Columna El Muro, 08.01.2018 Raúl Andrés Sanhueza C. (diplomático) y José Ignacio Pinochet (abogado y ex Seremi)
Según Margarita Schuster (“Relación Bilateral Chile-Perú. Más Allá de La Haya”, Tesis para el Magister de Estudios Internacionales por la Universidad de Chile), el 20 de octubre de 2000, Perú remitió a Chile la Nota RE(GAB) N°6-14/113 recordando que la delimitación del límite marítimo estaba pendiente. La Nota no fue contestada.
El 19 de julio de 2004, Perú envió a Chile la Nota RE(GAB) N°6/43, que señaló “…Perú y Chile tienen aún pendiente la delimitación marítima de sus respectivas zonas adyacentes, debido a que no han celebrado un tratado específico sobre esta importante materia… se han cursado otras notas entre el Perú y Chile que revelan posiciones jurídicas totalmente discrepantes y opuestas sobre la delimitación marítima; todo ello, de conformidad con el Derecho Internacional, configura una controversia jurídica.”
El 10 de septiembre de 2004, Chile respondió señalando “…no resulta procedente referirse a negociaciones sobre convenios vigentes, que han establecido el límite marítimo entre Chile y Perú en el paralelo 18°21’03.”
La controversia chileno-peruana quedó establecida y, podemos suponer que la Cancillería chilena se preparó para defenderse de una demanda demorada por la preocupación peruana, por su efecto sobre sus intereses económicos y migratorios.
Sin embargo, el gobierno chileno de marzo de 2006 sufrió la descoordinación entre los brazos político y económico de la política exterior.
El 22 de agosto de 2006, la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de Chile suscribió un Tratado de Libre Comercio con Perú, renegociado en2007. Este tratado ampliaba las disposiciones del ACE 38, incorporando inversiones. Ese mismo año, Chile impulsó una regularización de inmigrantes que benefició a nacionales peruanos.
Gracias a esta descoordinación, Chile propició la demanda peruana, interpuesta en 2008, por la cual, 22.400 kilómetros cuadrados de mar chileno pasaron a ser territorio peruano.
Todo ello, viene a cuento de la aprobación sin discusión en la Cámara de Diputados, de una ley sobre la Cancillería que, al crear una Subsecretaría de Relaciones Económicas y permitir a los servicios públicos crear sus propias embajadas, institucionaliza el desorden de nuestra política exterior.
¿Es este desorden el que el diputado Issa Kort considera “una necesidad de futuro”? ¿Cuánto territorio más tendremos que perder para que nuestras autoridades entiendan que la política exterior es única y coordinada?
