El impase del gobierno de Bolivia con el Puerto de Arica

Columna
El Líbero, 19.08.2021
Loreto Correa, historiadora e investigadora (ANEPE)

Si esto no es un robo a mano armada del Estado boliviano a sus importadores, a lo menos es una pesada carga impuesta por las autoridades del Estado Plurinacional a su comercio internacional.

La semana que pasó no ha sido buena para la segunda administración del MAS en Bolivia. A casi 9 meses del cambio de gobierno, uno podría esperar que la situación al menos se hubiera tranquilizado y que el país se hubiera ordenado. Por lo mismo, escribir esta columna no es grato, porque exhibe contradicciones que afectan la relación con Chile.

La voluntad del gobierno chileno propició que el 27 de julio se produjera el primer encuentro internacional binacional a nivel comercial del gobierno de Arce Catacora con Chile. El evento vía zoom se llamó Hacia un fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Chile y Bolivia. En la reunión participaron las más altas autoridades comerciales de ambos países y se renovaron las condiciones del Acuerdo de Preferencias Arancelarias, ACE 22. Así, ambos países consintieron en que el 99,9% del universo arancelario boliviano que ingresa a Chile lo haga con 0% de arancel. En su calidad de nación menos favorecida, solo el 5% del universo arancelario de origen chileno que ingresa a Bolivia lo realizará con 0% de arancel.

A este auspicioso panorama le siguió un balde de agua fría. Hace pocos días una delegación boliviana de ejecutivos de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) llegó a Arica. La misión, una sola: negociar un nuevo acuerdo de descuentos para los servicios que le presta el Puerto a los importadores bolivianos. La idea final boliviana era conseguir una renovación del acuerdo firmado en 2019 en que el Puerto le otorgó un descuento del 32% sobre la tarifa pública, para 22 servicios y por una vigencia de 2 años. La carga boliviana de importación, que es intermediada por la ASP-B, representa el 33% del total de la carga en el citado puerto. Muy por debajo del 47% que representa la carga de exportación boliviana que transita y negocia libremente con el Puerto de Arica, sin intermediarios.

Tras numerosas invitaciones de la empresa portuaria, ante el vencimiento del acuerdo de 2019, y el silencio de la ASP-B, la negociación en Arica superó las expectativas: El Puerto accedió aumentar el descuento hasta un 38%. Además, amplió la gama de servicios a 23, incluyendo uno especialmente solicitado por Bolivia, referido a la carga de proyectos de inversión pública, y además se extendió el plazo de vigencia de este acuerdo a 3 años. Cuál no sería la ingrata sorpresa de los ejecutivos del puerto chileno, cuando en los días siguientes de terminadas las negociaciones, foto en mano, el Viceministro de Comercio Exterior e Integración Ministerio de Relaciones Exteriores Estado Plurinacional de Bolivia, Benjamín Blanco –el mismo que días antes se había reunido por zoom con su par chileno Rodrigo Yáñez y quien además de Viceministro es integrante del Directorio de la ASP-B- desahució desde otro zoom, indignado, el acuerdo suscrito por el Gerente Ejecutivo de la ASP-B, el abogado masista y experto en gestión pacífica de la conflictividad, el Lic. Dante Justiniano, quien ocupa el cargo desde enero de 2021.

El tema es un traspié importante para el gobierno de Bolivia, en una semana en la que hay que tapar el escandaloso abucheo a la presidencia en su aniversario patrio y el rotundo fracaso del masismo, tras salir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declarara que la reelección no es un derecho humano. Qué mejor que hacerlo por la vía clásica: echando por tierra los logros de contacto con Chile.

Más allá de la situación concreta, en este incidente con el Puerto de Arica llama la atención la doble función de Benjamín Blanco, en su calidad de integrante del directorio de la ASP-B y viceministro. Cabe recordar que, en agosto de 2019, la ASP-B había aceptado firmar un acuerdo de descuentos tarifarios con el puerto chileno, luego de que se mantuvieran congeladas las conversaciones desde 2012, última vez que se había suscrito un acuerdo entre las partes. Hoy, con un gobierno de signo político distinto al transitorio, la ASP-B dejó pasar el plazo y los consensos alcanzados con el Puerto de Arica de más rebaja, más servicios y más vigencias, para que el 5 de agosto de 2021 se vuelva a la tarifa pública. Los importadores que deben someterse a la intermediación de ASP-B ven con distancia la generosa rebaja del 38% ofrecida por el puerto chileno, porque la estatal boliviana no desea firmar el acuerdo.

Para muestra un botón: la tarifa pública de Arica para el despacho directo de contenedores full es cero, mientras la ASP-B le cobra al importador bolivianos USD$46 por el mismo servicio. Si esto no es un robo a mano armada del Estado boliviano a sus importadores, a lo menos es una pesada carga impuesta por las autoridades del Estado Plurinacional a su comercio internacional. Así, esta nueva estrategia paceña da cuenta de una actitud emergente. Se trata de un gobierno que estira la cuerda a partir del complejo momento político chileno. Solo así puede entenderse que el reclamo portuario se produzca en los mismos días en que los líderes del MAS compartieron además las experiencias sobre la “plurinacionalidad” con Elisa Loncón en la Convención Constituyente.

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