Fuego amigo: el caos de la oposición venezolana

Informe
International Crisis Group, 23.11.2018
Ivan Briscoe, director del Programa para Latinoamérica y el Caribe (Crisis Group)

Introducción
En diciembre de 2015, tras casi dieciséis años de gobierno, primero bajo el fallecido Hugo Chávez y desde 2013 bajo su sucesor Nicolás Maduro, la oposición venezolana unida logró una aplastante victoria en las elecciones legislativas. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), integrada por casi todos los partidos opositores, obtuvo dos terceras partes de los escaños en la Asamblea Nacional. El triunfo electoral reconcilió temporalmente a las dos alas rivales de la oposición, que se habían dividido en 2014 en torno a si se debía o no organizar manifestaciones para obligar a Maduro a renunciar . Pero en lugar de anunciar el fin de la era chavista, en retrospectiva la victoria parece haber sido un falso amanecer. Hoy, la MUD está hecha añicos, y su reconstrucción parece improbable . Y mientras la oposición continúa dominando el parlamento, el gobierno ha usado su control de otras ramas del Estado, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, para bloquear todas las iniciativas de la Asamblea, despojarla de autoridad y privarla de recursos, incluidos los salarios y costes operativos, dejándola prácticamente impotente .

Lo que es aún peor, la oposición se está desgarrando a sí misma: los líderes de las diferentes facciones a menudo parecen gastar más energía en denigrarse unos a otros que en censurar al gobierno o elaborar una estrategia para poner fin a la crisis y estabilizar una economía colapsada. Quienes están en el poder han explotado hábilmente las divisiones y las ambiciones personales de los líderes opositores en una exitosa estrategia de divide y vencerás. Los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales que buscan una solución a la grave crisis política, económica y social del país a menudo se desesperan ante el estado de la oposición. Pero algunos, especialmente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, han contribuido a avivar las disputas entre la oposición tomando partido en ellas . Los aliados externos de la oposición también están en peligro de fragmentarse de forma similar .

Este informe examina el atribulado estado de la oposición venezolana entre los juegos de poder del gobierno de Maduro y los persistentes rumores de intervención extranjera para destituir al gobierno y frenar el colapso socioeconómico del país. Además, evalúa las iniciativas – hasta ahora embrionarias – para volver a unir a la oposición en torno a un programa de cambio pacífico. Está basado en entrevistas realizadas en Venezuela con políticos opositores, analistas independientes, diplomáticos radicados en Caracas y otros.

Todo se desmorona
Es un lugar común decir que la sociedad venezolana está polarizada. La crisis que ha consumido al país durante casi dos décadas ha sido protagonizada por dos fuerzas políticas aparentemente irreconciliables, el gobierno y la oposición, enzarzados en un conflicto permanente. Pero referirse a “la oposición” hoy en día plantea la pregunta: ¿qué oposición?

La desintegración de la MUD.- La ruptura de la MUD, que en su día fue una alianza de más de doce partidos, es consecuencia del fracaso de la campaña de protestas callejeras que llevó adelante durante cuatro meses (abril-julio de 2017), cuyo objetivo fue obligar al gobierno a negociar la restauración de la democracia. Más de 160 personas murieron a consecuencia de la represión violenta de las protestas a manos de los escuadrones antidisturbios de la policía y la Guardia Nacional, en ocasiones acompañados por civiles armados que trabajaban para el gobierno, en ciudades por todo el país .

En un intento de recobrar la iniciativa, el gobierno convocó comicios para elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), supuestamente para reescribir la Constitución, pero la oposición boicoteó estas elecciones por considerar que habían sido fraudulentas e inconstitucionales. El 16 de julio de 2017 – dos semanas antes de las elecciones a la ANC – la oposición celebró su propio referéndum nacional, apoyado por la Asamblea Nacional pero rechazado por el gobierno, en el cual se invitaba a los votantes a rechazar la ANC, llamar a las fuerzas armadas y los funcionarios públicos a defender la Constitución de 1999 y apoyar las decisiones del parlamento, y finalmente aprobar el establecimiento de un mal definido “gobierno de unidad nacional” para “restaurar el orden constitucional”. Según la MUD, alrededor de 7,5 millones de personas (casi el 40 por ciento del electorado) participaron en el referéndum, de las cuales más del 99 por ciento votaron a favor de cada propuesta. Si bien es difícil determinar los números con precisión, claramente hubo una enorme participación, especialmente dado el carácter no oficial de la votación.

Sin embargo, el éxito del plebiscito fue breve. El gobierno siguió adelante con la elección de la ANC el 30 de julio. Posteriormente, y pese al hecho de que la participación en la votación de la oposición el 30 de julio pareció ser mayor que la participación en las elecciones de la ANC, las protestas callejeras quedaron en nada, y la oposición no logró ponerse de acuerdo sobre cómo aprovechar el apoyo de las masas. El 18 de septiembre el ala más radical de la MUD formó un nuevo movimiento, llamado Soy Venezuela, que exigía que la oposición se negara a reconocer el gobierno de Maduro y llamaba a la formación inmediata de un gobierno de unidad nacional. Los principales miembros del movimiento eran Vente Venezuela, liderado por la ex diputada María Corina Machado, y Alianza Bravo Pueblo, liderada por el exiliado ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Cinco diputados alineados con Soy Venezuela formaron el grupo “16 de julio” para perseguir los objetivos del referéndum.

