‘Modernización’ de la Cancillería: Cuando cada proyecto puede ser peor…

Columna
El Líbero, 02.06.2017
Jorge Canelas, embajador (r) y director de CEPERI

El Gobierno de la Nueva Mayoría envió a trámite legislativo un proyecto para la “modernización” de la Cancillería. Para ser precisos, envió indicaciones a un proyecto de 2008 que nunca vio la luz del día. Muchos pensaron que se trataba de una buena noticia, pero tras la lectura de su contenido, la opinión generalizada indica todo lo contrario.

No ha dejado de llamar la atención el hecho de que este Gobierno, que se precia de poner el acento en la inclusión, nunca dejó espacio alguno para debatir o consensuar esta iniciativa con representantes de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. El proyecto enviado al Congreso nunca fue conocido por quienes más tienen que ver con el tema. No sorprende, entonces, que la Asociación de Diplomáticos de Carrera sometiera el proyecto a consideración de sus asociados y que éstos lo rechazaran por una aplastante mayoría: 309 votos en contra y 39 votos a favor.

Es importante recordar que los orígenes de esta iniciativa se remontan a la década de los 90, cuando ya se había hecho evidente la necesidad de reformar y fortalecer nuestras capacidades diplomáticas. Al plantearse esa necesidad, el foco central estaba puesto en la indispensable tarea de profesionalizar nuestro Servicio Exterior. Es lamentable comprobar que se ha dejado de lado ese objetivo prioritario, pues se soslaya la importancia que tiene un servicio exterior profesional para los buenos (o malos) resultados en política exterior.

No hay opiniones divergentes entre los especialistas, en cuanto a los efectos nocivos que ha tenido la excesiva politización del Ministerio de Relaciones Exteriores, fenómeno que sólo se ha agravado con el correr del tiempo. La instrumentalización del aparato diplomático para obtener y pagar favores políticos se ha llevado al extremo, con directo perjuicio para los intereses nacionales, como se ha visto de manera creciente en los últimos tiempos. La promesa de una “modernización” trajo muchas esperanzas de que finalmente llegaría el momento de implementar reformas de importancia. Pero el nuevo proyecto no sólo mantiene, sino que agrava y profundiza la discrecionalidad con la cual los partidos políticos han llegado a capturar la gestión diplomática en Chile.

En efecto, se propone un sistema en el cual las jefaturas en las Direcciones temáticas en las diversas áreas de la Cancillería serían cargos de designación presidencial, lo que aleja toda posibilidad de que los diplomáticos de carrera puedan influir en decisiones que siempre les han sido confiadas al estamento profesional. La única función que el proyecto reserva como exclusividad para los profesionales de la diplomacia es la protocolar.

La propuesta del Ejecutivo tampoco tiende hacia un efectivo perfeccionamiento institucional, esto es, un diseño que haga más eficiente a la Cancillería. Por el contrario, complica el proceso de toma de decisiones y duplica diversas funciones de una forma contraria a la racionalidad y las buenas prácticas administrativas, lo que es incomprensible para quienes ven en la modernización del Estado un objetivo a lograr.

A comienzos del actual Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores designó a un embajador con dedicación exclusiva para la elaboración del proyecto de modernización de la Cancillería. Después de más de dos años de trabajo, ese embajador presentó su renuncia. Se comenta en el Edificio Carrera que lo habría hecho tras comprobar que no había voluntad alguna de la autoridad de llevar a la práctica las propuestas y recomendaciones que él había presentado.

Ya es un lugar común la aseveración de que “Chile debiera tener una Cancillería acorde con los desafíos del siglo XXI”. Pero leyendo el texto del proyecto, nos encontramos con algunas disposiciones que no se condicen con tan noble objetivo. Por ejemplo, hay una que establece requisitos para aceptar la reincorporación al servicio exterior de funcionarios que sirvieron entre los años 1972 y 1974. Como se puede apreciar, no hay mucho de afán modernizador ni compatible con los desafíos del presente siglo en reincorporar a funcionarios del Gobierno de la Unidad Popular, los cuales, por lo demás, ingresaban al Servicio Exterior por estricto cuoteo político.

No repetiremos las extensas y fundadas razones que demuestran en forma reiterada el perjuicio que acarrea, para un país que vive del intercambio comercial y de las relaciones con el resto del mundo, no contar con una diplomacia moderna y profesional. Los países desarrollados dan una clara muestra de ello. Asimismo, sería irresponsable no dejar registro documentado de todo lo que Chile ha perdido y continuará perdiendo de mantenerse indefinidamente la captura del Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de los grupos políticos. La falta de profesionalismo en la Cancillería se ha traducido en pérdida de soberanía marítima y territorial, en limitación de capacidades para defender con oportunidad y eficiencia cruciales asuntos vecinales, y se ha actuado con negligencia en la defensa de valores fundamentales en nuestra política exterior —como es la protección de la democracia y los derechos humanos en nuestra región— por atender a presiones ideológicas.

Es aún temprano para predecir el destino del actual proyecto de modernización. Pero si, por lo que sabemos, no fortalece una carrera diplomática profesional ni establece una estructura orgánica adecuada, si contiene vicios administrativos como la doble dependencia de algunos servicios o la duplicidad de funciones en otros, y si no resuelve, sino que agrava la perniciosa influencia política en la Cancillería con mayor discrecionalidad política en los nombramientos diplomáticos, entonces no es mucho lo que se puede esperar. Más bien ha quedado la impresión de que este proyecto se presentó sólo para cumplir con una promesa de campaña y para que la Jefa de Estado pudiera dedicarle exactamente doce palabras en su cuenta ante el Congreso Pleno el día de ayer.

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