Columna El Montonero, 18.01.2019 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
Respetando la Constitución y las leyes
La corrupción en el poder indigna al pueblo, sensibilizándolo al extremo. Lo empuja al linchamiento porque sospecha que las normas procesales que rigen en la administración de justicia son manipuladas por y en favor de los corruptos para beneficiarse y perpetuar un sistema que aborrecen. Y cuando ven la menor señal de pecado en quienes actúan como rectos pontífices de la moral, el rigor se extrema y el furor crece.
Como la corrupción es subterránea y perversa, la suspicacia prefiere nutrirse del rumor, la fuente anónima, el dicho no corroborado y la conspiración tremendista. Privilegia los medios informales y la chismografía como vehículos de información. Es el reino de las redes, de los tuiteros que se engarzan en interminables cadenas de dardos envenenados. Peor aún. Los medios de comunicación tradicionales alimentan ese juego porque mejora el “rating” y las utilidades, justo cuando la economía de la prensa escrita amenaza con el descalabro o la extinción.
Surgen los profetas iracundos, los farsantes de la indignación y los inquisidores que juegan con medios vedados para culpar a la víctima propicia. El encarcelamiento “preventivo” es el camino expeditivo contra el sistema que quieren destruir sin cortapisas legales y procesales. Y cuentan con la ayuda de los ejércitos de reporteros improvisados que, armados de micros y celulares inquieren con ignorancia y corren con respuestas para preguntar al siguiente qué opina sobre lo que dijo el anterior. ¿Puede suponerse que actúan por cuenta propia o siguen las indicaciones de sus matrices?.
Si los bochornosos destapes sobre las redes podridas del poder judicial y su contubernio con el organismo que nombraba y removía jueces y fiscales justificaron que el Presidente fuera el primero en alzar la voz ¿no debería ahora llamar a la serenidad para controlar la histeria colectiva que nos afecta? Vizcarra no puede ignorar que la corrupción viene con el delito y que, por desgracia, ambos son inherentes a la condición humana. A ello obedecen los sistemas de justicia que protegen los derechos de la sociedad y del individuo.
Parte del problema - no de la solución - son los fiscales y jueces que han descubierto cómo pasar del anonimato profesional a la notoriedad; y de la frustración al calor de las entrevistas en los medios que los solicitan, ignoran o condenan, según contribuyan o no al calor del “debate” fuera de los juzgados.
En este ambiente enfermizo, manipulado y maniqueo, en que las detenciones preventivas ya no son la excepción sino la regla, no puede reformarse el sistema de justicia. En este clima de persecución, maledicencia y confrontación ¿alguien consideró la sugerencia de Lourdes Flores cuando propuso crear una escuela de jueces, siguiendo el ejemplo de Francia? ¿Alguien sugirió que esa misma escuela podría “perfeccionar” también a los fiscales, tan necesitados de formación como los jueces? ¿O es que nadie es consciente de la mayoritaria mediocridad en la judicatura y las fiscalías? ¿No sería un estímulo bonificar remuneraciones tan modestas según el rendimiento y la honestidad, premiando la meritocracia? ¿No es urgente priorizar la cooperación internacional para modernizar sistemas informáticos, recuperar el tiempo perdido y garantizar un mínimo de eficiencia en la prestación del principal servicio público de cualquier Estado digno de ese nombre?
No es posible luchar contra la corrupción sin respeto a la Constitución y las leyes. Los políticos lo saben y deberían actuar en consecuencia. Los jueces no pueden adelantar opinión sobre los casos que juzgan, y el Jefe de Estado no puede pronunciarse en materias que competen a poderes constitucionalmente autónomos con la excusa de que sus pareceres políticos no implican una interferencia que por lo menos rasguña el Estado de Derecho.
Existe un Consejo de Estado donde los poderes públicos pueden y deben debatir las ostensibles falencias de todos ellos para mejorar la gestión de problemas que afectan a todos los ciudadanos. El Presidente debería convocarlo semanalmente y hacerlo funcionar con eficacia.
