Columna El Montonero, 24.11.2017 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
Sistema fiscal debe desempeñarse sin coacción política
La política nacional naufraga entre Lava Jato y Odebrecht sin que se haya comprendido bien las características particulares de un sistema de corrupción complejo y sofisticado, que ha afectado a muchos países fuera del Brasil. “Lava Jato” es una expresión coloquial para designar comercios donde los automóviles se lavan al paso. Tal vez por ello la utilizaron para aludir con ironía a una operación multinacional que implica lavado de dinero en grandes proporciones. Los más altos niveles políticos y empresariales involucrados lo dicen todo: los presidentes socialistas Lula y Rousseff, la gigantesca Petrobras – considerada como “un estado dentro del Estado” y que servía de centro de operaciones-, el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) y las grandes empresas constructoras brasileñas que han sido instrumentos privilegiados de la matriz ideológica de una política exterior de cooperación subsidiada por los inmensos recursos del BNDES. Un esquema oficial inexpugnable y protegido en todos sus extremos.
Como eso está muy lejos de cualquiera de las criollas improvisaciones que plagan la corrupción nacional, parece que se ha optado por “nacionalizar problema”, asumiendo que sus manifestaciones en el Perú son de mayor entidad que las del fenómeno total, y que ello justifica las denuncias y acusaciones constitucionales a las autoridades que no actúan de inmediato contra los sospechosos, aunque sea sobre la base de información preliminar o de trascendidos periodísticos.
El “Acta de Cooperación Jurídica Internacional Brasil/Peru” (9.11.2017) difundida textualmente en El Comercio de Lima (22.11) evidencia que la justicia brasileña otorga la más elevada prioridad a los acuerdos concluidos con los ciudadanos que han ofrecido testimonios cruciales a cambio del tratamiento propio de la “delación premiada” – aquí conocida como colaboración eficaz. Es justo señalar que sin la confianza de los delatores en ese instrumento legal no se habría conseguido la delicada información que la Fiscalía brasileña requería para develar y desmontar los extraordinarios engranajes de Lava Jato.
Pero el Acta bilateral recientemente firmada también revela preocupación por una utilización inapropiada de la información en el Perú y trasunta descontento por hechos (filtraciones) que han ocurrido, y temen que pudieran repetirse. Los temores son más que fundados en el ambiente convulso y polarizado de nuestra política que reclama tan airadamente “transparencia” y acusa al Ministerio Público de negligencia punible, con el propósito principal de encubrir a las empresas de construcción peruanas “consorciadas” con las del Brasil.
Como es evidente que esta situación es ampliamente conocida por las autoridades de nuestro vecino podemos anticipar la aplicación del acuerdo fiscal pactado y la consecuente interrupción del flujo informativo de mayor importancia sobre la Operación Lava Jato (de la cuál Odrebrecht y el Perú son partes minoritarias).
Si este fuera el indeseable desenlace de la situación en curso, es seguro que los primeros beneficiarios serían los corruptos locales que han participado en el entramado criminal de Lava Jato, o en otros actos que podrían no estar conectados a éste, los que no se podría investigar y perseguir sin un sistema fiscal autónomo y capaz de desempeñarse sin coacción política.
Esta sería la mejor lección de este episodio: la importancia de lograr un nivel reconocidamente profesional e independiente del sistema de justicia, que es el principal avance institucional del Brasil post socialista.
