La demanda marítima boliviana y sus campañas de difamación contra Chile

Columna
El Líbero, 16.02.2016
Juan Salazar Sparks, cientista político, embajador (r) y director ejecutivo de CEPERI

Para poder explicarse el irredentismo boliviano sobre lo que llama la recuperación del “litoral marítimo” hay que decir dos cosas por su nombre: (i) Por una parte, es una causa maximalista y emocional, que ha servido para mantener cohesionado a un país de fuertes divisiones internas (por ello el estado plurinacional), junto con problemas estructurales y falta de desarrollo perennes. A partir de 2009, la reivindicación marítima quedó consignada en el art. 267 de la Constitución Política: “…su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”; y (ii) Por otra parte, las campañas bolivianas han distorsionado recurrentemente la verdad histórica, al sostener que Chile le usurpó territorio, luego le impuso un tratado de paz y, finalmente, se ha negado a negociar una solución a su aspiración marítima.

Historia versus propaganda

La propaganda altiplánica olvida, por ejemplo, que Bolivia buscó y consiguió en 1873 firmar un Tratado secreto de Alianza con Perú, que si bien se declaraba defensivo estaba apuntado claramente contra Chile (pidieron sin éxito que se les uniera Argentina). También olvida que el aumento de impuestos de La Paz sobre las salitreras chilenas violaba el Tratado de 1874, antecedente inmediato de la Guerra del Pacífico (1879-1883). Chile reclamaba derechos territoriales sobre la región antes de 1879 y, en nombre de ellos, fue a la guerra tras la aludida violación.

Asimismo, no hay que olvidar que, en esa infausta guerra, los bolivianos no sólo arrastraron al Perú a combatir, sino que después abandonaron vergonzosamente a su aliado mucho antes del fin del conflicto. No hubo usurpación de territorio, sino una guerra y sus consecuencias (siglo XIX). Tampoco hubo engaños, presiones ni agresiones posteriores, sino un traspaso libremente acordado entre los dos países, ya que Chile y Bolivia firmaron el Tratado de Paz y Amistad de 1904 veinte años después del Pacto de Tregua (1884) que puso fin a la Guerra del Pacífico (1879-1883).

La paz no fue impuesta, porque Bolivia fue la parte que propuso los asuntos centrales del acuerdo, atendiendo el interés de los barones del estaño. Para el país altiplánico era claramente ventajosa la compensación que recibió en la forma de la construcción de un costoso ferrocarril para sacar su producto de exportación más importante (estaño), como asimismo el libre tránsito (algo hasta ese momento inédito) ofrecido por Chile a cambio del litoral. En fin, Bolivia negoció libremente un traspaso de territorio a cambio del pago de 300.000 libras esterlinas, la construcción del ferrocarril Arica-La Paz, la concesión de créditos para la construcción de otros ferrocarriles al interior de Bolivia, y de que Chile concediera un libre tránsito comercial boliviano a perpetuidad por puertos chilenos (en la I y II regiones).

Desarrollo del irredentismo boliviano

Es importante consignar que la campaña de reivindicación marítima boliviana se inició sólo después de la firma de la paz. El oportunismo político de las autoridades altiplánicas fue evidente. Primero fueron férreas defensoras del Tratado de 1904, tanto que el General Ismael Montes expuso el proyecto de tratado durante su campaña presidencial y, una vez electo, el Congreso lo aprobó por amplísima mayoría previendo sus infinitos beneficios. Pero años después (hacia 1908), esperaron que la mayoría de los compromisos chilenos se hubiesen cumplido antes de comenzar a cuestionar la validez del tratado. Acariciaban nuevas aspiraciones portuarias, las mismas que antes habían renunciado a perpetuidad. En 1910, el Canciller boliviano solicitaba una salida al mar por Tacna o Arica (ambos en posesión de Chile) a cambio de “compensaciones satisfactorias”. Por el lado chileno, a su vez, la desidia de algunos políticos y un mal entendido espíritu integracionista–americanista de muchos compatriotas abrieron el camino para que nuestro país accediera, ingenuamente, a sucesivas negociaciones sobre las aspiraciones bolivianas, lo que sumado al cambio de postura en La Paz permitió que la demanda marítima boliviana se instalara en el tiempo.

