Artículo Anuario de Derecho Público 2015 de la UDP Eduardo Rodríguez G., abogado, profesor universitario y ex embajador chileno en Japón y Argentina
Introducción
La historia de las relaciones chileno bolivianas, ha estado jalonada de diversas y agudas disidencias de naturaleza política, jurídica y económica. Este proceso ha llevado estos vínculos, en la segunda década del siglo XXI, a un estado de franca e inobjetable insatisfactoriedad. En efecto, desde 1962 ambos países no tienen relaciones diplomáticas –con la excepción del breve lapso comprendido entre 1975 y 1978–. El 24 de abril del 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia, demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, a fin de obligarlo a negociar una salida soberana al Océano Pacífico.
Esta situación diplomática, claramente anómala e inusual entre dos países vecinos, constituye, sin duda alguna, la expresión del fracaso de nuestra política bilateral. Es incomprensible una relación de esta naturaleza y solo puede concluirse que los vínculos de ambas naciones han sido y siguen siendo pro- fundamente insatisfactorios.
Para tratar de comprender esta compleja y sensible cuestión internacional, es preciso examinar el problema desde un ángulo más amplio. El presente análisis no tiene por objeto examinar la relación entre Chile y Perú, sino solo la existente con Bolivia. Sin embargo, para comprender cabalmente nuestra historia bilateral con el país altiplánico, es indispensable incursionar en la relación con Perú, al menos de manera tangencial, puesto que están indisolublemente unidas en su génesis.
Es un hecho de la causa que las relaciones globales que Chile ha entablado con los citados países fronterizos, especialmente con Bolivia, desde hace más de un siglo, han sido deficientes y ello no es sino el resultado de la aplicación de una política binacional carente del necesario realismo y visión que demanda un desafío de esta naturaleza. Todas las medidas para mejorar las relaciones han sido ineficaces y las gestiones desplegadas han sido insuficientes durante los últimos cien años para mejorar la calidad de los vínculos.
Es necesario consignar que si realmente se pretende mejorar el estado de los nexos, y alcanzar el nivel que nuestros pueblos y la comunidad internacional nos exigen, la solución obvia es no persistir con la misma política que hemos aplicado hasta ahora y cuyos resultados conocemos. No es inteligente utilizar frente a un mismo problema siempre una argumentación similar y esperar resultados diferentes a los ya conocidos, menos aun si los factores que constituyen la política internacional del siglo XXI, han sufrido transformaciones, especialmente en el área del conocimiento y de la tecnología. Pero, los problemas actuales con el Perú y Bolivia, aunque resulte una paradoja, son muy parecidos a los existentes desde los inicios del siglo XX.
En consecuencia, si la fórmula actual no se reemplaza por una táctica y una estrategia política renovada y audaz, los resultados continuarán siendo deficientes y mediocres.
Desde una visión autocrítica de la historia de los nexos con el país vecino, por benevolente que pretenda ser, se llegará a la conclusión de que el mal estado de las relaciones bilaterales se gesta en una suma de impericias, lo cual con una conducción política adecuada e imaginativa, sería perfectamente superable. Dado el largo tiempo transcurrido, es inobjetable que la causa primordial de la mala calidad de los vínculos diplomáticos se remonta a la misma Guerra del Pacifico, conflagración terminada en 1883 con el Perú y en 1884 con Bolivia.
1. Algunos aspectos históricos a considerar
Esquemáticamente, la política bilateral con los países vecinos del norte, desde la citada guerra, ha tenido dos grandes etapas.
El primer periodo se extendió hasta el año 1929 y cubrió la etapa en la que se resolvían con el Perú los asuntos pendientes del ya referido conflicto bélico, como queda constancia en el Tratado de Ancón de 1883 y cuyo aspecto más relevante lo constituía el destino que tendrían las provincias de Tacna y Arica. El artículo tercero de ese Tratado señala:
“El territorio de las provincias de Tacna y Arica [...] continuará poseído por Chile y sujeto a la legislación y autoridades chilenas durante el tér- mino de diez años, contados desde que se ratifique el presente tratado de paz. Expirado este plazo, un plebiscito decidirá en votación popu- lar, si el territorio de las provincias referidas queda definitivamente del dominio y soberanía de Chile o si continúa siendo parte del territorio peruano”.
