Columna La Tercera, 29.05.2019 Marcel Oppliger, periodista
En la nación con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, la gente padece hambre, muere por falta de medicinas, soporta la tercera mayor tasa de homicidios del planeta y sobrevive bajo la peor hiperinflación (10.000.000% para este año, según el FMI). El país está entre los 10 más corruptos del orbe, apenas tiene electricidad y agua, y de él han huido más de tres millones de personas en los últimos cinco años.
Porque llegó al poder en una elección manifiestamente fraudulenta, su gobierno es considerado ilegítimo por una larga lista de países y organismos internacionales. Además, se le acusa de graves y bien documentadas violaciones a los derechos humanos, junto con la virtual destrucción del orden democrático. Ni siquiera permite que entre ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de su población.
Por si todo eso fuera poco, los innegables nexos entre el Estado bolivariano y el narcotráfico, así como la profunda injerencia de Cuba en los asuntos internos de Venezuela, hacen del experimento chavista un caso aparte de gobierno disfuncional.
El fracaso de la revolución bolivariana no tiene precedentes. Por eso desconcierta que en cierta izquierda chilena haya quienes todavía defienden al gobierno de Nicolás Maduro, o guardan silencio sobre sus tropelías, atribuyendo todos sus problemas a una conspiración internacional liderada por Estados Unidos, con el servil respaldo del Grupo de Lima, la OEA y la “ultraderecha” venezolana (que nadie conoce ni en pintura). De esto no hay pruebas, sólo elucubraciones afiebradas, pero no deja de repetirse como un mantra.
Curiosa postura la de esa izquierda, porque Venezuela fue, muy literalmente, un asilo contra la opresión para decenas de miles de chilenos tras el golpe de 1973. Luego, cuando la Dina asesinó a Orlando Letelier en Washington en 1976, sus restos descansaron inicialmente en Caracas gracias a las gestiones de Diego Arria, embajador venezolano en la ONU, antes de ser repatriados a Chile tras el fin de la dictadura. Y en la pequeña localidad de Colonia Tovar tuvieron lugar algunas de las primeras reuniones de la embrionaria Concertación de Partidos por la Democracia. Por eso en 1992, cuando un desconocido teniente coronel llamado Hugo Chávez lideró un fallido golpe contra el Presidente constitucional legítimo, Carlos Andrés Pérez, el nuevo gobierno chileno condenó de inmediato la sangrienta sublevación militar.
Por tanto, ahora que más de 200 mil venezolanos han escogido a este país como refugio, uno pensaría que la izquierda chilena tendría una sola línea de repudio irrestricto al autoritarismo chavista. Por el contrario, salvo excepciones, durante dos décadas ha hecho oídos sordos tanto al drama de Venezuela como al estrepitoso fracaso del “socialismo del siglo XXI”.
En los quince años que ocupó la secretaría general de la OEA —de 2005 a 2015, la era dorada del chavismo a nivel internacional— José Miguel Insulza no denunció la ofensiva bolivariana contra la democracia, incluso cuando órganos como la Comisión Interamericana de DDHH lo alertaron de sus abusos. Algo parecido pasa hoy con la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien desde su cargo de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos no ha hecho una condena explícita de Maduro ni encabezado una misión de su organismo al país. Ni hablar del cerrado respaldo a Caracas de Alejandro Navarro, Marco Enríquez Ominami, el PC y varios en el Frente Amplio —entre otros—, tan incomprensible como vergonzoso.
¿Juan Pablo Letelier? ¿Isabel Allende? Su silencio es atronador.
A tomar nota.