Pero fue la cuestión de si debían o no participar en futuras elecciones la que dividió más profundamente a la MUD y los partidos que la integraban. La autoridad electoral controlada por el gobierno había celebrado unos comicios para elegir a la Asamblea Constituyente que violaban los principios de una persona, un voto y la representación proporcional . También parece haber inflado las cifras de participación, supuestamente en hasta un 100 por ciento .

Cuando el gobierno anunció, tras una larga demora, que las elecciones a gobernadores estatales se celebrarían el 15 de octubre, la mayoría de los partidos de la MUD decidieron participar. Pero un gran número de votantes opositores decidieron no acudir a las urnas, y solo hubo cinco candidatos ganadores de la MUD. Cuatro de ellos eran de Acción Democrática, pero posteriormente su partido los expulsó por acceder a la demanda del gobierno de que juraran el cargo ante la ANC . Por primera vez desde la introducción del actual sistema de votación electrónica en 2004, surgió evidencia física (en el estado de Bolívar, al suroeste del país), de que el gobierno había alterado las actas para modificar el resultado .

El anuncio por parte del gobierno de unas elecciones presidenciales tempranas – adelantando a mayo una votación prevista para diciembre de 2018 – llevó a otra división debilitadora. El anuncio torpedeó las negociaciones entre el gobierno y la oposición en la República Dominicana, en las cuales la fecha de las futuras elecciones había sido objeto de acalorada disputa . No obstante, Henri Falcón, dirigente de Avanzada Progresista, decidió presentarse, desafiando el boicot de la MUD, y si bien en última instancia se negó a reconocer la victoria de Maduro, el daño ya estaba hecho . El 5 de julio Henry Ramos, líder de Acción Democrática, anunció que el partido se retiraba de lo que quedaba de la MUD, dejando a su junta directiva de cuatro partidos (el G4) con solo tres miembros. Ramos se refirió a la incapacidad del grupo de llegar a un acuerdo sobre quién lideraría la coalición, o sobre cómo implementar el resultado del referéndum del 16 de julio.

Persecución por parte del gobierno.- Bajo Maduro, al igual que bajo su predecesor Chávez, el gobierno ha trabajado diligentemente para debilitar y dividir a la oposición, para intimidar o cooptar a sus dirigentes, y para prevenir cualquier iniciativa que pudiera amenazar su control del poder. Estos esfuerzos se han intensificado de forma notable desde que Maduro tomó posesión. Las dos figuras consistentemente más populares de la oposición– el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y Leopoldo López, líder de Voluntad Popular – han sido inhabilitados para desempeñar cargos públicos, y López, quien permanece bajo arresto domiciliario, está cumpliendo una condena de casi catorce años por supuesta incitación a la violencia.

Los cuatro partidos opositores principales están inhabilitados para participar en las elecciones, y de los partidos que eran miembros de la MUD en el momento de su victoria parlamentaria en 2015, tan solo uno – Avanzada Progresista – es actualmente reconocido por la autoridad electoral . Sin embargo a tres partidos opositores recién formados sí se les ha permitido registrarse. Otra técnica empleada por las autoridades es hacer que el Tribunal Supremo “intervenga” los partidos y otorgue el control de estos a facciones internas que posteriormente se suelen alinear con el gobierno .

La persecución violenta de políticos cruzó un nuevo umbral el 8 de octubre con la muerte de un concejal de Caracas, Fernando Albán de Primero Justicia, en la sede del organismo de seguridad estatal (Sebin). Según la versión oficial de los hechos, Albán – que había sido detenido unos días antes, a su regreso de la Asamblea General de la ONU donde acompañó el líder de su partido Julio Borges – se suicidó lanzándose por una ventana del décimo piso. Sin embargo, hay muchas inconsistencias en la versión del gobierno, y la oposición ha afirmado que miembros de la Sebin lanzaron su cuerpo después de que muriera bajo tortura . El gobierno acusó a Albán de participar en un supuesto intento de asesinato de Maduro usando un dron cargado con explosivos, de lo que también acusó al legislador opositor Juan Requesens, quien permanece bajo custodia de la Sebin y supuestamente también habría sido torturado (véase a continuación, y la Sección III) .

No son solo los políticos opositores quienes tienen motivos para temer la persecución. Al contrario que las dictaduras militares del último siglo, el gobierno de Venezuela no ha recurrido a los asesinatos en masa o las desapariciones. Pero uno de los motivos por los cuales es muy difícil presionar al gobierno mediante manifestaciones callejeras desde las concentraciones masivas de 2017 es el grave riesgo de lesiones, encarcelamiento o muerte. “Yo iba ir a las manifestaciones, pero ahora tengo miedo”, dijo un activista opositor. “Mis cuatro hijos iban, pero ellos también tienen miedo, después de ver lo que le ha pasado a tanta gente que conocían”. En algunos casos, este miedo también ha llevado a los venezolanos a perder la fe en políticos que aún están comprometidos con una solución negociada. El mismo activista dijo: “Yo era de la oposición moderada, pero ahora estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice María Corina [Machado de Soy Venezuela]” .