Es claro hoy que por variados motivos no fue posible dar cumplimiento a ese compromiso. Los 46 años transcurridos desde el Tratado de Ancón hasta la firma del Tratado de Lima en 1929, fueron difíciles e incluyeron una ruptura de relaciones diplomáticas por 18 años (1910–1928). Pero lo más delicado fue la demora en concluir los asuntos pendientes derivados de la dolorosa y sangrienta confrontación bélica iniciada, formalmente, en marzo de 1879.
Medio siglo de negociaciones frustradas y profundos desencuentros con- tribuyeron a crear un clima de desconfianza mutua cuyos efectos, innegable- mente, se perciben hasta el día de hoy con una energía y profundidad que sorprende. Finalmente, el año 1929, ambos países firmaron el Tratado de Lima, cuyo artículo segundo estableció que “[e]l territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes Tacna para el Perú y Arica para Chile”.
A este instrumento internacional se añadió un Protocolo Complementa- rio, cuyo artículo 1° consignó que “[l]os gobiernos de Chile y del Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese requisito, construir, a través de ellos nuevas líneas férreas internacionales”.
Pese a ese largo periodo, no se resolvieron todos los temas pendientes entre ambos países y aún subsisten.
Es necesario reconocer que el segundo periodo desde 1929 hasta la fecha –demanda ante la Haya de por medio–, se ha avanzado con excesiva lentitud y aún hay importantes materias pendientes de solución: la implementación del fallo de la Corte Internacional, por los respectivos Gobiernos del límite marítimo y la determinación acerca de si el límite terrestre se inicia en el hito 1 –tesis de Chile– o en el punto de La Concordia, como sostiene Perú.
El efecto para Bolivia de la suscripción del Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario fue categórico. Este instrumento jurídico consolidó la condición mediterránea de esta nación, aunque el Tratado de 1904 había fijado definitivamente los límites con ese país altiplánico.
2. La espera de Bolivia
Lo expresado precedentemente es una referencia imprescindible para entender el tortuoso camino que han recorrido las vinculaciones diplomáticas chileno bolivianas hasta el día de hoy.
En el lapso que concluyó en 1929, se mantuvo el tema boliviano en una completa indefinición. En esos años los anales registran múltiples negociaciones sin que se haya alcanzado algún acuerdo visionario de mutuo interés. Y tal como se indicó con antelación, el enclaustramiento marítimo de Bolivia se consolidó en 1929. Ello pese a que en Chile hubo voces de destacados políticos que recomendaron evitar la mediterraneidad de ese país debido a que iba a constituir un tema que afectaría la vinculación bilateral para siempre. Y así ha sido. Uno de ellos fue el propio Presidente Domingo Santa María, quien estaba convencido de que era necesario dar una salida marítima a Bolivia y en el año 1879 advertía que esa era la solución a largo plazo: “[...] puesto que de otra manera la sofocaríamos [a Bolivia] y la compeleríamos a buscar anexiones con el Perú o con la República Argentina”.
Animados con ese espíritu, pero carentes de la suficiente claridad política, Chile y Bolivia continuaron sosteniendo encuentros sin resultados. Mencionaré a continuación los más destacados. El 4 de abril de 1884, cuando se firmó el Pacto de Tregua indefinido con Bolivia, se acordó que Chile continuaría gobernando los territorios comprendidos desde el paralelo 23° hasta la desembocadura del río Loa en el Pacífico. Además, el 18 de mayo de 1895 se suscribió un Convenio entre Luis Barros Borgoño, ministro de Relaciones Exteriores del período de Jorge Montt y el presidente de Bolivia, Heriberto Gutiérrez, que contemplaba dos aspectos esenciales: ceder a Chile el tramo de territorio antes citado y entregar Tacna y Arica a Bolivia. El proceso de negociación fue particularmente confuso. Bolivia sospechó de que Chile aprobara lo primero, pero dilatara lo segundo.
