Columna El Mercurio, 29.01.2022 Hernán Felipe Errázuriz, abogado y ex ministro de RREE
Altos son los riesgos de ideologizar la política exterior y la diplomacia, ponerlos al servicio de los partidos que asumen el gobierno. Ocurre habitualmente. Esperemos que ahora no suceda, o sea marginal.
El mayor perjudicado por la politización en este campo son las políticas de Estado, que trascienden al gobierno de turno. Marco Aurelio García, asesor para asuntos internacionales de los presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, sostenía que el Partido de los Trabajadores (PT) tenía perfecto derecho de servirse de la cancillería de su país para sus proyectos políticos, en Brasil y en el exterior. García fue más allá: favoreció el empleo de la diplomacia brasileña en la expansión de empresas como Odebrecht, OAS y Petrobras, que intervinieron y corrompieron partidos políticos y gobiernos de la región.
Lula puede recuperar el poder; Maduro, los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen esa línea de instrumentalizar el servicio exterior. Las democracias desarrolladas, en cambio, descansan en cancillerías profesionales, centradas en la defensa de los intereses nacionales permanentes, no partidarios ni personalistas.
Otra realidad son las presiones clásicas de los partidos oficialistas para nominar en altos cargos funcionarios afines, al margen de capacidades para la gestión de los asuntos internacionales, o considerar las embajadas como premios de consuelo o recompensa para sus partidarios.
Hay señales y preguntas inquietantes. Sorprende la aceptación del uso de la sede del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, repartición hasta ahora fuera de la política contingente, como instalación para organizar el futuro gobierno. Preocupan también pronunciamientos del presidente respecto de las elecciones de Brasil y Colombia, y expresiones de compartir ideologías con el teórico marxista, acérrimo impulsor de cesión de territorio chileno, vicepresidente de Evo Morales, Álvaro García Linera, que, como Lula, interpreta las agendas de integración y cooperación regional como instrumentos de promoción partidista. Complica asimismo el programa presidencial del presidente electo que cuestiona los tratados de libre comercio, de universal aplicación, parte de la política de Estado, promovida por sucesivos gobiernos, fundamental para ampliar las legítimas oportunidades de bienestar de los chilenos y la inserción global de Chile, que favorece el intercambio con el 90% de la población mundial. Preocupa el futuro del TPP11, rechazado por razones ideológicas por miembros influyentes de la nueva coalición de gobierno, amagando la competitividad de Chile y su credibilidad, como signatario y promotor de ese tratado.
Mientras no se pruebe lo contrario, debemos confiar en la capacidad del presidente Gabriel Boric para resistir presiones inconvenientes y la debida armonización de su agenda con las políticas de Estado.
