Análisis Esglobal, 27.07.2017 International Crisis Group Watch List 2017-Second Update
Gente pasa al lado de una pancarta en contra de la Asamblea Constituyente convocada por el Gobierno. Ronaldo Schenidt/AFP/Getty Images
La nueva actualización de las Guerras de 2017 incluye a Venezuela, cuya larga crisis podría experimentar un peligroso nuevo brote de violencia con la celebración de las elecciones para la Asamblea Constituyente que ha convocado el gobierno de Nicolás Maduro para el próximo 30 de julio.
Venezuela se acerca a un momento trascendental de su larga crisis política: el gobierno se dispone a sustituir la atribulada democracia del país por una plena dictadura mediante la constitución de una todopoderosa asamblea constituyente, que será elegida el 30 de julio con arreglo a unas normas que, en la práctica, excluyen a la oposición. Casi 100 personas han muerto en más de tres meses de manifestaciones callejeras en todo el país, muchas por disparos de la policía, la guardia nacional o pistoleros civiles. El Ejército está desplegado desde una semana antes del día de las elecciones para evitar cualquier alteración en las calles. Existe un grave peligro de que la violencia alcance cotas desconocidas hasta ahora, y seguramente es inminente una nueva oleada de emigrantes. La rápida descomposición de los servicios sanitarios y otras infraestructuras cruciales, el hambre creciente y la carencia de bienes esenciales, junto al enorme aumento de los delitos violentos, representan una amenaza evidente no solo para los venezolanos sino para los países vecinos y la comunidad internacional en general.
Democracia desmantelada
La policía venezolana reprime las protestas de la oposición en las calles de Caracas. Federico Parra/AFP/Getty Images
En diciembre de 2015, el Movimiento de Unidad Democrática (MUD), la alianza de oposición, obtuvo una mayoría de dos tercios en la única cámara de la Asamblea Nacional, pero el Gobierno ha aprovechado que controla el Tribunal Supremo para impedir cualquier decisión del Parlamento desde entonces. Cuando la oposición respondió con el intento de convocar un referéndum de censura contra el presidente Nicolás Maduro, este volvió a impedirlo utilizando a los tribunales y al Consejo nacional Electoral (CNE), controlado por el Ejecutivo. Las elecciones a gobernadores de los estados que debían celebrarse en diciembre de 2016 se suspendieron. Se ha prohibido a varios dirigentes de la oposición que ocupen cargos públicos y que abandonen el país. A otros se les ha quitado el pasaporte y varios están en prisión. A finales de marzo, el Tribunal Supremo intentó transferirse a sí mismo todos los poderes de la asamblea, pero la fiscal general, Luisa Ortega, hasta entonces leal al Gobierno, declaró que se había infringido la Constitución, y la Organización de Estados Americanos (OEA) invocó la Carta Democrática Interamericana, concebida para abordar la descomposición de la democracia en un Estado miembro.
La alianza de oposición lanzó una campaña de manifestaciones masivas para exigir el restablecimiento de la democracia, pero la reacción del Ejecutivo ha sido violenta. Además de los muertos, hay miles de heridos y miles más de arrestados; las fuerzas de seguridad y pistoleros civiles han invadido residencias particulares para destruir y robar sus posesiones y llevar a cabo detenciones sin orden judicial. Centenares han sido juzgados en tribunales militares, y la organización de ayuda legal Foro Penal calcula que los presos políticos ascienden a unos 400. El 1 de mayo, Maduro anunció que convocaría una asamblea para reelaborar la Constitución. La asamblea, que será elegida el 30 de julio, estará por encima de la carta magna, y su autoridad no tendrá fecha de caducidad. Algunos altos cargos dicen que tendrá la potestad de cerrar el Parlamento, despojar a los diputados de la inmunidad parlamentaria y “volver del revés” la oficina del fiscal general, que se ha negado a procesar a manifestantes pacíficos y ha acusado a varios jefes militares de violaciones de los derechos humanos.
Alrededor de dos quintas partes de los miembros de la asamblea constituyente serán elegidos por “sectores” (entre ellos, representantes de los sindicatos y “comuneros”) que están muy controlados por el Gobierno. Los demás serán elegidos por municipios, en función de un sistema en el que están sobrerrepresentadas las áreas rurales en las que más fuerza tiene el Ejecutivo. El MUD está boicoteando las elecciones, porque dice que el Presidente no tiene derecho a convocarlas sin un referéndum previo. Las encuestas indican que solo tiene intención de votar aproximadamente el 20% del electorado. Los elementos marginales de la oposición (agrupados bajo el nombre colectivo de La Resistencia), frustrados con la estrategia no violenta del MUD, hablan en privado de resistencia armada. Con millones de armas ilegales en manos de particulares, equipar a las guerrillas urbanas no sería difícil. Y el MUD no es un modelo de unidad: unos partidos apoyan una transición negociada y otros se oponen. A pesar de las abundantes pruebas del malestar entre los militares (incluidas docenas de detenciones de oficiales), hasta ahora no parece que haya división en las Fuerzas Armadas. No obstante, los jefes del Ejército se encontrarían ante un dilema si les ordenaran encargarse de restaurar el orden público. La intervención militar aumentaría inevitablemente el número de víctimas, y algunos se resistirían a obedecer.
