Artículo Revista ADE, 10.07.2018 Oscar Hernández Bernalette, embajador (r), profesor (UCV) y columnista venezolano
Cuando los países no son consecuentes con una diplomacia de Estado, se arriesga en el tiempo perder importantes decisiones y estrategias en beneficio de la seguridad y la integridad territorial. La larga disputa entre Venezuela y Guyana se complica aún más. Ciertamente, el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre los dos países le otorgó al Secretario General de las Naciones Unidas la responsabilidad de encontrar un medio de solución pacífica entre los estipulados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Establece, igualmente, que si el medio propuesto no logra una solución podrá buscar otro mecanismo.
Recordemos que el centro de esta disputa tiene como fechas fundamentales, en primer lugar 1898, cuando el Reino Unido y Venezuela se someten a un arbitraje internacional, conocido como Laudo Arbitral de París, que falla a favor del primero y establece soberanía sobre la región del Esequibo. Este documento concede a Venezuela soberanía sobre las bocas del río Orinoco y una pequeña parte del territorio en disputa.
Es en 1962 que el Gobierno democrático de Venezuela denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas, que el laudo internacional de París es “nulo e irrito” por lo que inician unas etapas de negociaciones entre ambos territorios en el marco del llamado Acuerdo de Ginebra de 1966.
Por su parte, el entonces Secretario General Ban Ki-Moon, le había informado a ambas partes un esquema con los pasos que consideraría seguirse para la resolución del conflicto. Recalcó que el proceso de los buenos oficios que se inició en 1990 se continuaría solo hasta finales de 2017, en el entendido de que si no se alcanzaba un acuerdo, su sucesor escogería la Corte Internacional de Justicia, a menos que los países en disputa la rechazaran.
La diplomacia venezolana, no disputó esta opción bajo el argumento de que para la Corte Internacional de Justicia constituirse en parte de un proceso, cualquier Estado parte de un litigio debe expresar su consentimiento, aceptar su jurisdicción. En ese sentido el jurista y Embajador Víctor Rodríguez Cedeño, es muy diáfano al confirmar que: “Venezuela nunca ha aceptado la jurisdicción de la Corte mediante una declaración unilateral, tampoco por un acuerdo, sea bilateral o multilateral o de cualquier otro acto, como lo prevé su Estatuto. Guyana considera, sin embargo, que la “remisión” por el Secretario General de las Naciones Unidas a la Corte, en virtud del Acuerdo de Ginebra de 1966, sería la base jurídica del consentimiento de Venezuela para aceptar la jurisdicción del tribunal. El Secretario General, debemos precisar a este respecto, no tenía ninguna facultad para actuar y someter en su nombre ni en el de uno o más Estados una controversia a la Corte. El envío o simple remisión del caso sobre el Esequibo que opone a Venezuela y Guyana no puede, en consecuencia, activar de ninguna manera la competencia de la Corte que depende, como es sabido, del consentimiento de los Estados partes en la misma para someterse a ella.”
Sin embargo, llegó el momento, no se alcanzó un acuerdo y el Secretario General procede unilateralmente, según lo supuestamente acordado entre las partes. Guyana lo recibe con complacencia. El presidente de Guyana, general David Granger, logró un objetivo porque ha sido este precisamente el país interesado en que la disputa llegue a la Corte Internacional de Justicia, en donde encontrará suficiente comprensión para su causa; tanto por las razones históricas que no eran de su competencia, pues no existía como nación independiente, como por la cantidad de pronunciamientos y errores de Venezuela en estos últimos años, que pudieran eventualmente ser usados en la Corte contra las tesis venezolanas, fundadas en un arbitraje írrito y viciado, como bien se ha demostrado hasta el cansancio.
Venezuela, desde el Acuerdo en Ginebra, no ha tenido interés en otro mecanismo que no sea el de la negociación con miras a una solución pacífica y de mutuo beneficio para las partes, así lo establece el acuerdo y así debe mantenerse. Sin duda, nuestra diplomacia se descuidó en estos últimos años y es responsable al no prever que esta opción estaba vigente y en uno de los peores momentos de la historia republicana para someterse a un arbitraje internacional. Por otra parte, el Secretario General, en conocimiento de la crisis que atraviesa el país, debió proponer un waiver o congelar cualquier decisión mientras la crisis nacional persista. El país está en desventaja por la dimensión de la controversia interna y su capacidad de maniobra internacional.
Con argumentos de peso, el Consejo Venezolano de las Relaciones Internacionales afirma: “Observamos una falta de coherencia al querer resolver en forma expedita un diferendo territorial cuando la propia ONU ha reconocido que una de las partes, Venezuela, atraviesa una severa crisis humanitaria”.
Recuerda que Guyana, reconoce la crisis al ser signataria de la Declaración Grupo de Lima, acordada el 23 de enero de 2018. Aseguran que estamos ante una clara falta de competencias del Secretario General de la ONU para remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia. El propio V. Rodríguez insiste en que:
“La Corte no sería competente para conocer esta controversia, y además, que en el supuesto negado de que declarase que sí lo es, la controversia sería inadmisible. El tribunal deberá señalar en su decisión, adicionalmente, que las partes, sin que ello signifique que se deben agotar consecutivamente los medios enunciados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, deberían recurrir, después de los buenos oficios ejercidos sin éxito por el secretario general de la ONU, a un proceso de mediación que se descartó, a mi modo de ver, de manera arbitraria e inconveniente.”
Por su parte el gobierno de Venezuela informó a la CIJ:
“Su decisión soberana de no participar en el procedimiento que pretende incoar Guyana, por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente por el país vecino, que no cuenta con el consentimiento de Venezuela. Esta decisión, informada debidamente a la Corte Internacional de Justicia, es cónsona con la posición histórica de Venezuela de no reconocer jurisdicción a dicha instancia judicial internacional -en ningún caso- y menos para la resolución de esta controversia, en la que Venezuela no escatimará esfuerzos en la defensa de sus legítimos derechos sobre la Guayana Esequiba.”
En esta oportunidad, nuestra diplomacia está tan débil como estuvo en los tiempos del Laudo Arbitral. Ojalá que el gobierno entienda la dimensión de esta situación y actúe en nuestra defensa con visión de Estado y responsabilidad histórica. Este es un tema que debe quedar excluido de la diatriba nacional.
