Columna El Montonero, 07.12.2018 J. Eduardo Ponce Vivanco
Y los medios necesarios para lograr
Todos recordamos que Martín Vizcarra juró la Presidencia en el clima de extrema pugnacidad planteado por el dilema vacancia o renuncia de Kuczynski, de una sucesión incierta en la jefatura del gobierno, y de dudas sobre la viabilidad de las alternativas que ofrecía el tablero político. La decisión del entonces Primer Vicepresidente y las coordinaciones del futuro Premier determinaron la salida de todos los ministros anunciada en un breve e impactante mensaje presidencial cuyo elemento más enfático fue invocar la deposición de los odios y enfrentamientos que nos llevaron a tan dramático predicamento. El corolario más visible fue licenciar a todos los ministros, remplazándolos por un gabinete conformado por viceministros, representantes regionales de bajo perfil, y ciudadanos (desconocidos) vinculados con agrupaciones parlamentarias, con exclusión de fujimoristas y apristas. Una ingenua expresión del deseo de consensuar, aunque fuera al costo de evitar decisiones necesarias pero controvertibles.
Después un esforzado y desvaído debut, el nuevo Presidente optó por capitalizar políticamente las escandalosas evidencias de corrupción en el sistema de justicia y personificar la indignación ciudadana. Ha logrado así una representatividad política que no tenía, y que contrasta con la devastación del campo opositor, asolado por la esterilidad de su desempeño parlamentario y el maremoto de Lava Jato/Odebrecht que ha puesto en capilla a toda la baraja de ex presidentes y a la cúpula de Fuerza Popular.
Más allá de lo personal, el sistema democrático sigue demostrando una inesperada resistencia institucional frente al vendaval político que se ha convertido en un fenómeno continuo. Sin embargo, el as del referéndum que sacaron de la manga los asesores presidenciales es de pronóstico reservado. La reforma política ha sido ampliamente cuestionada por la academia porque encierra una simplificación efectista para que las masas respondan “sí o no” a preguntas complejas sin una campaña informativa suficiente sobre sus alcances constitucionales y, por tanto, estructurales para la vida política del Perú. Peor aún, porque la consecuencia más grave de este ejercicio plebiscitario puede abrir la puerta para socavar el régimen económico de la Constitución de 1993, que es la principal aspiración de la izquierda peruana.
El tercer mensaje presidencial a la nación en la CADE (primero fue el de marzo y segundo el del 28 de julio) inspiró un editorial optimista de El Comercio (“Donde manda capitán…”, 5/12/2018), asumiendo que habría coherencia en la implementación de las importantes políticas anunciadas por Vizcarra a los empresarios. No obstante, uno de los “marineros” más conspicuos, el Ministro de Trabajo, acudió raudamente al principal templo de la estabilidad laboral (el Tribunal Constitucional) para reforzar su resistencia a los ajustes de la política que le tocaría instrumentar si compartiera el trascendental objetivo de combatir la informalidad que estrangula la competitividad, el crecimiento y el desarrollo del país.
Esperemos que el Presidente Vizcarra sea consecuente con las proyecciones de su último mensaje y se percate de la perentoria necesidad de incorporar la coherencia como criterio central para conformar un equipo ministerial que secunde las iniciativas y compromisos que ha asumido. La repartija de carteras entre agrupaciones políticas de tendencias divergentes no le permitirá concretar ofrecimientos que exigen una conducción gubernamental cuyos gestores sectoriales se refuercen entre sí, multiplicando, y no restando, eficacia al esfuerzo presidencial - que, sin duda, también necesita una gerencia general que responda a los objetivos que el capitán de la nave ha planteado en Paracas -.
La correspondencia entre los fines y los medios es el mejor augurio navideño que los peruanos podrían recibir del Presidente de la República porque reforzaría las esperanzas que han cifrado en su capacidad de gestión en el segundo año de su gobierno, cualesquiera que sean los resultados del referéndum dominical.
