Editorial La Nación, 24.08.2018
Gracias a un artilugio legal, y tras vulnerar principios constitucionales, Evo Morales podrá postularse a un nuevo mandato. La sed de poder del presidente boliviano no tiene límites. Desde hace algún tiempo aspira a un cuarto mandato consecutivo, a partir de 2019 y lo que no pudo conseguir con votos lo obtuvo finalmente mediante la aplicación de artimañas legales.
Con la excusa de profundizar las reformas en marcha, ayudado por el crecimiento de la economía y con la mira puesta en acentuar los programas de ayuda social -solventados con los recursos provenientes de la nacionalización de hidrocarburos en 2006-, ese dirigente, que comenzó a gobernar en 2006, ha buscado incesantemente la forma de perpetuarse en el gobierno.
Ya en 2009 había impulsado una reforma constitucional que, entre otros aspectos, solo contemplaba una reelección consecutiva. Pero además hizo que el Tribunal Constitucional Plurinacional diera una interpretación conveniente a sus intereses, lo que le permitió en los hechos ser candidato por dos nuevos períodos.
En febrero de 2016, el oficialismo, a través del Movimiento al Socialismo (MAS), había impulsado un referéndum para promover una nueva enmienda constitucional que lo habilitara a postularse por un nuevo período de gobierno.
A pesar de que la reforma propuesta fue rechazada, Morales no se dio por vencido. El oficialismo logró habilitar su nueva candidatura mediante una demanda ante el Tribunal Constitucional de Bolivia, que falló en 2017 que las restricciones legales contra la reelección presidencial vulneraban el derecho de Morales a ser elegido y el del pueblo a elegirlo.
Si bien el presidente boliviano está muy desgastado frente a la opinión pública y con una imagen política deteriorada, producto de una serie de maniobras jurídicas que le han permitido superar el récord de permanencia en el poder, los sectores afines al mandatario justifican su permanencia en el cargo que hoy ocupa alegando que solo bajo su liderazgo será posible alcanzar una serie de metas planteadas para el bicentenario, mientras que sus detractores exigen que se respete el resultado del referéndum de 2016.
En su cuestionamiento al fallo que permitió al presidente boliviano buscar un cuarto mandato, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo de Europa, su opinión sobre el asunto. La interpretación de los consultores independientes fue concluyente: “La reelección presidencial no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes”. Y se agregó que esta “deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto”.
El autoritarismo, el clientelismo político, la anomia y el incumplimiento de la ley son condiciones que conducen a la inestabilidad política y sirven de justificación a la aparente solución con un mal mayor que son las dictaduras. En lo que resta de tiempo hasta el momento de las próximas elecciones, el gobierno de Morales deberá mostrar su total apego a la Constitución y a las instituciones republicanas, comprometiéndose a respetar el resultado de la voluntad popular sin condicionamientos ni chicanas, de manera que Bolivia recupere su condición de nación auténticamente democrática.
