Editorial El Mercurio, 27.04.2023
Justificada indignación surge por la autoritaria e ilegítima actitud del presidente de México, Andrés López Obrador (AMLO), de obstaculizar el funcionamiento y mantener acéfala la Alianza del Pacífico, empañando así, además, la celebración que merece su 12° aniversario, que se conmemora el 28 de este mes.
El mandatario mexicano, desde enero recién pasado, se niega indebidamente a transferir al Perú la presidencia pro tempore del organismo. Su inaceptable proceder desconoce el mandato constitucional de la presidenta de ese país, Dina Boluarte, y lo califica arbitrariamente de “espurio”, reconociendo esa titularidad a Pedro Castillo, sometido a proceso por su frustrado golpe de Estado, luego de intentar disolver el Congreso, proponerse reorganizar el Poder Judicial y anunciar que gobernaría por decreto.
La presidenta Boluarte, elegida democráticamente como vicepresidenta de Castillo, asumió su cargo tras la destitución de su predecesor. La sucesión constitucional impidió un vacío de poder de desastrosas consecuencias para el imperio de la democracia en Latinoamérica.
La Alianza del Pacífico, iniciativa del fallecido presidente Alan García, libre de ideologismos, alejada de las frustraciones y cargas burocráticas prevalecientes en la mayoría de los organismos internacionales latinoamericanos, despertó rápidamente el interés de México, Colombia y Chile, por constituir un aporte ágil, innovador y fluido para la cooperación e integración regionales, como promotora del comercio y las inversiones, eliminando gradualmente aranceles y barreras para el 98% de sus productos, para alcanzar un 100% en 2030. El acuerdo ha permitido una serie de convenios anexos, entre otros, para el turismo, supresión de visas de negocios, servicios de asistencia consulares y ocho sedes de embajadas compartidas
La Alianza configura la octava economía del mundo, con 230 millones de habitantes, atrae anualmente más de cincuenta millones de turistas, representa el 40% del PIB regional y recibe el 38% de la inversión extranjera directa en América Latina.
El buen funcionamiento de este mecanismo atrajo el interés de una cincuentena de países de América, Asia y Europa que participan como observadores. Ecuador, Singapur, Corea del Sur y Australia están interesados en ingresar como asociados.
También, por iniciativa de Chile, se ha planteado la convergencia de la Alianza con el Mercosur.
Exdiplomáticos, un grupo relevante de excancilleres, dirigentes gremiales y académicos dentro y fuera de la Alianza han reaccionado en contra de la autoritaria decisión de AMLO, exigiendo que cumpla el Acuerdo Marco de la Alianza y respete el cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales, el principio pacta sunt servanda, incorporado en la Convención de Viena de 1969.
El presidente Boric, en su programa, atribuyó prioridad a la Alianza de Pacífico. Sin embargo, la Cancillería ha tenido una actitud más bien pasiva en la controversia, al igual que Colombia.
Incluso, originalmente, la Cancillería chilena estimó de manera inconsulta que la negativa de AMLO era una disputa entre México y Perú, sin valorar debidamente las repercusiones para Chile, la motivación política y partisana mexicana, el pésimo precedente para la integración e imagen regional, el debido respeto por los tratados y el derecho internacional, y las legítimas oportunidades de bienestar de los pueblos participantes en la Alianza.
AMLO ha comprometido la confiabilidad de los tratados suscritos con su país, ideologizando la integración regional.
Corresponde que Chile utilice sus buenas relaciones con México para normalizar el funcionamiento de la Alianza y respaldar decididamente el derecho de Perú a presidirla.