Para disipar las dudas bolivianas Juan Gonzalo Matta, ministro chileno en La Paz, suscribió el denominado Protocolo Cano Matta, en el que se estableció que si Chile no entregaba un territorio litoral, la anexión a nuestro territorio del tramo 23° –río Loa–, quedaría sin efecto. El Congreso de Sucre lo aprobó por 54 contra 2 votos, pero finalmente, los poderes legislativos de ambos países jamás ratificaron lo que se había negociado.
Dentro de este contexto, pero con un ánimo diferente y nada conciliador, en marzo de 1900 el representante de Chile en La Paz, Abraham König, fue portador de un mensaje al Gobierno Boliviano que alteró el clima político existente hasta ese momento. Es así como Bolivia debió abandonar su pretensión de obtener litoral; Chile lo compensaría económicamente, otorgando facilidades aduaneras y de circulación, además de la construcción del ferrocarril de Arica a la Paz.
La nota respectiva fue entregada al canciller boliviano Eliodoro Villazón Montaño en un tono duro, franco y marcadamente directo. Ante esta situación el Canciller chileno Rafael Errázuriz rechazó el tono utilizado por König, pero reafirmó el fondo del mensaje. Chile se reservaría para sí el dominio de Tacna y Arica, en caso de serle favorable el plebiscito.
El 20 de octubre de 1904, veinte años después de haber terminado las acciones bélicas, se suscribió el Tratado de Paz y Amistad definitivo. Este importante instrumento jurídico internacional ratifico el límite entre Chile y Bolivia indicado en el Pacto de Tregua de 1884. Estableció el dominio absoluto y perpetuo de Chile del territorio comprendido desde el paralelo 23° hasta el Rio Loa; la construcción del ferrocarril Arica la Paz; y un perpetuo, amplio y libre tránsito comercial para Bolivia y la entrega de 300.000 libras esterlinas, como compensación –cifra que equivale hoy a aproximadamente cien millones de dólares norteamericanos–.
Después de la firma el Canciller chileno sostuvo que “Bolivia renunció, para siempre, definitivamente, a una salida al mar”. Estaba profundamente equivocado. Ya en abril de 1910 Bolivia solicitó, que se le entregase un puerto con soberanía en el Pacífico.
Sin embargo, como ya se indicó, el enclaustramiento marítimo de Bolivia fue ratificado por el tratado de 1904 y confirmado por el Convenio de 1929. Este es el tema que hoy se litiga en la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
Es necesario reiterar que, durante 130 años, ambos países han negociado sin éxito una salida soberana de Bolivia al Océano Pacífico. Este objetivo es, ha sido y será, la primera prioridad de la política exterior de Bolivia, antecedente fundamental que debemos siempre evaluar con un profundo sentido autocrítico si en algún momento de la historia encontramos una solución a este conflicto bilateral, que nos incorpora en la agenda negativa de la comunidad internacional y que carece de una explicación política, lógica y comprensible.
En noviembre de 1926, y para tratar de resolver el problema de Tacna y Arica, ambos gobiernos solicitaron la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica. Para este efecto se designó al Secretario de Estado, Frank Kellog, quien propuso a Chile y Perú entregar Tacna y Arica a Bolivia. Perú se opuso a ceder territorio a este último país.
Entre 1929 y 1943, Bolivia, modificando su política tradicional hacia Chile, suspendió sus gestiones por el tema marítimo, entre otros motivos porque debió enfrentar la guerra del Chaco. Terminado este conflicto, en 1945 Bolivia reactivó sus actividades en torno a su inalterable objetivo político de su demanda por soberanía marítima, especialmente durante las negociaciones para la suscripción de la carta de la Organización de Naciones Unidas.
En abril de 1948, el Presidente Gabriel González Videla manifestó su buena disposición para negociar y ofreció una franja de cinco kilómetros al norte de Arica. El embajador boliviano en Santiago, Alberto Ostria Gutiérrez, indicó que dicho ofrecimiento era sin compensación territorial, lo cual obstruyó el proceso.