El 16 de julio hubo un momento de esperanza con la participación masiva en la “consulta” de los votantes ordenada por la Asamblea Nacional. Más de siete millones votaron a favor de rechazar la asamblea constituyente, pedir a las Fuerzas Armadas que obedezcan la constitución y no al Gobierno, y encargar al Parlamento que nombre un Tribunal Supremo y una autoridad electoral nuevos y forme un gobierno de unidad nacional. Aunque el ejecutivo trató de quitar importancia a la consulta, lo cierto es que reforzó las demandas internas y externas de que haya un cambio de opinión en el último instante.
Crece el hambre
Una mujer camina al lado de un grafiti que dice ” Hambre”, Caracas. Juan Barreto/AFP/Getty Images
Los economistas prevén que, para finales de 2017, la economía venezolana se habrá contraído aproximadamente un 30% en tres años. Los sectores de fabricación están produciendo entre el 20% y el 30% de su capacidad, y la principal federación de agricultores dice que solo se va a plantar alrededor de la cuarta parte de la superficie habitual, debido a la falta de semillas, fertilizantes, pesticidas y equipamiento. Los saqueos masivos en muchas ciudades han hecho mucho daño a los supermercados y tiendas de alimentación, y las importaciones de comida se han desplomado. La incapacidad del Gobierno para suministrar suficientes raciones de emergencia través de su sistema de paquetes de alimentos CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) ha provocado protestas en muchas de las zonas más pobres. Los estudios muestran que la mitad de la población vive en extrema pobreza. Los escasos datos oficiales muestran un alarmante incremento de la mortalidad materno-infantil. La malnutrición infantil aumentó un 11% entre 2015 y 2016 y los nutricionistas empiezan a predecir una hambruna si continúa la tendencia. La escasez de medicinas esenciales sigue siendo crítica, y las infraestructuras hospitalarias están viniéndose abajo. La falta de vacunas ha contribuido a que haya brotes de enfermedades que se creían erradicadas, como la difteria, y los agricultores advierten de que el ganado también es vulnerable a las epidemias debido a la faltad de vacunas veterinarias.
A medio plazo, es posible que el Gobierno venezolano caiga bajo el peso de una deuda exterior imposible de pagar y la imposibilidad de gobernar el país, pero eso no necesariamente significaría la vuelta de la democracia. Aunque casi todos los analistas creen que Caracas podrá pagar lo que le corresponde este año, tendrá graves problemas en octubre-noviembre, que es cuando debe pagar alrededor de 3.500 millones de dólares.
Las reacciones ante la emergencia
Hasta ahora, la OEA no se ha puesto de acuerdo sobre cómo abordar la crisis. Un puñado de Estados, en su mayoría caribeños, que dependen de Caracas para obtener energía barata y otras ventajas, ha bloqueado desarrollar un enfoque que consideran demasiado “intervencionista”. Si no hay una división en el Gobierno (y sobre todo en el Ejército), el plan de crear la asamblea constituyente parece imparable, y hay muchas probabilidades de que estalle más violencia; a pesar de que el 8 de julio sacó de la cárcel al líder de la oposición, Leopoldo López, para dejarlo en arresto domiciliario, no parece que la actitud del Ejecutivo haya cambiado.
Aun así, los gobiernos interesados deberían preparar una estructura negociadora para cuando cambien las circunstancias. En este contexto, la UE debería respaldar la propuesta de un amplio grupo de miembros de la OEA, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Perú y Colombia, de formar un “grupo de contacto”, con representantes de cuatro o cinco gobiernos en los que estén de acuerdo las dos partes. Su objetivo sería fomentar las negociaciones para evitar nuevos actos violentos y restablecer la democracia. Seguramente habría que crear este grupo fuera del marco formal de la OEA. La UE y los Estados miembros que tienen relaciones más estrechas con la región (en particular con el Caribe) deberían usar su influencia para conseguir más apoyos a esta propuesta, especialmente entre los países de la OEA próximos al gobierno de Maduro.
Además, la UE y los gobiernos regionales deberían elaborar una respuesta conjunta e intentar incorporar a Rusia y China, dado que tienen más influencia en Caracas y poseen un gran volumen de deuda venezolana. La participación de uno de ellos o los dos en un plan para evitar la violencia y promover unas negociaciones reales sería muy positiva. Parece que, el 16 de julio, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, intentó lograr el apoyo de Cuba a un plan regional para resolver la crisis. La Habana es el más estrecho aliado de Venezuela y, como tal, está en una posición inigualable para lograr resultados, por lo que la UE y sus Estados miembros deberían respaldar la iniciativa de Santos.
De manera inmediata, la UE y la comunidad internacional deben ayudar a los países vecinos a afrontar las consecuencias humanitarias y de seguridad de la crisis. Colombia, en una delicada situación tras su propia guerra, es muy vulnerable a la llegada de refugiados, los posibles choques fronterizos si el gobierno de Caracas necesita una distracción y el aumento de la actividad de los grupos armados. Aunque el Ejecutivo venezolano siempre ha rechazado la ayuda humanitaria, sí ha permitido que algunas ONG ofrezcan ayuda a pequeña escala, con la condición de no darla a conocer. La UE debe buscar formas de facilitar este proceso al mismo tiempo que sigue presionando públicamente para que se deje actuar a más organizaciones.
Las elecciones limpias y libres y el restablecimiento del orden constitucional son requisitos fundamentales para normalizar las relaciones y para proporcionar una ayuda económica de emergencia. La UE y sus Estados miembros deben estar dispuestos a ofrecer asesoramiento y ayuda técnica en el caso de que se instaure un gobierno de transición. La crisis que vive Venezuela tiene muchas facetas y ninguna solución rápida. Pero la pasividad ha dejado de ser una opción.
