiniones ni elucubrar sobre qué es lo que puede pasar respecto de una decisión que es autónoma y le compete solamente al Poder Judicial” y fue enfático en señalar que el dictamen “no representa una decisión del Ejecutivo”.

Para analizar esta situación, “El Líbero” entrevistó a Favio Vio Ugarte, diplomático de extensa carrera en el Servicio Exterior de Chile, donde fue embajador de varios países, entre ellos, en Francia (1997-2000), Venezuela (2002-2006) y Perú (2008 y 2014).

– ¿Qué le parece la decisión de la Corte Suprema?
-Es un fallo absolutamente inédito en Chile porque se proyecta en una causa de derechos humanos a nivel internacional, fijando una doctrina muy clara de que los derechos humanos, por una serie de consideraciones de tratados internacionales y de principios básicos del derecho internacional, le da competencia a los tribunales para actuar dentro y fuera del país. Al acoger este recurso de protección en favor de López y Ceballos evidentemente que está dando un paso trascendente.

-El gobierno ha evitado pronunciarse sobre la situación de Venezuela
-Es lamentable que haya sido la Corte Suprema la que haya tomado este camino y no el Gobierno, como muchos los hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo, de que hay más de 60 presos políticos en Venezuela, y el más emblemático es Leopoldo López, donde se han expresado los cuatro ex presidentes de la República, ha viajado el ex presidente Sebastián Piñera, donde el mundo político bastante amplio se ha manifestado a favor de un debido proceso de López. La Cancillería lo que ha señalado es que es un asunto interno, y que respeta la independencia del poder judicial venezolano, cuando sabemos todos que el poder judicial venezolano está absolutamente dominado y controlado por el Ejecutivo.

-¿Qué implicancias tiene el fallo para la OEA?
-Evidentemente, esto se va a transmitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y va a tomar nota y seguramente va a transmitir esta inquietud de la Corte Suprema, pero creo que es muy fácil de prever que Venezuela tendrá una reacción absolutamente contraria, y empezará a hacer declaraciones en contra diciendo que es una injerencia y una expresión más del fascismo internacional, etc. Este fallo va a quedar como un testimonio muy valioso para la causa de la oposición venezolana y para los presos políticos, pero que tenga algún resultado práctico no lo va a tener porque el gobierno venezolano se va a oponer.

-¿Qué opina sobre las declaraciones del canciller Heraldo Muñoz?
-Aunque se enoje la Cancillería y el ministro Muñoz, lamento mucho las declaraciones que ha hecho diciendo que en Chile hay división de poderes y que la Cancillería se limitará a transmitir esto a la OEA, pero que no se pronuncia sobre el fondo cuando evidentemente debería no sólo acatarlo, sino que apoyar resueltamente, que tengan un debido proceso y los presos políticos estén en condiciones adecuadas.

-¿Este fallo llega a la OEA a nombre de Chile o el Gobierno se puede desligar de lo que dicta la Corte Suprema a nivel internacional?
-Las relaciones internacionales las maneja el Ejecutivo y lo ha tomado como un trámite meramente judicial y ahí está mi crítica. El gobierno dice que no opina porque es una resolución de un poder independiente. Lo toma como un acto meramente judicial, que está obligado a hacerlo por razones evidentes, pero lo lamentable es que tiene un trasfondo político y moral muy delicado, donde el Gobierno toma una actitud que no corresponde a lo que son los principios básicos de la política exterior chilena.

-El gobierno dice ser un defensor de los DD.HH. ¿Cómo impacta este fallo?
-Cuando fui embajador en Venezuela tomaron preso al líder opositor Enrique Capriles, me fue a ver su mamá a la embajada y la recibí, y cuando el Presidente Lagos viajó se reunió con toda la oposición venezolana. Lagos tuvo una mala relación con Chávez pero al final del gobierno el único país que le faltaba visitar era Venezuela. Al final fue en visita oficial y uno de los actos que realizó fue una reunión con todos los dirigentes de partidos de la oposición, entre ellos Antonio Ledesma que está actualmente con prisión domiciliaria. La posición que ha tenido el Gobierno de Chile permanentemente con respecto a la situación venezolana ha sido muy clara en defensa de los derechos humanos. Y resulta que hoy, porque evidentemente está condicionado por la presencia del Partido Comunista y de otro sector, en el gobierno ha habido una inflexión en esta política que está impidiendo que Chile practique uno de los principios básicos de su política exterior, que es la protección de los derechos humanos.

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