Piedras de tope a la modernización del estado en Chile

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La Tercera, 24.11.2017
Juan Salazar Sparks, embajador (r), director ejecutivo de CEPERI y editor

La reforma del estado chileno es una necesidad, en razón de que nuestros servicios públicos evidencian problemas de gestión, no se han modernizado conforme a la era de la globalización, y sufren un creciente clientelismo político. Algunos estudios y diversos editoriales de prensa han ayudado a poner de relieve los cuestionamientos que hace la ciudadanía respecto del aumento desmedido de empleados fiscales, así como las alzas de sus ingresos, las huelgas ilegales o abusivas en el aparato estatal (Aduanas, Codelco, Enap, Registro Civil, etc.), y -en general- la rotura habida en el paradigma de un buen Servicio Civil (Civil Service): separar la política contingente de la administración eficiente del Estado.

Si la burocracia y el estatismo son un lastre para el desarrollo del país, la modernización del Estado y la calidad de sus políticas son factores claves para el progreso de Chile, porque tienen que ver con las ventajas competitivas que generan el mejoramiento de las instituciones públicas y sus aportes al crecimiento de la productividad y a la protección social.

Lamentablemente, la Administración Pública chilena, no obstante su marco regulatorio (Ley  Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Estatuto Administrativo General, y estatutos especiales), carece de un Servicio Público profesional. Ocurre que el principio orientador de la función pública es supuestamente la meritocracia, pero hoy prevalece la práctica del “botín de guerra” para el gobierno de turno. Según las estadísticas, en las últimas dos décadas el personal civil del gobierno central se incrementó en más del doble, a la vez que el personal de planta (base de un servicio profesional) pasó de representar el 70 por ciento del total de empleados a solo un 31 por ciento (favoreciendo a personal a contrata y personal a honorarios). Ello significa que los sucesivos gobiernos (en especial los dos mandatos de la Presidenta Bachelet) solo se han preocupado de contratar a partidarios y militantes y no de atender las necesidades de la Administración Pública.

En el caso de la Cancillería, por ejemplo, existe por ley un Servicio Exterior (servicio diplomático), como una carrera funcionaria jerarquizada, pero que ha heredado la norma de la Constitución de 1980 (Pinochet) por la cual las jefaturas del ministerio y los embajadores son de la confianza exclusiva del Presidente de la República (ni siquiera hay consulta al Senado para los segundos). En ambos casos, se trata de los llamados “nombramientos políticos”. Incluso, los funcionarios de carrera nombrados embajadores deben renunciar al Servicio Exterior y a la estabilidad funcionaria. Esto contraviene la práctica en los países desarrollados, donde los jefes de gobierno eligen a sus embajadores entre el personal diplomático y, solo excepcionalmente, a una personalidad ajena a la carrera. Ocurre lo mismo con la organización de las Cancillerías, donde las jefaturas (desde el segundo mando: viceministro, subsecretario o secretario general) son ocupadas exclusivamente por funcionarios de carrera.

En ese contexto, la gran reforma pendiente es terminar -de una vez por todas- con la actual cooptación del aparato estatal por parte de los partidos políticos, que se expresa tanto en el cuoteo político para el nombramiento de sus directivos como en la contratación de operadores políticos y el efecto de contagio que ello produce sobre los funcionarios de planta. En el ejemplo de la Cancillería, este proceso inverso de desprofesionalización se presta para una serie de malas prácticas, como son:

(a) La frustración por el estancamiento de la carrera y dificultades para ascender a embajador;
(b) La politización del personal, que busca la militancia política como solución a sus carreras funcionarias; y
(c) El desinterés por la especialización, ante el aumento de los operadores políticos que ocupan los cargos más importantes, o bien, por el proceso creciente de externalizar algunas funciones (asesorías jurídicas, comunicadores, Direcon como ministerio paralelo).

No va a ser fácil alcanzar el consenso entre los sectores políticos para concretar la modernización del Estado chileno. De partida, a la propuesta del expresidente Pinera para terminar con los operadores políticos, vino la inmediata “campaña del terror” de la izquierda de acusar que la medida buscaba echar a los funcionarios públicos. Por otro lado, frente a la idea de nombrar los subsecretarios por medio de la Alta Dirección Pública (y en la Cancillería entre el personal diplomático), hay quienes les preocupa su sello tecnocrático. Obviamente, ello atenta contra el cuoteo político y la compensación natural de nombrar los subsecretarios de otro color político que los ministros.

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