Columna Infobae, 04.09.2017 Roberto García Moritán, embajador (r) y ex viceministro de RREE argentino
En este contexto de politización, no será fácil que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopte una decisión en concordancia con las urgencias que plantea el informe del Alto Comisionado
Naciones Unidas ha producido un informe lapidario sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El Alto Comisionado de Naciones Unidas (Acnudh) ha señalado categóricamente, entre otras consideraciones, que el gobierno de Nicolás Maduro aplica una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población con el propósito de frenar manifestaciones. También destaca el uso sistemático de la fuerza excesiva y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos.
El informe del Acnudh no da lugar a dudas sobre las características del gobierno venezolano al enfatizar, sin eufemismo alguno, que esa política contra los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos no es resultado de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados, sino parte de un plan gubernamental diseñado con el objetivo de perseguir a la oposición política al régimen. El documento también pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examine la posibilidad de tomar medidas para evitar que se agrave un cuadro ya de por sí alarmante.
Pese a la gravedad de la situación y la seriedad de la recomendación del Alto Comisionado, es difícil ser optimista sobre la perspectiva de que el Consejo, el órgano principal del sistema de Naciones Unidas con responsabilidad en la defensa de los derechos humanos, ponga la lupa o adopte una acción que prevenga males mayores. El foro enfrenta la alarmante paradoja de estar integrado por un número de países cuyos antecedentes en derechos humanos son cuanto menos polémicos y que tienen la capacidad de boicotear cualquier decisión. Uno de los 47 miembros es justamente Venezuela, cuyo mandato expira en el 2018.
También Venezuela cuenta con el apoyo militante de algunas delegaciones latinoamericanas. De las ocho bancas que corresponden a la región en el Consejo se encuentran además Bolivia, Cuba, Ecuador y El Salvador, con posiciones tradicionalmente afines a Caracas y que integran el ALBA.
En este contexto de politización, no será fácil que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopte una decisión en concordancia con las urgencias que plantea el informe del Alto Comisionado. Es de esperar que Brasil, Paraguay y Panamá, los otros tres latinoamericanos del Consejo, junto con países de otras regiones comprometidos con los derechos humanos, puedan movilizar una mayoría de votos para prevenir que en Venezuela se sigan violando los derechos humanos.
Es desilusionante que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuya responsabilidad primordial es la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo, enfrente el riesgo de inacción por limitaciones políticas. También lo es que esté integrado por países cuyo compromiso con los derechos humanos no concuerda con los propósitos y los objetivos del Consejo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