En ese largo camino de reivindicación marítima y de difamación contra Chile, cabría destacar las dos intentonas bolivianas por la revisión del Tratado de 1904 ante la Liga de las Naciones (1920 y 1921). En la primera demanda, Bolivia invocó el art.10 del Tratado de Versalles para obtener la revisión del Tratado de Paz y Amistad con Chile (1904), porque nuestro país lo habría impuesto por la fuerza (con violencia), no había cumplido algunos de sus compromisos fundamentales, el estado de cosas era una amenaza permanente de guerra, y por su situación de enclaustramiento (carácter mediterráneo). La liga rechazó la demanda sobre la base de que el Pacto de Tregua (1884) había terminado con el “peligro de guerra”. Ante ese ruidoso fracaso diplomático y la permanente inestabilidad política interna, Bolivia presentó una segunda demanda con sentimientos emocionales más que argumentaciones jurídicas. El informe ordenado por el presidente de la Asamblea de la Liga al respecto terminó siendo lapidario, al sostener que “tal como ha sido presentada la demanda de Bolivia, es inadmisible, porque la Asamblea de la Liga de las Naciones no puede modificar por sí misma ningún pacto y porque la revisión de los Tratados es de la sola competencia de los Estados contratantes”.

La demanda boliviana actual

El gobierno boliviano, desde el 11 de marzo del 2011 hasta mediados del 2012 habló profusamente sobre la impugnación del Tratado de 1904. Solo cuando sus abogados externos advirtieron que ese era un camino hacia el fracaso, optó por inventar lo de la “obligación chilena de negociar”.

Hoy, la demanda presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya (CIJ), que dice que Chile tiene la obligación de negociar una salida soberana al Pacífico, emplea una estrategia similar a las del pasado. Si bien no cuestiona el Tratado de 1904 ni buscaría su revisión, está claro que su intención indirecta es cambiar el pacta sunt servanda (“lo pactado obliga”). Es decir, pretende una “revisión encubierta”, desde el momento en que sostiene que existe una obligación de parte de Chile de negociar algo ya resuelto en 1904, porque se habría comprometido unilateralmente, desde 1904 en adelante, a negociar una salida al mar soberana para Bolivia.

Nuestro vecino tiene ahora la ventaja de que la CIJ es un tribunal que, en sus fallos, antepone la equidad a la estricta aplicación del derecho (véanse los fallos Colombia-Nicaragua, Chile-Perú y Chile-Bolivia en lo atingente a las objeciones preliminares). Y, por eso mismo, la tradicional línea jurídica chilena de respeto a los tratados ha resultado insuficiente.

En ese contexto, la estrategia boliviana se caracteriza, al igual que en el pasado, por ser esencialmente emocional y basada en la desinformación. Su postura no es jurídica y, gane o pierda el juicio, lo que busca es crear la imagen de un país pequeño y atrasado, en razón del enclaustramiento impuesto por su vecino hegemónico, a fin de recibir el apoyo internacional para presionar a Chile a hacer concesiones.

Los errores de la defensa chilena

El primer error de la diplomacia chilena fue no rediseñar su estrategia tras al fallo de la CIJ en la demanda marítima peruana. El manejo de nuestra defensa para el caso boliviano se mantuvo en manos de abogados (externos por lo demás), con el mismo enfoque displicente sobre el derecho de los tratados, y sin la adecuada asesoría diplomática: por primera vez en la historia de la República, en la Agencia no hay un diplomático profesional. Chile designó, además, como juez ad hoc en la CIJ, a una jurista canadiense especialista en derechos humanos (funcionaria de Naciones Unidas), sin ninguna experiencia en litigios de soberanía ni en la Corte.