La legislatura que no puede legislar.- Más de trece millones de venezolanos (una participación de más del 70 por ciento) votaron en las elecciones parlamentarias de 2015, y a los legisladores que eligieron les quedan más de dos años de mandato. Pero el gobierno ha asfixiado al parlamento controlado por la oposición, prácticamente clausurándolo del todo. El Tribunal Supremo ha revocado todas las leyes aprobadas por el parlamento por considerarlas inconstitucionales o económicamente inviables (el sustento legal de estos últimos fallos es dudoso). Los ministros se niegan a asistir a las audiencias parlamentarias y el Ejecutivo ha pasado por alto el requerimiento constitucional de que la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto o los decretos de emergencia del presidente . La debilidad de la legislatura la ha desacreditado ante el público. Según una encuesta reciente, la confianza en la Asamblea Nacional era del 21,6 por ciento, mientras que la MUD registró un 19,9 por ciento. La confianza en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Asamblea Constituyente es del 22,3 y el 24,9 por ciento respectivamente .

Alguien que visite el centro de Caracas verá a miembros de un escuadrón antidisturbios de la Guardia Nacional descansando a la sombra de un árbol a la entrada del edificio del parlamento. En teoría están allí para proteger a los diputados, pero en tres ocasiones la Guardia ha permitido a los simpatizantes del gobierno invadir el edificio, golpeando y robando a los legisladores . “Si nos lanzan piedras cuando entramos”, dice un diputado, “lo más que hace la Guardia es levantar sus escudos para protegernos, pero jamás detienen a quienes nos lanzan piedras” . En ocasiones los soldados también han obstaculizado el acceso de la prensa a la Asamblea Nacional, que está obligada a compartir el edificio con la ANC chavista. A pocos metros de allí, el gobierno ha convertido un edificio expropiado en un edificio de oficinas de aspecto muy permanente para los miembros de la ANC. Allí cerca, un mensaje estampado en la pared dice, “Ellos tienen la Asamblea [Nacional], pero nosotros tenemos las calles”.

El ejecutivo ahora administra los fondos presupuestarios asignados al parlamento constitucionalmente autónomo, que no recibe ningún dinero para el mantenimiento o suministros. Los diputados tienen que pagar de su bolsillo el material de oficina, el agua de beber y el café . La cantina ha cerrado. Los diputados no reciben salario ni expensas, y ni ellos ni los 3 500 funcionarios parlamentarios (más unos 6 000 jubilados) tienen seguros de salud . Muchos miembros de la ANC, por el contrario, reciben alojamiento y gastos de desplazamiento a expensas del gobierno. Algunos de ellos se alojan en las principales instalaciones militares de Caracas y se trasladan en aviones militares .

El papel constitucional de la Asamblea Nacional ha sido usurpado, primero por el Tribunal Supremo y después – desde agosto de 2017 – por la Asamblea Nacional Constituyente, que en efecto ha actuado como una legislatura paralela . Las amenazas de encarcelamiento han obligado a una docena de diputados a abandonar sus escaños; hasta ahora, seis se han exiliado. Uno de ellos, Freddy Guevara de Voluntad Popular, ha pasado el último año en la embajada chilena. Varios han sido encarcelados, en violación de su inmunidad parlamentaria, a media docena se les ha anulado el pasaporte y dos están inhabilitados para presentarse a cargos de elección popular . El caso de Juan Requesens es uno de los más graves. El 7 de agosto fue detenido arbitrariamente, supuestamente en conexión con el ataque con drones contra Maduro tres días antes, y obligado a “confesar” por video, supuestamente tras haber sido drogado. En otro video (presuntamente filtrado por los servicios de seguridad) aparecía en ropa interior manchada en un baño en la sede del Sebin .

Los diputados de distritos alejados de Caracas no solo tienen que costear sus propios gastos de desplazamiento, sino que a menudo realizan largos viajes por carretera al interior del país debido a la falta de vuelos internos. Algunos legisladores opositores informan que las autoridades de aviación civil y el Sebin han obligado a las aerolíneas a cancelar sus reservas o han retenido vuelos para obligarlos a desembarcar . Algunos partidos proporcionan ayuda financiera a sus diputados, pero en función de cada caso. La Constitución prohíbe el financiamiento público de partidos políticos. “A veces no hay quórum”, dijo uno de ellos, “no porque [los diputados] no quieran asistir, sino porque no pueden hacerlo” .

Luchas internas en la oposición.- No todas las amenazas contra la Asamblea Nacional, o contra los dirigentes de la oposición interna, provienen del gobierno. Las facciones opositoras más duras consideran a los moderados una “falsa” oposición dispuesta a “colaborar” con el gobierno a la que solo le interesa negociar las condiciones de su propia supervivencia . Un aliado clave de estas facciones es un organismo autodenominado Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, cuyos miembros fueron elegidos por el parlamento el 21 de julio de 2017. El objetivo en esa ocasión era remplazar a trece jueces y veinte sustitutos cuyo nombramiento “exprés” en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional saliente, dominada por el gobierno, consideran inconstitucional . Obligados a huir del país bajo amenaza de encarcelamiento, estos jueces se proclamaron Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio y comenzaron a dictar sentencias . El 15 de agosto de 2018 “condenaron” a Nicolás Maduro por corrupción y lo “sentenciaron” a dieciocho años en una prisión militar.

