Menuda paradoja para la ONU

Columna
Las Últimas Noticias, 22.11.2018
José Rodríguez Elizondo

Sorprendió, por lo rotundo, el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que liquidó la demanda boliviana. Sin embargo, en estricto derecho fue una obviedad: ningún tribunal y menos uno de la ONU, podía obligarnos a negociar una cesión de nuestro patrimonio geográfico.

La sorpresa dejó dos preguntas en la nube: ¿Por qué la CIJ se apresuró a rechazar nuestras excepciones de competencia, imponiéndonos los costos políticos y económicos de un proceso artificioso? ¿Por qué demoró cinco años en asumir que la demanda era una jugarreta política?

Si hubiera respuestas transparentes, demostrarían que en los conflictos internacionales lo político importa tanto como lo jurídico.

Los jueces leen los diarios, algunos tienen experiencias de gobierno y pertenecen a una organización cuyo objetivo es velar por la paz y seguridad en el mundo.

A esa escala humana, nuestro quinquenio de incertidumbre fue, para ellos, un quinquenio de introspección. Debieron admitir que habían interferido en la autodeterminación de Chile, que se estaba convirtiendo en la espada de un miembro de la ONU contra otro miembro de la ONU y que nacionalistas de otros países ya estaban afilando sus propias demandas.

Evo Morales los ayudó mucho al confesar, en La Haya misma, que su objetivo final era izar su bandera en Antofagasta. En tales circunstancias, cualquier “creatividad” podía convertirlos en un factor de amenaza para la paz y seguridad internacionales. Menuda paradoja para la ONU.

Por eso el fallo celebrado debe ser visto como el efecto combinado de la razón jurídica, la razón política global y la confirmación de que los jueces no son de palo. Entenderlo así es imprescindible para “salir jugando” desde el área judicial, liberarnos de la auto-complacencia del litigante vencedor y potencia la diplomacia de negociación.

Conclusión para expertos: el principio de “voluntariedad de jurisdicción”, inscrito en el ADN de la CIJ, es incompatible con la obligatoriedad de jurisdicción que consagra el Pacto de Bogotá.

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