En este contexto, en 1950 se emprendieron nuevas e importantes negociaciones entre el Canciller Horacio Walker Larraín y el embajador Ostria Gutiérrez. Se cursaron notas reservadas, en las que se planteó la posibilidad de ceder una franja de diez kilómetros de ancho al norte de Arica. En el marco de la asamblea de la Organización de Estados Americanos (en adelante, OEA), el Presidente de Estados Unidos, Harry Truman, concordó con las negociaciones y agregó que él estaba de acuerdo con las ideas expuestas.
Ante el desarrollo de estos acontecimientos, el Presidente peruano Manuel Arturo Odría se opuso al proceso negociador e impidió que continuara, invocando el Tratado de Lima de 1929. Es necesario destacar que esta ha sido la tónica invariable de la política exterior del Perú respecto de la aspiración Boliviana.
El año 1952 asciende al poder en Bolivia el Presidente Víctor Paz Estensoro, quien estableció una pausa en la política de ese país sobre el tema en comento. No obstante, en noviembre de 1959, insistiendo en su política tradicional, Bolivia planteó el tema en el seno de la OEA. En este organismo multilateral se presentó el memorándum Trucco, por medio del cual Chile se comprometió, una vez más, a estudiar la demanda altiplánica, expresando la voluntad de satisfacer las aspiraciones de Bolivia. Con posterioridad, este documento fue desconocido por el Canciller chileno Carlos Martínez Sotomayor, quien manifestó que ese compromiso excedía las posibilidades de Chile.
A pesar de los fracasos, ambos gobiernos continuaron con la línea argumental que ha tenido como objeto encontrar una solución viable pero sin éxito. Es así como entre 1964 y 1965, se celebraron encuentros entre el sub- secretario chileno Enrique Berstein y el embajador boliviano Gustavo Medeiros; y entre el Canciller chileno Gabriel Valdés Subercaseaux, el subsecretario chileno Oscar Pinochet de la Barra y el embajador de Bolivia. Durante esta secuencia de encuentros, cuyos fines he precisado, es necesario consignar con especial énfasis el del 8 de febrero de 1975, día en que se celebra el histórico encuentro bilateral más significativo en términos políticos binacionales. En esa fecha se reunieron los presidentes Hugo Banzer y Augusto Pinochet, en la localidad de Charaña, donde se iniciaron las conversaciones destinadas a negociar una salida soberana al mar para Bolivia.
Como consecuencia de este encuentro presidencial, el 26 de agosto de 1975 el embajador boliviano Gutiérrez Vea Murgia entregó un memorándum con la propuesta oficial de obtener un corredor que desembocaba al norte de Arica. Como compensación, Bolivia se obligaba a entregarle a Chile un territorio de una superficie equivalente a la zona terrestre y marítima que se le cedería.
Frente a este planteamiento, el 31 de diciembre de 1975, el Gobierno del Perú solicitó el texto de los documentos cursados, señalando que ello se debía a “[...] los especiales nexos que le vinculan con la provincia de Arica [...]”. Pidió también una aclaración respecto del área marítima. El 18 de noviembre de 1976, el embajador del Perú en Chile, Luis Marchand, entregó una nota proponiendo un área de soberanía compartida entre los tres países de 66 km2 al sur del límite internacional, y una administración común del puerto de Arica. Ante este planteamiento, el 26 de noviembre de 1976, Chile envió una nota por medio de la cual declinó considerar la propuesta peruana debido a que “[...] incide en materias propias de su exclusiva soberanía nacional”.
Esta situación, en la cual se percibe una sutil y hábil movida diplomática peruana, produjo que el 17 de marzo de 1978, Bolivia rompiera nuevamente relaciones diplomáticas con Chile. La cancillería peruana hábilmente había impedido un acuerdo con Bolivia logrando, una vez más, que Chile apareciera como el responsable de ello. No obstante, las negociaciones continuaron y en abril de 1987, Bolivia propuso un nuevo corredor, casi igual al de 1975, solo que más ancho. En esta oportunidad el presidente Augusto Pinochet detuvo la negociación, aduciendo que Bolivia se negaba a una compensación territorial.