A pesar de su dudoso estatus constitucional, el “tribunal” ha exigido que se cumpla su sentencia . El 21 de agosto la Asamblea Nacional cedió a la presión del ala dura y del secretario general de la OEA y ratificó la decisión, pese a no haber recibido una solicitud formal para que lo hiciera . El 5 de septiembre, los jueces acordaron considerar una solicitud de nombrar a una “junta de gobierno de emergencia”, que en la práctica sería un gobierno en el exilio. Varios de los jueces, no obstante, se han desvinculado de las acciones del “tribunal en el exilio”, que parece estar coordinado por el ala dura de la oposición que desea remplazar el liderazgo interno con figuras más de su agrado .

El Frente Amplio: hacia una alianza opositora más amplia.- El 8 de marzo de 2018 la oposición tradicional lanzó un “frente amplio” con el fin no de remplazar a la MUD, sino de incorporar a la sociedad civil a la lucha por unas elecciones libres y justas. Este frente – el Frente Amplio Venezuela Libre – reúne a sindicalistas, trabajadores de ONG y universidades, líderes empresariales y religiosos, así como partidos opositores de dentro y fuera de la MUD, incluidos chavistas disidentes. Su primera campaña fue para rechazar las elecciones presidenciales del 20 de mayo y la ANC y exigir un nuevo voto presidencial, bajo condiciones acordadas, en enero de 2019. El frente opera no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional e incluso municipal.

Sin embargo, en la práctica el Frente Amplio no ha logrado revivir la suerte de la oposición y ahora parece casi tan moribundo como la propia MUD. Las encuestas muestran que hasta ahora ha sido vista simplemente como una versión ampliada de la MUD, y algunos dirigentes admiten que la relación interna entre los representantes de la sociedad civil y los partidos de la oposición ha sido difícil . Ninguno de los dos confía plenamente en el otro. El 24 de septiembre, el Frente celebró una reunión masiva para debatir la estrategia en un intento de relanzar el movimiento. Los delegados acordaron un triple enfoque: la creación de un comité para organizar una huelga general; la redacción de un programa que sería adoptado por un gobierno transicional; y un congreso en octubre para elegir un liderazgo político. Pero el relanzamiento no logró poner fin a la parálisis .

La división entre los políticos y los líderes de la sociedad civil sigue siendo un obstáculo clave. Muchos de estos últimos creen que los políticos consideran que sumar fuerzas con las organizaciones de la sociedad civil es a lo mejor una lamentable necesidad temporal. “Muchos partidos [políticos] consideran que la transición es apenas un ‘momento’, y la unidad es necesaria para destituir al presidente pero no en el mediano plazo”, señaló un participante del Frente Amplio. “Pero deshacerse de Maduro [en sí mismo] no es un objetivo estratégico” . Si bien algunos miembros de la sociedad civil se quejan de que los partidos quieren dominar el movimiento opositor, excluyendo a otras organizaciones, también hay quejas cuando los políticos se mantienen al margen . En general, el Frente Amplio refleja la incapacidad de incluso la oposición moderada de unirse en torno a una única estrategia y liderazgo.

Unidad “subóptima”.- Desde la ruptura de facto de la MUD, los líderes opositores que siguen estando comprometidos con una solución no violenta a la crisis se han reunido “esporádicamente” para mantener negociaciones cuyo objetivo es, en palabras de un observador cercano, una unidad “subóptima” . Las principales figuras involucradas son Henri Falcón, Henrique Capriles, Henry Ramos Allup y los líderes de Un Nuevo Tiempo. Capriles, no obstante, no habla en nombre de su partido, Primero Justicia, cuyo líder exiliado Julio Borges ahora se codea con figuras más radicales como Antonio Ledezma. Voluntad Popular también está dividida en torno a la estrategia, aunque su líder Leopoldo López no está a favor de la intervención militar . Voluntad Popular, el partido de Borges Primera Justicia y un partido más pequeño llamado La Causa R, también están intentando desarrollar una estrategia unificada propia, y recientemente emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaban los intentos del gobierno de reiniciar el diálogo .

La reunificación se complica aún más por la relación cada vez más difícil entre los líderes opositores que están en Venezuela y los que están en el exilio. Estos últimos tienden hacia posturas más radicales y son propensos a desdeñar a los que se quedan atrás como “colaboracionistas” que buscan algún tipo de coexistencia con el sistema gobernante. La situación se ve agravada por un coro de voces intransigentes en los medios sociales, donde los insultos a menudo pesan más que los argumentos razonados. Los políticos en Venezuela cuestionan si los que están en el exilio verdaderamente representan las demandas públicas y captan la realidad sobre el terreno. El liderazgo desde el exterior en algunos casos parece estar socavando activamente lo que queda de la representación democrática en el país, en particular la Asamblea Nacional .

Resistencia pacífica vs. violenta
La oposición tradicional siempre ha insistido que su estrategia es “pacífica, democrática y electoral”, y si bien una minoría ha desechado este enfoque por considerarlo ingenuo, la resistencia armada se ha limitado a incidentes aislados. Pero a medida que el gobierno ha avanzado con mayor determinación para bloquear las rutas pacíficas hacia una transición política, la frecuencia de tales incidentes ha aumentado. El piloto de la policía Oscar Pérez robó un helicóptero en junio de 2017 y lanzó lo que podrían haber sido granadas de concusión sobre el Tribunal Supremo antes de pasar a la clandestinidad y formar un pequeño grupo rebelde. En enero del año siguiente, las fuerzas del gobierno lo localizaron y lo ejecutaron, junto con seis camaradas, después de que ofreciera rendirse por medio de una serie de videos publicados en las redes sociales . En agosto de 2017 un grupo liderado por el ex soldado Juan Carlos Caguaripano asaltó un cuartel del ejército en la ciudad de Valencia y robó armas. Dos miembros del grupo fueron asesinados y siete capturados. Posteriormente las autoridades capturaron al propio Caguaripano en Caracas y publicaron un video donde se lo veía supuestamente sufriendo los efectos de la tortura .

