La crisis en Chile y el fantasma de Allende

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Informe21, 22.11.2019
José Ignacio Moreno León, administrador venezolano (UCV-Harvard) y ex rector (U. Metropolitana)

El pasado lunes 18 se cumplió un mes de las violentas protestas a que ha estado sometido Chile, las cuales casi sorpresivamente se desataron -como han señalado algunos calificados voceros de la izquierda radical-, respondiendo en gran medida a la estrategia desestabilizadora de las democracias de América Latina promovida por el socialista Foro de Sao Paulo. Estos acontecimientos requieren para su explicación repasar la historia sociopolítica de ese país austral, durante las cinco décadas que se inician con la llegada al poder del médico Salvador Allende y su intento de impulsar en el país un modelo populista marxista, promovido como la vía chilena al socialismo.

Luego de tres intentos anteriores en los que había sido candidato, Salvador Allende Gossens llegó al poder en Chile en las elecciones de  noviembre de 1970 en un cerrado triunfo sobre su más cercano contendor, el conservador Jorge Alessandri y mediante un acuerdo parlamentario que lo confirmó como presidente con el apoyo de la Democracia Cristiana. Desde sus comienzos y como primer presidente marxista electo en América Latina, Allende se propuso realizar un programa para una rápida transición del capitalismo al socialismo mediante la consigna de “avanzar sin transar”, con un violenta política de expropiaciones, nacionalizando todo tipo de empresas, rápido intento de reactivación económica y drástica distribución de la riqueza, profundizando la reforma agraria con apoyo a la toma de tierras por los campesinos, congelación  de precios, aumento de sueldos en 20% e incremento desordenado del gasto público.

Los resultados desfavorables de esas políticas, típicas del populismo macroeconómico y de todos los sistemas marxistas de gobierno, se empezaron a sentir a partir del segundo año de su gestión. Se generó un notable incremento de precios que de 34,5% en 1971 se remontaron a 605,9% en 1973, por lo que los sueldos -con todo y el aumento referido-, ya para 1973 eran un 30% inferiores a los del inicio del gobierno en 1970. El gasto público se incrementó del 26,4% al 44,9%, generando un déficit del 25% del PIB y una deuda externa que llegó a 253 millones de dólares.

A todo ese desastre económico se agregó una fuerte confrontación institucional provocada por la intransigencia del Jefe del Estado y su movimiento la Unidad Popular, conformado por una coalición de partidos políticos de izquierda, lo que estuvo a punto de llevar el país a una guerra civil. Por cierto, en ese entorno de ingobernabilidad que estaba enfrentando,  Allende llegó a pronunciar en 1972, en una conferencia en la Logia Mazónica de Santiago –de la cual era miembro-, su profética sentencia que “solo saldría de la Moneda en un traje de madera” y fue así como lo hizo, cuando el 11 de septiembre de 1973, frente a la crisis descrita, se produjo el golpe de Estado liderado por el General Augusto Pinochet -quien apenas dos semanas antes había sido designado por el presidente como Comandante en Jefe del Ejército-, y ante el acoso de los golpistas Allende optó por quitarse la vida en su oficina del palacio presidencial, con un rifle de asalto soviético AK-47, regalo de Fidel Castro en su visita a Chile, en noviembre de 1971, durante la cual por tres semanas estuvo participando a lo largo del país en concentraciones públicas y con los movimientos sindicales, promoviendo las luchas revolucionarias y la confrontación de clases, y fustigando duramente a la oposición con abierta intervención en la política interna del país.

Culminaron así 1000 días de un gobierno populista-socialista que, además de dejar a Chile una grave crisis económica y social, con la más elevada inflación de su historia, generó las condiciones para que se estableciera en el país, por 17 años la férrea dictadura de Pinochet, la cual impulsó un programa económico neoliberal, mediante la conducción de los llamados Chicago Boys, promoviendo la liberación financiera, la reducción importante de la intervención del Estado en la economía, la privatización de empresas incluyendo servicios básicos como luz y agua y varias áreas de la educación y la salud, e incentivando la activa promoción de la inversión extranjera. Con todas esas medidas la dictadura logró la reactivación de la economía chilena, pero a costa de una marcada represión política y violación de los derechos humanos y con poca atención a los efectos sociales negativos derivados de ese modelo de libre mercado.

Chile recobró la democracia con las elecciones presidenciales de diciembre de 1989 y desde 1990 se han turnado en el poder, en elecciones libres y en el marco de la llamada Concertación, cinco presidentes de centro izquierda: Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet por dos períodos y a quien le sucedió Sebastián Piñera de la centro derecha, igualmente reelecto y quien actualmente es quién enfrenta la grave conmoción social que vive el país. Durante este período de casi tres décadas el país ha tenido una marcada estabilidad política y un proceso de desarrollo calificado como el más exitoso de América Latina y que le ha permitido a Chile convertirse en la quinta mayor economía de la región.

Indicadores generados por organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI corroboran, en el frío lenguaje de las cifras, el evidente progreso de la economía chilena, logrado en las últimas tres décadas con los gobiernos democráticos y el cual contrasta marcadamente con países de la región sometidos a regímenes de sesgo socialista. Así por ejemplo, la evolución del PIB de Chile pasó de 33.840 millones de dólares en 1990 a 303.279 para el presente año, mientras que en el caso de Venezuela el cambio para el mismo período fue de 49.358 millones de dólares en 1990 a apenas 73.745 millones de dólares en la actualidad. En cuanto al PIB per cápita, mientras el de Chile en la actualidad es de 16.079 dólares, el de Venezuela es de 3.374 dólares que ubica al país con el cuarto más bajo PIB per cápita de la región, seguido de Honduras (2.521), Nicaragua (2.108) y Haití, el más pobre (857).