Recuperada la democracia en Chile, en julio de 1993, durante el Gobierno del presidente Patricio Aylwin, se desarrollaron conversaciones entre los cancilleres Silva Cimma y su homólogo, Mac Lean. Durante su desarrollo y de una manera incomprensible, salvo la permanente justificación de política interna, el presidente Jaime Paz Zamora manifestó que nuestro país tenía una política “indolente, cavernícola y retrógrada”. Ante estas insólitas declaraciones el almirante José Toribio Merino, expresó, con la ironía característica desde sus tiempos como integrante de la Junta Militar, que los bolivianos eran unos “auquénidos metamorfoseados”. El diálogo terminó, como es obvio, en una nueva tentativa fallida.
No obstante, en junio de 1994, las conversaciones se reanudaron bajo la presidencia en Bolivia, de Sánchez de Lozada. Al fin de su mandato, el presidente Frei Ruiz Tagle, reconocido integracionista bilateral, impulsó una reunión entre el canciller Juan Gabriel Valdés y su par boliviano Javier Murillo, en la localidad de Algarve, Portugal. En esa oportunidad los ministros convinieron en “conformar una agenda de trabajo que incorpore sin exclusión alguna las cuestiones esenciales de la relación bilateral y que en esta ocasión abordaran todos los temas de interés fundamental para ambos países sin exclusiones”. Esta última expresión indicaba que el tema de la aspiración marítima del país vecino sería parte importante de esta nueva agenda. Es imprescindible reconocer que dicho documento, en esa época, fue un avance sustancial en las tratativas extensas y frustradas a lo largo del tiempo.
Como una expresión de este nuevo clima político y como muestra de buena disposición se designó como cónsul general en La Paz, en junio de 2001, al ex ministro Edmundo Pérez Yoma. El representante chileno había acordado con el Presidente Quiroga el arriendo, por parte de Bolivia, de un tramo de costa de 80 km entre Mejillones y Cobija, por 99 años. Estas gestiones tampoco dieron resultado, pues Evo Morales, en ese entonces un importante dirigente político, ex candidato presidencial y diputado, añadió la idea de un puerto con soberanía tripartita.
El presidente Ricardo Lagos, después de la agenda Algarve, entre varios logros, consiguió que se suscribiera otro tratado de complementación e implementación minera y uno relativo a la concesión, administración y explotación de recursos hídricos compartidos. Pero, el logro más relevante fue la propuesta de entregar en concesión un territorio de seiscientos kilómetros cuadrados por cincuenta años prorrogables, que le permitía a Bolivia establecer una zona franca y una económica especial para la comercialización de diversos productos de su interés. Este territorio no incluía soberanía.
Una vez más la inestabilidad política de Bolivia hizo fracasar esta interesante iniciativa. El presidente Sánchez de Lozada, fue derrocado el año 2003, producto de una manifestación dirigida por el diputado Evo Morales.
Dado el tiempo transcurrido y la sucesión interminable de negociaciones fallidas, se puede afirmar que el problema bilateral con Bolivia es una materia de altísima complejidad, cuya solución es extremadamente difícil de alcanzar, pero no imposible si se incorpora, a la finalidad perseguida, una visión audaz. Si lo anterior ha sido un nudo gordiano virtualmente insoluble, es a raíz de la intervención que al Perú le cabe en el tema. Esta situación solo podría ser superada si se adoptara una táctica y estrategia con visión de futuro y siempre que el Perú se convenciera de jugar un rol conducente a lograr una solución a esta larga y extenuante negociación diplomática, difícil de comprender para la comunidad internacional.
3. Origen y fundamentos generales de la demanda boliviana
Desde los inicios de esta controversia binacional hasta el año 2013, Chile se abstuvo de negar frontalmente y en forma definitiva a Bolivia su aspiración marítima soberana. En efecto, el año 2006, se convino una agenda de trabajo que se denominó “Agenda de los trece puntos”, la cual contemplaba, entre otros objetivos, el desarrollo de la confianza mutua, la integración fronteriza, el libre tránsito, la integración física, la complementación económica, y el tema marítimo.
Continuando con este proceso, el 19 de octubre de 2007, en Coya, localidad de Chile, se realizó la XVII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, en la cual sobre el asunto marítimo se declaró que “[...] teniendo en cuenta las condiciones prevalecientes en Chile y Bolivia respecto al tema y sus posibles enfoques, ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo bilateral en una perspectiva constructiva, con la finalidad de profundizar las líneas de trabajo que consideren efectivamente los criterios que han sido compartidos”.