En marzo de 2018, el gobierno, con ayuda de los servicios de inteligencia cubanos, supuestamente desbarató una conspiración golpista cuyo objetivo era frustrar las elecciones presidenciales de mayo . Y el 4 de agosto de 2018 dos drones explotaron cerca de un desfile militar en lo que parece haber sido un intento de asesinato contra Maduro. Siete soldados supuestamente resultaron heridos. El gobierno detuvo a varias docenas de personas y culpó a los líderes opositores del atentado . A octubre, la organización de derechos humanos Foro Penal estimó el número de oficiales militares detenidos por supuestas conspiraciones en 77 .

Sin embargo, desde agosto de 2017, cuando el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba considerando una “opción militar” en Venezuela, la mayor parte de la especulación se ha centrado en la posibilidad de una intervención militar externa o un golpe de estado apoyado por Washington. En un discurso a principios de 2018, el entonces secretario de Estado Rex Tillerson señaló que los militares “a menudo” desencadenan cambios políticos en América Latina. También dijo que la Doctrina Monroe era “tan válida hoy como en el día que fue escrita”, lo que trajo amargos recuerdos del intervencionismo estadounidense en América Latina . A finales de agosto Marco Rubio, un senador republicano de Florida con una influencia considerable en las políticas de Washington en América Latina, planteó la posibilidad de una intervención estadounidense, afirmando que Venezuela se había convertido en “una amenaza para la región e incluso para los Estados Unidos” .

El secretario general de la OEA Luis Almagro posteriormente realizó comentarios aún más explícitos que los de Rubio. Hablando desde la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, al lado del canciller colombiano Carlos Holmes, Almagro dijo que “en cuanto a una intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción"” . Si bien posteriormente declaró que se estaba refiriendo a acciones “dentro del marco del sistema de derecho interamericano y derecho internacional público”, su postura parecía esencialmente idéntica a la del líder de Soy Venezuela, Antonio Ledezma. Durante meses, Ledezma ha insistido que la única solución a la crisis es una “intervención humanitaria” basada en la doctrina de la “responsabilidad de proteger” (R2P) de la ONU. Sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, no obstante, dicha intervención sería ilegal, y probablemente considerada ilegítima por la mayoría de los gobiernos, incluidos los de América Latina. Como mínimo, los miembros permanentes del Consejo y los aliados de Maduro, Rusia y China, sin duda vetarían cualquier propuesta en este sentido; de hecho, no es de esperar que otros miembros del Consejo la apoyen incluso si EE.UU. la propusiera – lo que en sí mismo parece improbable .

Aparte de las cuestiones de legalidad y legitimidad, lo más probable es que una intervención militar externa desestabilizaría el país y agravaría la crisis mucho más que ayudaría a poner fin a ella. El único liderazgo opositor que reivindica claramente el liderazgo de la transición es la Asamblea Nacional. Pero muchos de los que proponen una intervención militar rechazan este liderazgo. Prefieren el nombramiento previo de un “gobierno en el exilio”, pero este organismo sería igualmente polémico, y si fuera impuesto por una acción militar externa plantearía serios interrogantes en cuanto a su representatividad y legitimidad, lo que repercutiría en su capacidad de gobernar el país eficazmente.

La creencia generalizada es que las fuerzas armadas venezolanas no podrían ofrecer mucha resistencia. Pero esa suposición pasa por alto las enormes cantidades de armamento militar adquiridas tanto por el gobierno de Chávez como el de Maduro . Ciertas partes de las fuerzas armadas, incluidas las milicias civiles, podrían activar planes para llevar adelante una “guerra popular prolongada”, como reclama la doctrina militar oficial . Es improbable que cualquier potencia interviniente esté dispuesta a ocupar Venezuela a fin de restaurar el orden, que también sería duramente puesto a prueba por una amplia gama de actores armados no estatales, muchos de los cuales tienen un claro interés en mantener el statu quo o fomentar el caos . Estos incluyen las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, que tienen un compromiso explícito con defender el gobierno de Maduro . En estas circunstancias es improbable que llegue la inversión extranjera directa y ayuda multilateral que el país necesitará desesperadamente para estabilizar su economía. La intervención militar, en otras palabras, es una receta para aún más caos y sufrimiento para los venezolanos.

Divisiones en la oposición y la perspectiva de unas negociaciones
El creciente clamor por una intervención militar en Venezuela y las divisiones cada vez más profundas en las filas opositoras son enormes obstáculos en el camino hacia la reanudación de las negociaciones con el gobierno en Caracas sobre una transición política. Tras el amargo colapso de las negociaciones en Santo Domingo a principios de 2018, que siguió al fracaso de las negociaciones en 2014 y 2016, la mayoría de la oposición en cualquier caso tiende a tratar cualquier nuevo intento con cautela. La última vez, los líderes de la MUD pagaron un elevado costo político por su participación.

