La hora de Chile

Columna
PanAm Post, 31.10.2019
Pamela Pizarro, directora ejecutiva  de la Fundación Cuide Chile
  • Chile, en país con mayor crecimiento económico en los últimos años, presenta hoy una violenta crisis social. ¿Por qué?

Hoy son muchos los factores que confluyen en la explosión social de los días pasados. En general, se ha identificado como la principal de sus causas un descontento social acumulado durante años por una clase media que durante las tres décadas pasadas alcanzó niveles de bienestar crecientes y sostenidos en el tiempo.

En lo central, este progreso se alcanzó a través de un modelo e institucionalidad económica absolutamente distinta de aquella que nos mantuvo por más de 70 años en condiciones bajo las cuales se perpetuaba la pobreza.

Sin embargo, con los años, bajo el argumento de la redistribución de la riqueza, la politización de la vida social y la codicia de la clase política, los impuestos fueron aumentando, así como también el tamaño del Estado, que definitivamente pasó a ser un botín de los partidos políticos.

Al mismo tiempo, el mismo conglomerado político que ahora exige explicaciones al Gobierno, fue el que licitó las carreteras bajo contratos cuyas condiciones técnicas hacían muy difícil su comprensión para el común de la clase política, pero cuyos abusivos efectos pronto se hicieron sentir en sus usuarios.

Por otro lado, poco a poco fueron decayendo las oportunidades de empleo, la competencia en el mercado y, con estas, la posibilidad de la gente de acceder a un poder adquisitivo razonable.

Asimismo, la mayoría de la clase empresarial que en las tres décadas pasadas se había hecho propietaria de los monopolios económicos, ya consolidada y por lo tanto, capaz de soportar los altos costos impositivos, se vio en presencia de un Estado enfocado más en problemas de elite que atender lo que hoy pasaron a ser las «urgencias sociales» y de su rol fiscalizador.

Por ejemplo, los casos de colusión, las «canelas» de las farmacias y el abusivo precio de los fármacos, así como una serie de prácticas anti-mercado que nadie en el Estado se molestaba en controlar. En fin, totalmente decidor al respecto es el hecho que, aún en las actuales condiciones de desorden social, el Gobierno, en vez de propender a que las farmacias bajen sus precios ajustándolos a estándares internacionales, determina en cambio legislar sobre un subsidio estatal para los medicamentos de alto costo.

Por otro lado, abundantes también son los casos donde los políticos se han servido del Estado para sí. Como muestra, vale considerar que los parlamentarios chilenos tienen las dietas más altas de la OCDE. En este sentido, es totalmente sintomático que aún en estas circunstancias el Gobierno se vea empeñado en gastar millones de dólares, en la realización de la APEC y el COP 25.

En conjunción con lo anterior, la clase política dedicó enormes esfuerzos en sacar adelante proyectos de ley de nula representatividad popular, tales como la ley de aborto, la llamada «Ley de género», y demás.

Todo lo expuesto nos hace comprender que la actual situación de falta de crecimiento económico, corrupción y agobio social, que explotó el pasado 20 de octubre, estaban presentes desde hace al menos una década.

Ahora, ¿cómo se explica que pese al evidente y sostenido progreso económico de las clases medias, se encuentren sin embargo tan indignadas? La respuesta es que, no obstante que no puede desconocerse el éxito de las políticas económicas del libre mercado, hoy las personas tienen clara conciencia que podrían estar mejor, pero que aquello no es posible ante las circunstancias que se han señalado precedentemente.

Ante lo expuesto, se legitima este descontento social, el cual es verdadero y así se siente en el diario vivir.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar a nuevo actor presente en esta crisis social, que estaría inducido y coordinado por la izquierda internacional.

En este sentido, son totalmente aclaratorias las declaraciones de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, refiriéndose al «huracán bolivariano», una de cuyas escalas será Chile, el cual vendrá después de la «brisa» que han significado los pasados disturbios públicos.

Por otro lado, a nivel local, han sido los partidos políticos de izquierda formales, como el P.C., P.S. y F.A. quienes se han negado a aportar a la superación de la crisis, exigiendo en cambio el retiro de las medidas de fuerza militar impuestas como última manifestación del Estado de Derecho, reconociendo que son ellas las que protegieron la seguridad nacional a lo largo de todo el país.

Otro punto es la constante relativización de los actos de violencia por parte de la izquierda y medios de comunicación, que lo único que han logrado es no poner el foco en la realidad de aquella parte de la «ciudadanía»  —no la más acomodada, por cierto— que perdió sus trabajos, su capital logrado con años de esfuerzo o, cuando no, su integridad física o a familiares. Tampoco la de aquellas personas que, si antes se levantaban temprano, ahora deberán hacerlo todavía más para llegar a tiempo a sus trabajos o para poder surtirse de los productos que dejaron de venderse en los supermercados y comercios que fueron vandalizados y quemados en todo Chile.

Con esta relativización, lo que se ha logrado, por parte de la misma izquierda, es que esta revele sus verdaderas intenciones al comenzar a hablar de una Asamblea Constituyente, sin siquiera señalar o avizorar que vendría después, aunque ya lo hemos visto en Cuba, Bolivia y Venezuela, que nos muestran el resto de la historia.

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