Columna Diario Financiero, 04.02.2023 Hernán Salinas, exembajador de Chile ante la OEA y consejero del Centro de Estudios Internacionales (PUC)
La Carta Democrática Interamericana de 2001 precisa y desarrolla los principios de la Carta de la OEA, estableciendo que los pueblos de América tiene derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla (art 1), definiendo como elementos esenciales de la democracia representativa entre otros “ el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres , justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo: el régimen plural departidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos (art. 3), y señalando que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos.
Estos principios y obligaciones integran el Derecho Internacional Americano, por tato, vinculan a todos los Estados de la región más allá de la OEA.
Recientemente, se efectuó la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con participaron los estados americanos con exclusión de Canadá y los Estados Unidos. Entre ellos Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos están lejos de cumplir con los elementos esenciales de toda democracia.
Al inaugurarla, el mandatario argentino Alberto Fernández, en contradicción con los principios expuestos, señalo que “todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos y sus pueblos los legitiman como gobernantes.” colocando así en un plano de igualdad a las dictaduras con las democracias del continente, vulnerando el principio de no neutralidad americana frente a regímenes totalitarios, y excluyendo así la defensa de la democracia en la agenda de la reunión.
Esto fue confirmado en la aprobada Declaración de Buenos Aires, que más allá de una retórica declaración general, no incluyó ninguna condena exhortación a respetarla democracia y los derechos humanos por las dictaduras mencionadas. Por el contrario, al referirse a ellas, solo es para condenar el bloqueo de los Estados Unidos Cuba, solicitar su retiro de la lista de patrocinadores del terrorismo internacional alabar acuerdos no sustanciales del incipiente proceso negociador entre la dictadura de Maduro y la oposición. Respecto de Nicaragua, nada.
El Presidente Boric, al contrario de nuestra tradicional política exterior de Estado, en vez de efectuar una fuerte defensa de la democracia y los derechos humanos, hizo un retórico llamado general en su defensa, exhorto solamente a la liberación de presos políticos en Nicaragua tuvo una cuidadosa intervención respecto de la crisis venezolana. Sin embargo, sesgadamente calló frente a la dictadura cubana, dedicando una parte importante de su intervención a criticarla situación en Perú, atribuyendo sin datos conclusivos la muerte de más de cincuenta personas a la represión de las autoridades peruanas, con perjuicio de nuestras relaciones con el hermano país, que invoco legitimante el principio de no intervención.
Al respecto, significativo fue el llamamiento del presidente Lacalle de Uruguay a no tener “una visión hemipléjica del respeto a la democracia, las instituciones, los derechos humanos según el perfil ideológico”.
En conclusión, CELSC 2023fue una demostración del paulatino abandono de los principios de promoción y defensa de la democracia como objetivo regional, en un contexto predominante de gobiernos de izquierda.