Maduro ha insistido en su voluntad de retomar el “diálogo” con la oposición. El “mediador” preferido por el gobierno – el ex primer ministro de España José Luis Rodríguez Zapatero - visita Caracas de cuando en cuando, pero los líderes opositores lo rechazan como un cómplice del gobierno . A mediados de octubre, en un almuerzo informal para ministros de Relaciones Exteriores europeos, los gobiernos español y portugués ofrecieron facilitar una nueva ronda de negociaciones. Pero la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo que ni la mediación ni el diálogo eran posibles en las actuales circunstancias.

Añadió que “solo una solución política democrática” podría resolver la crisis, y que la UE iba “a explorar la posibilidad de establecer un grupo de contacto” de Estados dispuestos a trabajar por unas futuras negociaciones . La ausencia de “condiciones” que menciona parece referirse no solo a la falta de un interlocutor opositor sino también a la negativa del gobierno – hasta ahora – a comprometerse con unas reformas serias. En un discurso posterior, Mogherini dijo que la UE había instado al gobierno a participar en “medidas de fomento de la confianza”, incluida la liberación de presos políticos, la restauración de los derechos del parlamento y la garantía de los derechos humanos. Además reclamó una investigación imparcial de la muerte en custodia del concejal Fernando Albán.

Las facciones opositoras probablemente no ganarían mucho con unas nuevas negociaciones con el gobierno a no ser que se cumplieran tres condiciones: primero, un claro compromiso de Maduro de que lo que está sobre la mesa son reformas genuinas; segundo, medidas de fomento de la confianza, que podrían incluir la liberación de presos políticos, la relajación de la persecución de figuras opositoras y la restauración de la autoridad de la Asamblea Nacional; y tercero, el acuerdo del gobierno sobre una agenda de negociaciones basada en la restauración de controles y contrapesos, el retorno de la política representativa, y un plan de estabilización y reconstrucción económica. Unas negociaciones sin estas medidas (junto con una facilitación internacional, un procedimiento estructurado y firmes reglas de juego) correrían el riesgo de repetir los errores de las anteriores rondas de diálogo al brindar al gobierno una oportunidad de parecer conciliador y calmar la ira popular sin hacer concesiones sustantivas ni proporcionar ninguna garantía de que cumplirá sus promesas. Si las facciones opositoras iniciaran las negociaciones en ausencia de esas condiciones, esto también exacerbaría las divisiones y generaría aún más desilusión.

Ahora mismo, no obstante, incluso si el gobierno estuviera dispuesto a iniciar reformas genuinas, las divisiones de la oposición no dejan claro quienes estarían sentados al otro lado de la mesa. No existe un claro interlocutor del gobierno y, por sí solo, ninguno de los componentes de la oposición puede ofrecer al gobierno suficientes garantías de que apoyará y cumplirá cualquier acuerdo. Una notable excepción podría ser la Asamblea Nacional, que podría dar el visto bueno a los préstamos internacionales, como lo requiere la Constitución . No obstante, dadas las sanciones financieras internacionales vigentes, el parlamento por sí solo no puede aliviar la grave escasez de efectivo del gobierno, mientras que las transacciones ad hoc entre el gobierno y los líderes opositores en la Asamblea para mitigar la emergencia financiera del Estado probablemente no sean sostenibles, y sembrarían una mayor discordia interna en la oposición. No obstante, si llegaran a ponerse en marcha unas negociaciones más estructuradas y sustanciales según los lineamientos planteados anteriormente, los representantes de la Asamblea Nacional podrían argumentar en Washington a favor del levantamiento de las sanciones financieras.

Las opiniones sobre cómo reconstruir un liderazgo opositor viable varían ampliamente. Algunos creen que, a falta de una campaña presidencial inminente que exija que la oposición celebre elecciones primarias y seleccione un candidato, la única forma de resolver la cuestión es acordar un liderazgo colectivo . Otros quieren que la Asamblea Nacional apruebe el nombramiento de un “gobierno en el exilio” . Una tercera sugerencia es reunir a un grupo de ciudadanos respetados sin ambiciones políticas ocultas cuyo prestigio y percibida neutralidad (entre las diferentes facciones opositoras) pueda servir para unir a la oposición en torno a una estrategia coherente . Otro plan propone celebrar primarias abiertas para elegir al liderazgo sin esperar a unas elecciones presidenciales .

Participación internacional
La participación internacional reciente en la crisis venezolana ha adoptado numerosas formas que incluyen sanciones, amenazas de intervención militar, la remisión de Venezuela a la Corte Penal Internacional, así como iniciativas incipientes destinadas a volver a llevar a las partes a la mesa de negociaciones.

El 25 de septiembre, Washington anunció nuevas sanciones contra altos funcionarios venezolanos, incluida la primera dama, Cilia Flores, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, y un supuesto testaferro de Diosdado Cabello, presidente de la ANC . La iniciativa afectó a todos los miembros del círculo íntimo de Maduro, lo que sugiere que la administración Trump ya no considera que las negociaciones vayan a surgir de una escisión “vertical” en la facción dominante, sino que pretende enviar un claro mensaje a quienes están más abajo en la cadena de mando de que aún están a tiempo de disociarse del gobierno .

