Columna La Tercera, 15.07.2018 Ascanio Cavallo
Para afirmar que la condena a Lula es injusta es preciso sostener que hay una conspiración entre los jueces del Tribunal Supremo (la mayoría nombrados por él), el juez Sérgio Moro (cercano a Cardoso), los medios, sus exministros y sus empresarios amigos.
“Los demócratas de Chile”: esta es la frase de la semana. Con esa magnificencia, con esa monumentalidad, con esa rotundidad concluye la carta suscrita por 45 figuras del PS, el PC, la DC, el Frente Amplio y -esta es la noticia- la expresidenta Michelle Bachelet, exigiendo a la justicia brasileña que permita que el expresidente LuizInácio Lula da Silva pueda ser candidato presidencial en las elecciones de octubre.
La carta se hizo pública un mes después de que pasara por Chile la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido dos Trabalhadores y en esa calidad allegada incondicional de Lula, por lo que la huella es nítida. Se atribuye la promoción de la carta a Carlos Ominami, hombre de antigua relación con la izquierda brasileña, la del PT, no la socialdemócrata de Fernando Henrique Cardoso, el equivalente de Lagos en Chile.
Primer hecho: la carta de los “demócratas de Chile” no ha tenido ningún eco en Brasil. Nada. Cero. No la ha tomado en cuenta ningún analista político de peso. No ha merecido ni un solo editorial. Una de las razones, entre otras, es la propia eficacia de Gleisi Hoffmann, que ha conseguido decenas de cartas similares en toda Latinoamérica.
El caso es que entre los firmantes hay varios paladines contra la corrupción. Y Lula está condenado por corrupción. Para afirmar que esa condena es injusta es preciso sostener que hay una inmensa conspiración entre los jueces del Tribunal Supremo (la mayoría nombrados por Lula), el juez Sérgio Moro (cercano a Cardoso), los medios de comunicación, los exministros de Lula y los empresarios amigos de Lula. Ni los rosacruces con los reptilianos más los hiperbóreos conseguirían semejante conjunto.
Lula es víctima de una ley promulgada por él mismo, la “ficha limpia”, según la cual quien tenga una condena confirmada de segunda instrucción no puede ser candidato. Y él tiene una. La natural demanda de Lula es que esa ley sea olvidada y se le permita ser candidato, borrando esa condena confirmada. Para esto sería necesario, por lo menos, que renuncien y renieguen todos los abogados, fiscales, jueces y altos tribunales que han participado de los juicios… antes del 15 de agosto, fecha límite para la inscripción de candidaturas. Pero si no es así, si no se anula el juicio, que se le permita ser candidato: de la celda a la campaña. ¿Cómo sería esa campaña?
La defensa de Lula, y de su destituida sucesora, Dilma Rousseff, sostiene que en el juicio político a ambos se ha producido un “quebrantamiento del estado de derecho”, argumento también mencionado por algunos firmantes chilenos. Sin eufemismos, esa es la descripción de un golpe de Estado, un “golpe blanco” para los semieufemistas. Salvo Lula y el PT, nadie sostiene ni cree eso en Brasil. Mejor aún, la persona que habría sido víctima directa del “golpe blanco”, Dilma Rousseff, no está inhabilitada y será candidata a senadora por su estado, Minas Gerais.
Por supuesto que es cancerígeno para una democracia que un candidato con alta intención de voto esté preso y no pueda participar. Pero no es una verdad completa, como dice la carta de los 46 chilenos, que sea “el más probable vencedor”. Lula marca alrededor de un 30% de apoyo en las encuestas…, con un 50% de rechazo. Según una encuesta de Datafolha, un 51% de los brasileños opina que no debería estar en la papeleta presidencial. ¿También las encuestas son parte de los reptilianos?
Lula fue un gran presidente, que sacó a millones de brasileños de la miseria y fortaleció a la clase trabajadora. Su papel como líder regional es más dudoso: sus aliados favoritos fueron los Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, incluso Chávez. En cuanto a Chile, mucha simpatía, anchas sonrisas y palmotadas, pero su entorno nunca apoyó a la Concertación ni a la Nueva Mayoría, sino, como se sabe, a Marco Enríquez-Ominami. El hecho cierto es que está acusado por corrupción con una prueba menor: un departamento. Para el caso, no importa el tamaño de la prueba, sino que es la primera de varias acusaciones en desarrollo.
Por lo tanto, no queda mucho más que el argumento de la solidaridad de la izquierda democrática latinoamericana, así, con todos esos títulos. Este es el punto que más concierne a la carta de “los demócratas de Chile”.
El exministro de Hacienda de Lula, Antonio Palocci, ha declarado ante la justicia que el entonces presidente selló un “pacto de sangre” con Odebrecht. Las palabras son textuales. Odebrecht y sus filiales ya están caracterizadas como la multinacional de la corrupción, la empresa que con apoyo del gobierno brasileño sobornó o pagó a políticos de México, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina…, en fin, la hidra con más cabezas que jamás haya existido en el continente. Se entiende: Lula quería que la presencia de Brasil fuese más fuerte en el hemisferio. No quería dinero para sí. Un Odebrecht influyente era un Brasil influyente, como la Fiat para Italia o Gazprom para Putin. Lula solo cerraba los ojos. Bien cerrados.
Es por lo menos dudoso que la izquierda democrática latinoamericana tenga que solidarizar con los que han gestado, por acción u omisión, un esquema de corrupción ¡hemisférico! Con buena fe se puede entender que la solidaridad es con el líder Lula y no con Odebrecht. ¿Y qué se hace con el “pacto de sangre”?
Y entonces, Brasil tiene la legalidad que tiene. No se han levantado contra ella las masas populares brasileñas. Es malo que un candidato principal esté preso. ¿Sería mejor que un condenado quiera ser candidato para librarse de los juicios?
Los “demócratas de Chile” no han logrado juntarse del mismo modo, con esa solemnidad, con esa ostentación, frente al vaciamiento de Venezuela o las rutinarias pequeñas matanzas de Ortega en Nicaragua. Ojos bien cerrados.
¿Y quién diablos habrá convencido a la expresidenta?
