Columna El Comercio (Ecuador), 31.10.2017 Francisco Carrión Mena, embajador (r) y ex viceministro de RREE ecuatoriano
No lo digo en sentido peyorativo, no. Lo digo en sentido más bien solidario por el descomunal trabajo que ha tenido en los últimos meses, tiene actualmente y tendrá en los siguientes meses para auditar tanta corrupción y podredumbre moral que nos rodea. Esto no solamente lo digo yo sino el propio presidente Lenin Moreno.
¿Habrán suficientes auditores capaces y eficientes para escudriñar tanta suciedad que constatamos ha dejado la década supuestamente ganada? Caso de corrupción que se destapa semanalmente, caso que los nuevos responsables institucionales anuncian, correctamente, que solicitarán la intervención de la Contraloría. Y no son casos menores. Tomemos uno al azar. El de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas que de un presupuesto inicial de USD 180 millones terminó costando el año pasado USD 2 200 millones. Y uno más reciente, el de la gestión de los medios públicos y los incautados que según lo anunciado por el nuevo responsable, el perjuicio al Estado ascendería a USD 23 millones y que solicitaría, igualmente y con razón, una auditoría de la Contraloría.
El ya emblemático caso Odebrecht, cuyas ramificaciones se van conociendo casi a diario y que ha puesto en vilo la institucionalidad del país, el denunciado oscuro manejo de los recursos del IESS, la famosa y fantasmagórica refinería del Pacífico en la cual se invirtieron USD 1 500 millones, Yachay, que derrochó irresponsablemente y a manos llenas sin resultado, seguirán requiriendo investigación y auditoría.
Si, como se especula, cada caso de esta naturaleza exigiría como mínimo seis meses de trabajo, bien dice el presidente Moreno que los cuatro años de su gobierno no serían suficientes para limpiar tanto latrocinio cometido en estos diez años.
Y hay un problema adicional que no se me ocurre cómo podrá resolverse: las auditorías hechas a medida a algunos responsables de obras realizadas por el anterior Contralor, que carecerían de valor por su comprobada alteración de resultados a cambio de sustanciosas recompensas. Esa autoridad que ha sido sancionada con la destitución del cargo y prisión domiciliaria –eso si en Miami- se habría hecho de la vista gorda en casos que merecían someterse a la justicia penal.
Aunque pueda resultar tardío, creo que cada Ministro y autoridad del nuevo gobierno que maneje fondos públicos debería, por su bien, aunque signifique darle más trabajo a la pobre Contraloría, solicitar que se auditen esos recursos con un corte a partir del 24 de mayo de este año en que asumieron sus funciones. No vaya a resultar que estén asumiendo picardías de sus antecesores en esos cargos de la Revolución Ciudadana que no tuvieron precisamente las manos limpias que tanto pregonaron.
