Columna El Líbero, 11.03.2016 Jorge Canelas U., cientista político y embajador (r)
No deja de sorprender el revuelo desatado por la “comparecencia forzada” del ex Presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a declarar en la investigación de los casos de corrupción que involucran a parte importante de su partido (el PT). Hasta ahora, el escándalo no había llegado a tocar directamente a Lula ni a Dilma, su ahijada política. La novedad es que, ahora sí, la Justicia parece alcanzar a todos en Brasil, sin excepciones. Se estudia la presentación de cargos contra Lula por ocultamiento de propiedad de inmuebles, tráfico de influencias, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La magnitud de los desvíos de fondos de PETROBRAS a varias empresas con inexplicables vínculos con el PT, el grosero enriquecimiento de decenas de sus dirigentes, el pago de cuantiosas sumas por esas empresas a la fundación presidida por Lula sin justificación, cuantiosas inversiones de las constructoras en inmuebles que, estando inscritos a nombre de terceros, son ocupados por el ex Presidente y su familia, son algunos de los indicios que complican a Lula. La contrapartida estaría centrada, entre otros favores, en la adjudicación de millonarios contratos dentro y fuera del Brasil, para las empresas más dispuestas a hacer generosos donativos. Los testimonios más recientes dan crédito a las sospechas que se venían acumulando hace años en torno a la relación de Lula y sus familiares directos con algunas de las más grandes constructoras brasileñas, que mantienen operaciones en decenas de países.
La existencia de una relación “especial” entre Lula y algunas empresas se conoce desde larga data. Ya era de conocimiento público el trabajo de “lobby” desarrollado por el ex Presidente Lula a favor de, entre otras, la constructora OAS, que opera en 22 países de América Central, el Caribe y África. Hay por lo menos dos casos en los cuales Lula intercedió por OAS para obtener contratos para obras de infraestructura vial (en Costa Rica y Bolivia), que resultaron en denuncias sobre irregularidades coincidentes: la asignación de contratos sin oposición y el precio sospechosamente abultado de los contratos. Ambos casos resultaron en controvertidos litigios. En el caso de Bolivia, fueron varios los contratos asignados a OAS. En uno de ellos, dirigentes de oposición bolivianos denunciaron que el sobreprecio del contrato por la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos alcanzaba la suma de 170 millones de dólares. Finalmente, el gobierno boliviano indemnizó a la constructora por la rescisión del contrato, después de desechar la construcción de la carretera tras protestas masivas. Horas antes de que Evo Morales decidiera romper el contrato con OAS, el vicepresidente de la empresa, Augusto Cesar Ferreira, declaraba a medios bolivianos que OAS había financiado en gran parte la campaña presidencial de Lula, “lo que no tenía nada de irregular”.
En agosto del 2011, Lula llegó a San José, Costa Rica, a dar una conferencia sobre “El Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Latinoamericanos”. La empresa auspiciadora de su viaje: … OAS. Nada fuera de lo normal, si no fuera por el hecho de que también se reunió con la Presidenta Chinchilla para interceder a favor de OAS, empresa que se adjudicó el contrato para la construcción de la carretera a San Ramón, en medio de lo que en ese país definen como “serias irregularidades y cuestionamientos”. Hacemos mención apenas a estos dos casos, en países de menor tamaño, por la controversia pública generada por la forma de obtener la adjudicación y los montos sobrevaluados de los contratos. Es de suponer la magnitud de las sumas en contratos realizados en otros países (Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otros), en comparación con estos casos “menores”.
Después de hacerse conocidos los contratos adjudicados a empresas ligadas a Lula y su familia, reiteradamente durante años y no solo en Brasil, sino también en diversos países, tiende a disminuir la credibilidad y a aumentar las sospechas sobre el carismático líder. Para despejar dudas y en beneficio del propio Lula, es bueno que se investigue. Hasta ahora se conocen, como hechos comprobables, las gestiones desarrolladas por Lula a favor de algunas empresas, los montos excesivamente abultados de los contratos adjudicados a ellas, el pago de altas sumas de empresas a la fundación presidida por Lula sin justificación y las declaraciones de un alto ejecutivo que implica al ex Mandatario como receptor de recursos privados. Como un dato casi anecdótico, la empresa OAS también financió la filmación de la película “Lula O Filho do Brasil”.
Así como no corresponde juzgar anticipadamente a Lula antes de que lo haga la justicia de su país, tampoco parecen adecuadas las declaraciones de políticos del Partido Comunista chileno, que han exculpado anticipadamente al político brasileño. Esas expresiones de solidaridad, muy atendibles, no deben ocultar el carácter preocupante de los casos de corrupción que se han conocido y que deben ser medidos por una misma vara, sea que afecten a personajes de izquierda o de derecha, en cualquier país e independientemente de su popularidad o fama.
