Columna El Líbero, 08.09.2017 Jorge Canelas U., cientista político, embajador (r) y director de CEPERI
“Urgencia es dar a los detalles la atención que merecen, con el respeto que ameritan, sin demora”. (R. Norton)
En el curso del último año o poco más, se han conocido importantes pasos hacia la formulación de una Política Oceánica Nacional, asunto de altísimo interés, dada la trascendencia que tiene para Chile el hecho de estar entre los diez países con mayor superficie marítima en el mundo, con más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva. Esta condición tiene, comparativamente, aún más peso en el futuro de nuestro país que en los otros, si se considera la relación existente entre territorio continental y territorio marítimo. La superficie oceánica de Chile es casi cinco veces mayor a la de su superficie continental. En contraste, se da la paradoja de que aún no incorpora ese enorme patrimonio a lo que debiera ser una conciencia marítima en el imaginario colectivo ni a su propia cultura de desarrollo.
En el marco de conferencias multilaterales dedicadas a los océanos, Chile ha adquirido compromisos de diverso orden, comenzando por la conservación de áreas marítimas. Los esfuerzos globales en la protección del medio ambiente justifican una atención seria por el cuidado y la conservación ambiental en los océanos. Pero una política oceánica nacional no se acaba ni se limita a ese solo objetivo. El mar no sólo aporta el mayor y más importante conjunto de recursos naturales renovables al desarrollo del país; incide en su conectividad comercial y su descentralización poblacional. Todo el debate en torno a la normativa pesquera es un ejemplo de la importancia económica de los recursos marinos para el país. Además de su función económica y social, el mar representa un asunto relevante en la política exterior chilena, que ha dedicado décadas de su quehacer a precisar los deslindes de su soberanía marítima, tanto con el Perú como con Argentina. En consecuencia, el mar tiene para Chile una trascendencia mucho mayor que la de una masa oceánica: es un fundamento para su viabilidad económica y política.
Si existe consenso en la naturaleza estratégica de una política oceánica nacional, en tanto visión omnicomprensiva y de largo plazo, prioritaria para el desarrollo del país, cabría entonces ampliar la convocatoria para un debate sereno, razonado y profundo respecto de los objetivos nacionales involucrados, teniendo en consideración todos los elementos que inciden en sus aspectos sociales, culturales, económicos, de defensa, de política exterior, así como se hace en lo medioambiental.
La naturaleza e importancia de lo que implica una política oceánica nacional debe contemplar, como se ha hecho en otros países de similar peso marítimo, no sólo una institucionalidad racional y eficiente para diseñarla y ejecutarla, sino también los recursos necesarios para su funcionamiento, fiscalización y desarrollo. Debemos acometer esta tarea país como un asunto de largo aliento, incorporando a la sociedad civil tanto como a las entidades estatales en su elaboración. Los objetivos nacionales comprometidos así lo exigen.