Varios actores internacionales han evocado la posibilidad de una acción militar, entre ellos no solo el secretario general de la OEA y el senador estadounidense Marco Rubio, sino también el embajador colombiano en Washington, Francisco Santos . Pero como se señaló anteriormente, la mayoría de los catorce miembros del Grupo de Lima insisten en una solución pacífica negociada. Es cierto que cuatro de sus miembros no firmaron el último comunicado a tal efecto y tres de ellos – Colombia, Guayana y Panamá – podrían denominarse “Estados de primera línea” en cuanto a la crisis venezolana (el cuarto es Canadá). Pero todos han afirmado explícitamente que no están a favor de una opción militar. Su renuencia a firmar el comunicado parece apuntar a una pérdida de fe en las negociaciones, al menos en el corto plazo, y tanto sus comentarios públicos como sus conversaciones privadas dejan claro que gran parte del problema es su frustración con la incapacidad de la oposición de presentar un frente unificado .

El gobierno venezolano ha respondido a los rumores de intervención con sus propias declaraciones belicosas y desplazando tropas y equipamiento a la frontera colombiana. El 28 de septiembre el jefe del Estado Mayor Conjunto, el Almirante Remigio Ceballos, dijo que Rusia, China y Cuba estaban participando en ejercicios militares y que Venezuela “no está sola” ante las amenazas de intervención. Si bien los tres países nombrados mantuvieron los labios sellados sobre el asunto y no se publicó ninguna imagen, aparentemente estuvieron presentes tropas de los tres países . El presidente colombiano Iván Duque ha dicho que su gobierno “no será provocado” .

El 26 de septiembre, en un gesto sin precedentes, seis jefes de Estado y gobierno del Grupo de Lima (entre ellos Canadá) remitieron el caso de Venezuela a la Corte Penal Internacional . El gobierno francés posteriormente manifestó su apoyo por la medida, que podría acelerar el proceso de llevar a juicio casos de supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y otros . En febrero de este año, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda inició una investigación preliminar para establecer si se habían cometido delitos que corresponden a la competencia de la Corte en el contexto de los disturbios políticos desde “al menos” abril de 2017. La decisión de seguir adelante con el caso de la CPI podría complicar cualquier solución negociada al aumentar la probabilidad de que los líderes del gobierno – una vez que salgan del poder – enfrenten algún tipo de justicia. Pero el rechazo del gobierno a unas negociaciones genuinas y el colapso de la unidad de la oposición, entre otros factores, ha llevado a algunos gobiernos a concluir que no hay mucho que perder .

Al mismo tiempo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que expresa su preocupación ante los abusos de los derechos humanos en Venezuela, insta al gobierno venezolano a permitir la entrada de ayuda humanitaria para abordar el hambre y la enfermedad en el país, y solicita a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que prepare un informe exhaustivo . La alta comisionada Michelle Bachelet declaró que para hacer esto tenía que poder visitar el país, y Maduro respondió a las preguntas de los periodistas acerca de esta cuestión diciendo que podía visitar “cuando quiera” .

Varias iniciativas incipientes buscan revivir las perspectivas de negociación. Una de estas es la propuesta de un “grupo de contacto” mencionada por Federica Mogherini de la UE, que si bien no ofrece una solución inmediata, es el mejor enfoque ya que busca usar la presión internacional para alentar la reanudación de las negociaciones a la vez que se establecen condiciones claras para garantizar que las futuras negociaciones sean sustantivas .

Otra involucra el resurgimiento del bipartidista Grupo de Boston, que originalmente fue una iniciativa de miembros del Congreso estadounidense que, en el periodo posterior al intento golpista contra Hugo Chávez en 2002, buscó fomentar el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición . La reaparición del grupo, a instancias de Maduro, indica no tanto la voluntad de su gobierno de considerar una transición como su necesidad de llegar a un acuerdo con Washington . Una tercera vía, propuesta por el nuevo gobierno español de Pedro Sánchez y aparentemente abandonada – por ahora – debido a la negativa de la UE a contemplarla, conllevaría el “diálogo interno” sin “interferencia” por parte de potencias extranjeras. Esto probablemente permitiría a Maduro seguir ganando tiempo y repetir las inútiles experiencias de los últimos cuatro años .

Conclusión
Nunca ha sido tan urgente encontrar una solución a la crisis de Venezuela, y sin embargo nunca ha parecido tan lejana. La emergencia humanitaria – que se ha manifestado en forma de hambre, enfermedad y migración masiva, entre otras cosas – se está agravando rápidamente. Hasta la fecha, las tensiones políticas han paralizado los esfuerzos por atender el sufrimiento de los venezolanos: el gobierno de Maduro rechaza la ayuda con el argumento de que es un pretexto para intervenir, mientras que la oposición refuerza esta demonización de la ayuda utilizándola como palanca para lograr cambios políticos . La diplomacia centrada en garantizar el consentimiento del gobierno al ingreso de ayuda humanitaria debería manejarse por separado de las negociaciones sobre una transición democrática .

No hay duda de que el principal obstáculo tanto en el frente político como en el humanitario es la intransigencia del propio gobierno y su determinación de aferrarse al poder. Pero el lamentable estado de la oposición también convierte cualquier impulso hacia una negociación política en una ardua batalla, y complicaría las negociaciones si llegaran a celebrarse. Una parte considerable de la oposición, así como algunas voces externas influyentes, han perdido la fe en una transición negociada en un futuro próximo, aunque la opción militar (ya sea interna, externa o una combinación de ambas) sigue siendo improbable y sus consecuencias potencialmente catastróficas. Mientras, la crisis económica y social, con su desestabilizador impacto regional, continúa agravándose rápidamente, y las medidas del gobierno de Maduro solo han agudizado el problema, en particular exacerbando la hiperinflación .

