Columna El Montonero, 04.04.2019 J. Eduardo Ponce Vivanco
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Crece la integración entre el sur del Perú y el norte de Chile
¿Puede sorprender que Aduviri esté promoviendo un paro antiminero para apoyar a los comuneros asesorados por los Chavez Sotelo, inculpados de extorsionar al Estado con la complicidad de los dirigentes de Las Bambas? ¿Puede sorprender que esta peligrosa jugada —sin duda coordinada con los gobernadores radicales incrustados en el Sur— coincida con el importante encuentro a celebrarse en Arequipa (la próxima semana) para potenciar la extraordinaria y creciente integración espontánea entre el Sur del Perú y el Norte de Chile? Pocos días atrás el Presidente Evo Morales informó a la prensa que el Gobierno peruano ya había decidido ceder a Bolivia las concesiones sobre gas y telecomunicaciones que habían gestionado los gobernadores de Puno y Moquegua cuando los recibió en La Paz, a pesar de que ni siquiera ostentaran representación oficial por no haber asumido sus cargos regionales.
Para nadie es un secreto el interés moqueguano en aprovechar la política de Bolivia de presionar a Chile con declaraciones que expresan un persistente interés en reorientar la salida de sus exportaciones por Ilo, a sabiendas de sus limitaciones actuales y potenciales (basta comparar el volumen de la carga boliviana por ese puerto con la que sale o entra por Matarani).
Potenciar Ilo y el desarrollo de Moquegua es un objetivo evidentemente importante y deseable. Pero debe ser debidamente ponderado en el contexto mayor del interés nacional; no solo en el ámbito de las demandas reales y la utilización de los servicios portuarios, sino también en de la política exterior y nuestro predicamento geopolítico.
Son dos planos en los que el realismo nos obliga a una observación rigurosa del entorno vecinal, a identificar certeramente los intereses nacionales de Bolivia y Chile, a evaluar objetivamente nuestra relación económica y política con cada uno de ellos, y a preservar el esfuerzo de nuestra diplomacia para “bilateralizar” positivamente esas relaciones, evitando reincidir en un tratamiento “triangular” que ha tenido resultados desastrosos para el Perú. Huelga decir que estas exigencias son constitucionalmente decisivas para el Presidente de la República debido a su responsabilidad de dirigir la política externa de la nación (Art. 118, literal 11 de la Constitución); responsabilidad aún más gravitante por su querencia moqueguana (que el Ministro de Transportes y numerosos miembros del equipo de Gobierno comparten).
Es una constante histórica el empeño boliviano en calibrar su relación con el Perú en función de sus predicamentos con Chile. Una tendencia que se acrecienta por la ambición reeleccionista de Morales y la derrota de su demanda en la Corte Internacional de Justicia. Son situaciones objetivas ante las que una diplomacia profesional como la nuestra reacciona normalmente con lucidez y eficacia.
De ahí la necesidad imperiosa de que la reunión realizarse en Arequipa produzca resultados concordantes con la impresionante data que evidencia la extraordinaria importancia económica y política de la vecindad peruano-chilena. Una vecindad que, a pesar de su carga histórica negativa, ha demostrado una vitalidad tan espontánea e intensa como la que vincula a Tacna con Arica, que se han convertido en un portón abierto a la prosperidad y el relacionamiento más dinámico que se registra en nuestras fronteras.
De ser tan positivos como se espera, los acuerdos de Arequipa equilibrarían la nefasta influencia de Evo Morales en el Sur del Perú. Una zona en la que los gobernadores extremistas expresan su apoyo solitario a la Venezuela de Maduro, la Cuba comunista y la dictadura sandinista de Nicaragua.