Dentro de esta inalterable política de búsqueda de una solución, en el curso de la XXII Reunión del Mecanismo Bilateral de Consultas Políticas, duran- te julio de 2010, en La Paz, Bolivia, el vicecanciller chileno Fernando Schmidt declaró la disposición de “[...] analizar la demanda marítima boliviana con propuestas factibles, concretas y útiles, en un clima de respeto, sin ningún tipo de prejuicio”.
Con la finalidad de darle una mayor dimensión a las relaciones políticas, el Canciller Alfredo Moreno decidió que los encuentros bilaterales se elevaran a nivel de ministros de Relaciones Exteriores. No obstante, sus esfuerzos se frustraron y el ministro Choquehuanca declaró concretamente que la “[...] reunión que debía celebrarse en noviembre de 2010 en la ciudad de Arica [...] ha sido cancelada unilateralmente por Chile”. Añadió que “[...] la respuesta de Chile fue negativa y solamente se limitó a dilatar el tema como lo estuvo haciendo por más de 100 años”. Una vez más se impuso la porfiada historia de fracasos.
Como era predecible y profundizando la crisis, en marzo de 2011, el Presidente Evo Morales anunció la creación de una Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, destinada a explorar las posibilidades de acceder al Océano Pacífico. El 24 de abril de 2013, después de dos años de creada la señalada Dirección, Bolivia presentó su demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Ante este escenario político, el Canciller Moreno afirmó que fue Bolivia el país que detuvo el proceso al acudir al indicado ente jurídico internacional y demandar a Chile para obligarlo a negociar una salida soberana al Océano Pacífico.
En síntesis, la demanda boliviana pretende obligar a Chile a negociar, precisando que no cuestiona el Tratado de 1904, sino que fundan sus pretensiones en que han surgido sólidos derechos expectaticios y que las nuevas bases del derecho internacional valorizan como fuentes de los mismos las declaraciones unilaterales explicitadas en lo que se denomina “pactum de contaendo”. En estos dos argumentos, esencialmente, se funda la demanda de Bolivia para solicitar lo antes expuesto.
Frente a esta argumentación, la delegación chilena, acreditada ante la Corte y presidida por su delegado, el abogado Felipe Bulnes, reiteró en forma clara y explícita que el tratado de 1904, ya citado, estableció en forma definitiva y a perpetuidad la frontera entre ambos países, y que Bolivia tiene pleno y libre acceso al mar en virtud del indicado instrumento internacional.
El Gobierno de Chile, a través de sus mandantes ante la Corte, aseveró que las negociaciones no pueden nunca generar obligaciones, si estas no se han expresado en un documento y/o Tratado debidamente ratificado por las partes. Precisa que si no se cumpliera con esta condición cada propuesta formulada en un proceso de negociación se cristalizaría en un acuerdo que haría imposible que los países negociaran libremente los contenidos de cualquier entendimiento destinado a resolver sus diferencias económicas, políticas y comerciales. Por último, nuestro país agregó que la tesis boliviana quebraría la seguridad jurídica que emana del derecho internacional.
A mayor abundamiento, se precisa que el proceso judicial en comento ha cumplido las siguientes etapas. El 24 de abril de 2013, el Gobierno de Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. El 15 del mismo mes del año 2014, Bolivia presentó su Memoria. El 7 de julio del mismo año, la presidenta Michelle Bachelet anunció que impugnaría la competencia del Tribunal, en un documento que se presentó el día 15 del mismo mes. El 7 de noviembre de 2014, Bolivia respondió a Chile. Desde el 4 y hasta el 6 de mayo de 2015, nuestro país realizo sus alegatos orales. Bolivia lo hizo entre el 7 y el 8 de mayo. Ambos alegatos se basaron en la argumentación general anteriormente expuesta.
