Rapa Nui implementa estrategia internacional para lograr autonomía

Reportaje
El Mercurio, 15.11.2015
Matías Bakit y Mariela Herrera
  • En enero presentaron una demanda al Estado chileno ante el organismo con sede en Washington, en representación del Consejo de Ancianos de Isla de Pascua y del Parlamento Rapa Nui.
  • Pese a que aún no ha sido notificado de la acción judicial, el Gobierno ya se prepara para enfrentar este requerimiento.

E l domingo 25 de octubre los pascuenses estaban llamados a votar en una consulta indígena para aprobar o rechazar la coadministración del Parque Nacional Rapa Nui, área actualmente administrada por Conaf.

En la ocasión, y pese a que en el Gobierno dijeron estar "contentos" con el resultado, solamente 333 pascuenses (16% de los 2.080 potenciales votantes) participaron del proceso, lo que puso en duda la representatividad de la consulta.

El escaso interés que mostraron los habitantes de la isla se explicaría por una "carta bajo la manga" que, desde hace algunos meses, vienen trabajando con sigilo para lograr sus aspiraciones: una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La acción judicial fue presentada en enero de este año por el abogado Ciro Colombara, socio del estudio Rivadeneira Colombara Zegers, en representación de las dos organizaciones de mayor importancia en la isla: el Consejo de Ancianos y el Parlamento Rapa Nui.

Lo que se busca: autonomía y propiedad

Según Colombara, esta demanda -que ya está siendo analizada por el organismo con sede en Washington- deja de lado peticiones más radicales como la independencia y la descolonización, y se centra en conceptos como autonomía y propiedad colectiva.

La razón es que hay casos anteriores en que pueblos originarios han demandado a los Estados bajo estos conceptos, y han logrado sus objetivos. Específicamente hay cuatro sentencias, en Paraguay, Guatemala y dos veces en Ecuador, que el abogado está esgrimiendo dentro de los argumentos presentados.

Uno de los fundamentos de esta demanda es que el Acuerdo de Voluntades de 1888, que declaró la anexión a Chile, solo se refería a entrega de soberanía y no de propiedad de las tierras. Asimismo, denuncia incumplimientos al artículo 21 de la Convención Americana de DD.HH. y pretende restituir la propiedad colectiva del territorio, el derecho a la autonomía y el uso de los recursos naturales a los pueblos originarios.

"Pedimos que, en atención a las violaciones alegadas en esta denuncia, se ordene al Estado de Chile que restituya todas las tierras de Isla de Pascua a sus propietarios históricos: el pueblo Rapa Nui. En consecuencia se solicita la dictación, derogación o modificación de todas las normas internas que obstaculicen la restitución de tierras", se lee en la demanda.

Colombara explica que, de fallar la Corte a favor de la solicitud de los pascuenses, implicaría que todo el territorio pertenecería a los clanes originarios de la isla. Asimismo, si bien no se busca independencia -la soberanía seguiría siendo de Chile-, serían los pascuenses quienes elegirían la forma de gobernar y administrar la isla.

"Ha faltado voluntad política. Simplemente no han querido llegar a una solución. Por esto, ante la falta de respuestas, nos obligaron a ir a una corte internacional", dice Petero Edmunds, alcalde de Isla de Pascua.

De considerar factible la demanda, la Comisión la entregaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este proceso puede tardar varios meses, e incluso un año. Ante esto, y el reciente aumento de la conflictividad en la isla, Colombara elevó una petición de adelantamiento de la que espera tener respuesta en estos días. Además, pronto enviará nueva documentación al organismo, pues esta semana llegó a sus manos, vía transparencia, un informe de la Universidad de Chile y la ONG Observatorio Ciudadano, que solicitó el Ministerio de Bienes Nacionales.

De acuerdo a las formalidades de la Comisión, el Gobierno chileno aún no ha sido informado de la demanda. Sin embargo, en el Ejecutivo ya se preparan para enfrentar este escenario.

Gobierno: a la espera del estatuto especial

En La Moneda aseguran que desde hace tiempo estaban conscientes de la posibilidad de que los pascuenses acudieran, con sus demandas, a un organismo internacional. No es algo, dicen en el Gobierno, que les preocupe especialmente debido a que, en opinión de quienes han seguido el tema en Palacio, la relación con los rapanuís "ha mejorado mucho".

A principios de este año, debido a las múltiples tomas de terreno que se multiplicaron en distintos lugares de la isla, en el Ejecutivo calificaban la relación con los pascuenses como prácticamente "incontrolable". Hoy, la visión es más optimista, pues confían en varias medidas que se están impulsando para mejorar la comunicación entre las partes a través de las consultas a los pueblos originarios.

Un ejemplo es la que se realizó con motivo de la administración del Parque Rapa Nui. Se reconoce que el resultado no fue bueno, pero en algún momento se temió que el instrumento no pudiera siquiera llevarse a cabo.

De hecho, en el Gobierno explican que esta línea continuará. Y ya vienen consultas sobre la permanencia en la isla de las personas que la visitan e incluso de la administración de esta.

Pero lo más importante será la creación del Estatuto Especial para Isla de Pascua, que debiera votarse en el Congreso en abril. Muchas de las demandas de los pascuenses se resolverían ahí. Y al ser estatuto "especial" se evitaría, de acuerdo a los cálculos de La Moneda, que las comunidades mapuches pidieran terrenos bajo la misma fórmula. Así, en el caso de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidiera seguir adelante con la demanda rapanuí, Chile podría presentar, como parte de su defensa, medidas y fechas concretas.

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