Columna OpinionGlobal, 21.02.2017 Jaime Undurraga M., abogado y consultor de empresas
No puede dejar de llamarnos poderosamente la atención la ocurrencia de un fenómeno que va en aumento en Chile y que pareciera que nadie se da cuenta o que, “si no le toca no le interesa”, o bien, “no hay nada que hacer”. Sémele a ello unas autoridades cada vez más paralizadas o ineficaces.
Nos referimos a lo que llamamos la "captura del Estado", entendiendo por tal las acciones de determinados grupos organizados de presión que logran apoderarse de determinadas áreas que componen el Estado, representadas por instituciones determinadas que prestan servicios, diseñan y ejecutan políticas públicas, y administran bienes nacionales de todos los habitantes del Chile, entre otras funciones. Y se apoderan de ellas, para obtener directamente beneficios para el grupo determinado, en desmedro del resto de los habitantes del país.
No importa el daño a los demás, mientras dichos grupos logren sus objetivos.
Pero el problema ha escalado de tal manera, que ya no solo se puede hablar de una captura del Estado sino también de una "captura del país". No se trata solo de las instituciones, sino de impedir el desarrollo de cualquier actividad legítima que alguien pudiera emprender, de acuerdo a las leyes, mientras dicho impedimento sirva para obtener los resultados buscados. Aunque ello implique impedir la circulación de las personas, el uso de bienes públicos, el destrozo de los mismos, etc.
A lo mejor, Chile está sufriendo el síndrome de "la rana en la olla”. Ello consiste en una rana que está en una olla llena de agua fría y que la ponen al fuego. Poco a poco, el agua se va calentando pero la rana se va acostumbrando paulatinamente hasta que, cuando el agua está demasiado caliente, ya es tarde y no puede saltar fuera, muriendo hervida.
Con el correr de los años nos hemos ido acostumbrando a las acciones de diversos grupos de presión que van conquistando pedazos del Estado o del país, sin que nadie reacciones claramente para impedirlo. Básicamente por razones políticas; por razones de “DDHH”; por razones de conveniencia electoral; o lo que sea. Pero no hay reacción pese a los innegables daños.
¿Ejemplos? Podría darse una larga lista, pero mencionemos sólo algunos: el gremio de la Salud (CONFUSAM); los sindicatos de Codelco; el Colegio de Profesores; los funcionarios de diversos servicios públicos fundamentales para el normal desarrollo de la vida cotidiana de Chile (Registro Civil, Aduanas, etc.); la mayor parte del borde costero “obtenido” por el gremio de los pescadores artesanales; los taxis azules en el Aeropuerto; los gremios portuarios; etc.
No solo son capaces de saltarse la ley que obliga a todos los ciudadanos (como los servicios públicos que no pueden hacer huelgas) sino que también generan problemas y costos a personas que no tienen nada que ver con sus demandas u objetivos. Y, por supuesto, generan costos incalculables al país como un todo. Pero no importa, mientras logren lo que persiguen.
¿Cómo es posible que Chile pase el bochorno ocurrido la semana anterior, con el paso de los cruceros de turismo, cuando los estibadores impidieron la bajada y subida de los pasajeros (turistas de todo el mundo); cuando generaron un costo enorme para la imagen del país y a toda la industria turística que espera su llegada para ofrecer y desarrollar sus legítimas actividades. ¿Qué hubo costos? Por supuesto. Pero no importa mientras logren sus objetivos.
Empieza la temporada de exportación de frutas y los gremios portuarios se declaran en huelga, afectando a toda la actividad exportadora. ¿Costos para el país y para los productores? Sin duda y muy altos. ¿Y así piensa Chile ser país de tránsito hacia el Pacífico? Pero no importa. “Tenemos que aumentar los beneficios para nuestro gremio”. Se pide autorización para una marcha por la principal avenida del país, y las autoridades la dan, sabiendo que van a ocurrir toda clase de desmanes e impidiendo a los demás realizar sus actividades en forma normal. Trate de bucear en el borde costero cercano a caletas de pescadores y lo correrán poco menos que a balazos, porque los productos costeros “les pertenecen”. Los funcionarios de la DCGA quieren negociar beneficios con las autoridades y no atienden el aeropuerto con el grave daños a miles de personas. No importa. “La culpa es de las autoridades por intransigentes”. Suma y sigue.
Si se analiza este tipo de acciones, se llega a la conclusión que uno de los elementos centrales de la estrategia de estos grupos es la cobardía sistemática de utilizar a diversos públicos como instrumentos de presión para lograr sus objetivos. Claro, es lo más fácil, y terminar el conflicto a como dé lugar pasa a ser el objetivo de la autoridad. Luego, cualquier consecuencia para los mismos se diluye misteriosamente. Por ejemplo ¿Cuántos funcionarios del Registro Civil han sido condenados por faltar a su trabajo por más de 30 días, producto de una huelga ilegal?
Para qué hablar de la famosa Modernización del Estado. ¿Existe algún rincón del Estado que no esté capturado por los grupos mencionados? ¿Un Estado qé sea susceptible de modernizarse sin pedir el visto bueno del respectivo grupo de presión? ¿Una modernización qué se pueda plantear en función de objetivos generales de largo plazo para el país y no en función de objetivos económicos de corto plazo del gremio respectivo?
Y nos encontramos con las autoridades siempre calculando, evaluando, analizando pero nunca actuando con la debida firmeza que la ocasión lo amerita. Y no se trata sólo de las actuales autoridades nacionales, sino de una ya casi larga tradición en la materia.
De repente nos vamos a dar cuenta que ya es muy tarde y que el Estado y, Chile en general, está dado “en concesión” a una cantidad numerosa de grupos de presión y que sólo se pueden desarrollar o modernizar sólo aquellos espacios públicos que cuenten con el visto bueno de los respectivos grupos de presión, minoritarios pero eficaces: “The Boiling Frog”.