Según cifras de finales de este año Chile tiene el tercer salario mínimo más importante de la región con 397 US$, sólo superado por Costa Rica (528 US$) y Uruguay (401 US$), en contraste con Venezuela que tiene el salario mínimo más bajo de la región con sólo 5 US$. Mientras que el promedio de personas en situación de pobreza en América Latina para 2018 fue de 30.2% y 10% en pobreza extrema, las cifras para Chile fueron de 8.6% y 1.4% respectivamente. En el caso de Venezuela, ya para 2016, las encuestas internas señalaban un indicador de pobreza de 81.8%, con 51% en pobreza extrema. Chile lidera igualmente el indicador de esperanza de vida con 79.7 años, mientras que el promedio regional es de 75.2 años. Igualmente Chile tiene el mayor promedio de años de escolaridad con 10.3 años, el promedio de América Latina es de 9 años y 6.19 en Venezuela. Los indicadores de Transparencia Internacional que reflejan la percepción de corrupción en el país, igualmente destacan a Chile entre los países de América Latina y el Caribe con muy poca percepción de corrupción y entre los primeros 27 países del mundo con menos corrupción, mientras que países con regímenes socialistas y totalitarios como Nicaragua (149) y Venezuela (163) aparecen entre los más corruptos de la región y del mundo.

A pesar de los indicadores de progreso señalados que ubican a Chile por encima de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, no hay dudas que aún persisten fallas que, aunque son típicas de muchas de las economías Latinoamericanas, en el caso de Chile se hacen más evidentes, precisamente porque contrastan con los  logros macroeconómicos obtenidos en las últimas tres décadas. Fallas que, en todo caso no justifican la barbarie de protestas desatadas como estallido social desde el 18 de octubre y que aún se mantienen no solo en Santiago sino también en la mayoría de las regiones del país. Han sido acciones vandálicas muy bien orquestadas y que se iniciaron en el sector estudiantil como rechazo al incremento de un 3% en las tarifas del transporte pero que fue solo el reflejo inicial del descontento acumulado de la población frente a agudos problemas sociales no resueltos, tales como las dificultades para el acceso a los sistemas de salud y educación mayoritariamente privatizados, mientras que la contraparte pública es notablemente ineficiente. Similares fallas presenta el sistema de pensiones ya que, como señala Rolf Luders quien fuera ministro de economía de Pinochet, “al haberse logrado un incremento en las expectativas de vida y frente al crecimiento de los salarios reales y largos períodos de no contribuyentes se ha provocado que el ingreso promedio para cubrir la jubilación al retiro no supere el 40% del último salario…” es por eso que se estima que esta es la principal causa de los reclamos sociales. Además, según un informe de la CEPAL (2017), el desarrollo de Chile no refleja aún una adecuada distribución de las cifras del progreso ya que el 50% de los hogares de menos ingresos apenas accedió al 2.1% de la riqueza neta del país, mientras el 10% de los más adinerados concentró el 66%.

Aunque desde el comienzo de los gobiernos democráticos y para darle mayor sentido social a la nueva política económica, se empezó a hablar del objetivo de consolidar en Chile un sistema de Economía Social de Mercado que parcialmente se ha logrado, lo cierto es que los estudios señalan que aunque la red social en Chile se está mejorando, todavía muestras muchas falencias que deben superarse y que se reflejan en la poca movilidad social, la persistencia de la mentalidad asistencialista en los niveles bajos de la población, la mentalidad patronal de muchos empresarios y el sesgo ideológico y actitud confrontacional que dificulta la solución de conflictos laborales.

En todo caso y aún con las fallas señaladas en el desarrollo chileno, tal y como hemos descrito muy pocos países de la región han logrado los avances de Chile en su proceso de desarrollo y por eso no hay dudas que la turbulencia social que mantiene el país en crisis responde primordialmente a la estrategia desestabilizadoras de las democracias de la región impulsada por el Foro de Sao Paulo.  Aunque en el caso específico de ese país pareciera que el fantasma de Allende aupara el vandalismo y la anarquía que se está desarrollando. Recordar que en 1967, en el congreso anual de su partido socialista Allende señalaba que “solo destruyendo el aparato democrático-militar del Estado burgués se puede consolidar la revolución socialista” y que “…las formas pacíficas y legales de lucha no conducen por si mismas al poder.” La destrucción de instalaciones del metro de Santiago, los ataques a iglesias, edificios públicos y una universidad, la quema de la sede de El Mercurio, los saqueos de 60 locales de una cadena internacional de tiendas, los ataques a la Escuela Militar del comando de Ingenieros, son acciones que responden a esos violentos objetivos de lucha.

No hay dudas que los violentos acontecimientos promovidos para desestabilizar las instituciones chilenas van a generar graves consecuencias económicas a ese país, lo cual posiblemente contribuya a empeorar la crisis que ha provocado más de 15 fallecidos y cerca de 800 detenidos, como consecuencia de más de 350 focos de violencia y la represión de las mismas por las autoridades del gobierno.

El pasado 15 de este mes, el gobierno y el 90% de las organizaciones políticas del país firmaron un Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución  para realizar un plebiscito nacional en abril del próximo año, como consulta a los chilenos sobre la posibilidad de iniciar un proceso constituyente para una nueva Constitución y generar los mecanismos para dicho proceso. Hasta la fecha no ha habido ninguna manifestación positiva de quienes han promovido la crisis ante la iniciativa gubernamental y el Acuerdo referido. Habría que preguntarle entonces a los revoltosos y a quienes los respaldan si es que pretenden retrotraer el país al fracasado ensayo de la vía chilena al socialismo, ese disparatado experimento marxista de ingeniería social, causante de una grave confrontación política y que condujo al país al desastre económico y a los 17 años de la dictadura militar de Pinochet.

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