Es importante destacar, categóricamente, que en esta etapa la Corte Internacional únicamente conoce, a través de una Excepción Preliminar, la impugnación de su competencia para conocer la causa. En la eventualidad de que acepte la aludida excepción, la demanda de Bolivia se extingue. En caso contrario, la Corte analizara el fondo de la demanda con la facultad de pronunciarse sobre la excepción al término del estudio de la misma.
Por otra parte, es necesario insistir en que la aspiración boliviana es obligar a Chile a negociar una salida marítima soberana, por territorio chileno, sin costos ni compensaciones, lo que es jurídica y políticamente inviable. Pese a que los representantes jurídicos del país altiplánico, reiteraron que no cuestionan la vigencia del Tratado de 1904, sus objetivos apuntan claramente a este fin, pero cualquiera sea la resolución del citado tribunal, aun cuando no falle en estricto derecho, no podría exigirle a Chile ceder soberanía territorial o marítima.
4. Conclusión
A modo de conclusión, el caso chileno-boliviano, brevemente expuesto, y sin la profundización requerida –porque ameritaría un texto mucho más extenso–,es mencionado con frecuencia en los ambientes académicos y políticos como un raro ejemplo de un esfuerzo diplomático histórico frustrado. Constituye para los analistas un paradigma de una mala implementación táctica y estratégica, con mayor razón si se considera que el problema se ha mantenido durante 135 años y que la situación en vez de mejorar ha empeorado. Llegar a un juicio arbitral, aunque haya sido iniciado por la contraparte, es la culminación de erróneas y poco flexibles tratativas.
Los ciudadanos de ambos países esperan expectantes el veredicto de esta etapa previa de la Excepción Preliminar interpuesta por Chile, que se supone será fallada a fines del año en curso. Nuestro Gobierno tiene sólidas razones jurídicas para estar razonablemente optimista. No obstante, es muy difícil predecir la resolución de un tribunal de las características de la Corte Internacional de Justicia, que contempla la equidad en sus fallos.
Sin embargo, tenemos la obligación como país, de levantar en el futuro próximo nuestra mirada hacia un horizonte más político e implementar una visión jurídica lúcida y abierta a un mundo cada vez más tecnificado y globalizado.
Estoy cierto de que Chile y Bolivia tienen una obligación ética internacional –y también la región– de alcanzar una solución definitiva y eficaz frente a esta intrincada e inaceptable discrepancia bilateral. Ello constituiría un logro que se traduciría en un beneficio directo de las relaciones bilaterales, regionales y globales.
Superado el estado actual de la relación bilateral, sería posible concordar nuevos acuerdos económicos y políticos, mutuamente beneficiosos, que contemplen la aspiración marítima soberana boliviana, pero con la ineludible condición de un canje territorial proporcional.
Como resultado final de estas reflexiones, surge una inevitable interrogante, cuya respuesta es, obviamente, especulativa. La experiencia indica que las condiciones internacionales imperantes en la actualidad, aseguran mejores resultados para la vía de la negociación y de los acuerdos políticos directos, por sobre la judicialización de los desencuentros. El carácter hipotético de esta tesis permite aventurar que, como ocurrió con Argentina en la década de 1990, haber evitado –si hubiese sido posible– los juicios con Perú y Bolivia, mediante negociaciones flexibles, visionarias y proactivas, habría proporcionado a Chile mejores resultados de los que se han obtenido hasta ahora.
Lo expresado precedentemente es una reflexión basada en una experiencia empírica. La judicialización de las disidencias es reflejo de una debilidadnegociadora y de vínculos bilaterales carentes del entendimiento y la profundidad que la comunidad internacional actual, demanda y exige.
Nuestra política exterior, en ocasiones, ha seguido esta tendencia a la judicialización, sin analizar, con la debida profundidad, que en las diferencias por temas territoriales, si bien los argumentos jurídicos son importantes, la dimensión política es insustituible.
Por último, y no obstante esta historia de negociaciones fracasadas, tenemos un mandato histórico de perseverar en este objetivo superior de una política que privilegia definitivamente la diplomacia. Una táctica y estrategia proactiva y flexible nos permitirá desatar este nudo gordiano, para lo cual se requiere la participación esencial del Perú, como lo contempla el Protocolo Complementario del Tratado de 1929.
