Carta La Tercera, 09.10.2018 Jaime Lagos E., abogado y embajador (r)
A pesar que hoy sostengan lo contrario, fueron pocos los expertos nacionales que previeron el aplastante triunfo que obtuvo nuestro país en el reciente fallo de La Haya.
Anticipadamente, muchos de ellos mostraron escepticismo sobre la imparcialidad de la Corte y de sus jueces, opinando que ésta resolvía las controversias por criterios políticos o por principios de equidad antes que jurídicos.
Otros abogaron por la necesidad de hacer valer el poder de disuasión ante la descabellada pretensión boliviana. Inclusive un analista conocido reiteraba su sugerencia de que el gobierno no se debía haber presentado ante dicho tribunal.
Cabe preguntarse en qué situación estaríamos hoy si el gobierno hubiera seguido esos consejos.
Por mi parte, y a la luz de sentencias anteriores sobre los actos jurídicos internacionales (casos de represas entre Hungría y Eslovaquia; plataforma continental en el Mar del Norte y explosiones nucleares en Mururoa), factores que eran uno de los ejes fundamentales de la demanda que esgrimía Bolivia, opiné que la Corte invitaría o exhortaría a las partes a seguir negociando. Pero la Corte se limitó de aludir a esa posibilidad siempre que no existan impedimentos.
Producido el inesperado fallo, por fin han reaparecido las voces que reconocen que en dicha sentencia la Corte ha restablecido el imperio del Derecho Internacional y la significación de los medios de solución pacífica de las controversias internacionales .
Nos alegramos de lo anterior, toda vez que nuestra historia diplomática está llena de páginas relativas a estos medios, de modo que se podría afirmar que el recurso a ellos ha sido una constante de la política exterior chilena.
Esta sentencia establece un importante precedente en la jurisprudencia de la Corte y asimismo una victoria para la defensa jurídica chilena.