A pesar del rechazo categórico de la CIJ a las objeciones preliminares (14 votos por 2), el gobierno no encontró nada mejor que tildarlo de triunfo, porque el fallo no implicaba una cesión de soberanía, con lo cual los jueces se habrán frotado las manos al ver un país que reacciona así a sus dictámenes no jurídicos. Lo mismo pasa con las interpretaciones del señor Canciller, quien afirmara que las declaraciones del Papa, Merkel y Hollande habían sido favorables para Chile. Para qué insistir en otros descalabros del ministro, tales como el “nos vemos en La Haya”.

Ante la crítica suscitada en la sociedad civil por el fracaso del recurso sobre objeciones preliminares en la CIJ, la Cancillería cometió un segundo error elemental. En lugar de cambiar de estrategia, insistió en la misma línea legalista y -como medida cosmética- nombró a tres nuevos asesores externos, incluyendo un embajador en misión especial en la persona de un operador político. Después vino el cambio de agente (Bulnes), lo que refleja claramente que el caso estaba mal llevado: Ningún país cambia de agente si no es por algo grave. Al molesto abogado renunciante, lo reemplazó un político experimentado (Insulza) que ha destacado siempre por su “muñeca” negociadora antes que por un conocimiento específico (ante la Corte). Él tenía sus ojos puestos en La Moneda, pero se encontraba huérfano políticamente y le acomodaba esta nueva posición.

Son estas características personales las que nos podrían llevar a un tercer error. El nuevo agente chileno ha exteriorizado su idea de volver a un “diálogo directo” con Bolivia si dicho país se desiste de su demanda ante la CIJ. Nuestro vecino no va a cejar en algo que tiene prácticamente en el bolsillo (un fallo llamando a la negociación bilateral) y, si por arte o magia, acepta reemprender la agenda de los 13 puntos, habremos asumido otra vez el compromiso de buscar una “salida soberana al mar de Bolivia”.

Los pasos a seguir

No podemos seguir confiados en nuestra defensa jurídica tradicional; y, en lo mediático, no debemos hacerle el juego a Evo Morales. El podrá pasearse por el mundo diciendo lo que se le antoje, pero Chile debe mantenerse firme en su posición de no hacer concesiones territoriales.

La Cancillería se ha mostrado reticente a denunciar el Pacto de Bogotá, lo que es grave para el futuro de Chile. El tema de la denuncia se ha discutido en diversos ámbitos y no se puede seguir dilatando. Hay que denunciar el Pacto de Bogotá ya, porque la CIJ no nos ofrece ninguna garantía para nuestra integridad territorial. Al contrario, ha abierto la puerta para que otros Estados Partes pudieren reabrir controversias sujetas a un tratado vigente a la época de celebración del Pacto de Bogotá, atentando así contra la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones entre dichos Estados.

Decir que hay que reflexionar más, porque dicho paso puede molestar a los jueces, es sencillamente aberrante. Los argumentos en el sentido de que nuestra imagen internacional o nuestro prestigio jurídico quedarán en entredicho, son falaces. La señal que daremos a la Corte no será que estamos ofuscados ni que “tiramos el mantel”, sino que no estamos dispuestos a ser “conejillos de Indias” de su nuevo derecho internacional.

Nuestro mensaje a Bolivia debe ser alto y claro: Chile nada le debe y ningún país está obligado a ceder territorio. No podemos caer en las contradicciones del pasado ni insinuar que estamos dispuestos a abrir negociaciones que involucren soberanía. Eso es precisamente a lo que juega Bolivia, aumentando la presión contra Chile con verdades, medias verdades e incluso mentiras.

Sin perjuicio de sostener esa posición firme, la Cancillería chilena siempre podrá ofrecer en el futuro el proyecto para un gran polo de desarrollo e integración en el norte, que involucre a nuestros dos vecinos e invite a cada una de las partes a hacer los aportes pertinentes (agua, energía, infraestructura, servicios, territorios, etc.). En suma, una cosa es sumarse a una causa supranacional (eso sí es americanismo) y otra muy distinta es la de ceder ante reclamaciones arbitrarias de terceros (eso es mero nacionalismo).