Uno de los prerrequisitos – aunque dista de ser el único – para poner fin a la crisis es una oposición coherente. De hecho, el éxito de las negociaciones depende de la representación organizada de la oposición. Un grado razonable de unidad también sería fundamental para la formación de un gobierno transicional que incluya a líderes opositores junto con representantes del chavismo; si bien la formación de un gobierno de tales características por ahora parece una perspectiva remota, sigue siendo el camino más seguro para que Venezuela salga de su crisis. Asimismo, una ruptura generada por tensiones internas en el gobierno y el partido gobernante – un escenario poco probable pero no del todo inverosímil – probablemente también requeriría algún tipo de gobierno transicional que incluyera al menos a parte de la oposición.

Resolver el vacío de liderazgo que ha dejado la oposición y recuperar su credibilidad son por lo tanto tareas importantes. La mayor esperanza radica en los líderes de la oposición y la sociedad civil dentro de Venezuela, la mayoría de los cuales aún apoyan una transición negociada. Se enfrentan a dos desafíos principales: defender la Asamblea Nacional como el único pilar restante de la legitimidad democrática en Venezuela; y construir un liderazgo respaldado por los principales partidos y la sociedad civil y capaz de acordar una transición eficaz (principalmente en los ámbitos político, económico y de seguridad) y construir una robusta coalición de fuerzas internas y aliados externos a ese fin.

Sin unas elecciones presidenciales a la vista, celebrar “primarias” para elegir un líder podría ser una estrategia arriesgada dada la desmovilización y la desilusión del electorado. Aún así, las encuestas muestran tanto una demanda de liderazgo como una voluntad de votar, en particular si se tratara de unas elecciones primarias convocadas y supervisadas por la sociedad civil, preferentemente con acompañamiento internacional . Alternativamente, los principales líderes opositores dentro del país podrían acordar de manera conjunta renunciar temporalmente a sus ambiciones presidenciales – para dar a entender que la transición implica suspender la política competitiva y se trata de un momento para la unidad, y para recobrar su propia credibilidad renunciando a las ambiciones personales – y formar un equipo de liderazgo transicional compuesto por individuos con evidente probidad y experiencia que sean capaces de inspirar confianza a nivel nacional e internacional.

Sea cual sea la forma de selección, este liderazgo tendrá que ser protegido en la medida de lo posible de la represión por parte del gobierno mediante el apoyo diplomático constante, en especial de los países latinoamericanos y europeos, y con ofertas de exilio de estos mismos Estados si las condiciones se vuelven severas. Dicho esto, sus miembros deberán estar dispuestos a arriesgarse a permanecer en el país. Un liderazgo opositor no puede llevar a cabo su tarea desde afuera.

Con la formación adecuada, es casi seguro que ese liderazgo podría mejorar la pésima tasa de aprobación de la oposición. También podría brindar a los gobiernos extranjeros y los organismos multilaterales una contraparte plausible en los esfuerzos por promover las negociaciones. A falta de un fuerte contrapeso interno al gobierno, el riesgo de que las potencias extranjeras consideren más seriamente la posibilidad de una intervención militar es mayor.

Las potencias extranjeras involucradas en Venezuela deberían por lo tanto trabajar para lograr la unidad opositora, o al menos no tomar medidas que militen contra ella, dado el papel fundamental que probablemente desempeñará en encontrar una salida a la crisis. Deberían seguir presionando al gobierno para que celebre negociaciones de buena fe, insistiendo en que se comprometa a desarrollar medidas de fomento de la confianza y una amplia agenda de negociaciones. Por ahora, el impulso de esta presión proviene de la iniciativa europea del “grupo de contacto”, que debería fortalecer el apoyo internacional hacia unas negociaciones significativas entre el gobierno venezolano y la oposición.

Al mismo tiempo, las potencias extranjeras deberían alentar a los líderes opositores dentro del país a ponerse de acuerdo sobre un nuevo liderazgo y mantener un firme apoyo por una oposición unida dedicada a una transición pacífica. Lo más importante, tal vez, es que EE.UU. ponga fin a sus declaraciones que sugieren que está considerando activamente una intervención militar. Tal intervención no solo sería desastrosa, sino que la mera sugerencia podría hacer que los líderes partidarios de la negociación abandonen su postura a favor de una línea más dura.

A pesar de que hay varias iniciativas en curso para restaurar al menos parcialmente la unidad y acordar una estrategia común con la oposición para poner fin a la crisis, es difícil ver con optimismo la posibilidad de encontrar una solución al actual caos en el corto plazo. Mientras persista, las perspectivas de resolver la crisis serán escasas. Las potencias extranjeras y la diáspora opositora estarán tentados de buscar atajos que – en el mejor de los casos – no lograrán aliviar la situación. La presión externa es fundamental. Pero una solución duradera a la actual situación de Venezuela solo puede venir de adentro, y entre otras cosas exigirá que venezolanos con diferentes convicciones políticas acuerden los términos de la transición. El proceso comenzará cuando aquellos dentro de la oposición que aún estén comprometidos con este enfoque superen sus diferencias personales y políticas. Cuanto antes lo hagan, mejor.

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