Plataforma marítima: Chile regresa a su tradición

Columna
El Líbero, 31.08.2021
Dr. Jorge G. Guzmán, M.Phil & PhD Polar cantabrigiensis

La decisión argentina de alterar el modus vivendi más allá del área delimitada en 1984 -vía interpretación propia del Tratado de Paz y Amistad-, requirió, por años, una acción específica y afirmativa chilena. Esto ya ocurrió. Estamos en una nueva etapa. 

Ejerciendo su autoridad (y respondiendo a su responsabilidad histórica), con un solo acto administrativo el Presidente Sebastián Piñera ha puesto en orden la cuestión de los derechos soberanos de Chile sobre cientos de miles de kms² de suelo y subsuelo marino (ecosistemas y recursos bénticos incluidos) en el sector chileno del Mar Austral Circumpolar.

Si en 2009 -ante el organismo internacional científico-técnico competente- Chile hizo una “reserva” de sus derechos sobre la plataforma continental, lo concreto es que la decisión argentina de alterar el modus vivendi más allá del área delimitada en 1984 -vía interpretación propia del Tratado de Paz y Amistad-, requirió, por años, una acción específica y afirmativa chilena. Esto ya ocurrió. Estamos en una nueva etapa.

Autoridades y medios argentinos han interpretado esta acción chilena como un intento de “apropiación”. Nada más lejos de la realidad y de la intención del Presidente y del pueblo chileno.

Además de documentadas razones jurídicas, geo-históricas y geo-científicas, invocando la más simple de las definiciones de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, la Carta Marina ahora publicada en el Diario Oficial ilustra cómo al suroriente del último punto delimitado por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, las Islas Diego Ramírez (conocidas desde 1615), proyectan plataforma continental jurídica (200 millas). Esa proyección es posible, pues si bien el Tratado de Paz y Amistad restringe al meridiano del Cabo de Hornos la proyección de nuestra Zona Económica Exclusiva (más allá existe el “alta mar”: “el precio de la paz”), el Tratado no hace lo mismo con la plataforma continental. En Derecho Internacional, la plataforma continental no limita con el “alta mar”, ergo, el TPA no restringe la soberanía submarina chilena al occidente del meridiano del cabo de Hornos.

En 1984 (dos años después de suscrita la Convención del Mar), durante la discusión pública, la consulta popular y el debate en el Senado argentino, este aspecto debió quedar entendido y aceptado por nuestros vecinos. Toda vez que no ha sido así, ya que ahora Argentina entiende que modificar unilateralmente el modus vivendi establecido por el TPA tiene consecuencias, resulta necesario radicar el problema en los canales diplomáticos respectivos. Hay que cuidar la relación con Argentina. Esta relación no termina en este impasse.

Aceptado esto, la experiencia indica que, como en 1881 y 1984, ese país intentará imponer una “transacción política” en la que los obvios derechos chilenos quedarán relativizados. No debe ser así. Para que no lo sea, el Presidente ha radicado la defensa del interés superior de Chile en manos del canciller Andrés Allamand, quien, para los efectos, debe contar con todo el apoyo de nuestra sociedad.

La circunstancia amerita traer a colación una anécdota de Marcial Mora, Canciller del Gobierno del Frente Popular. Este, recordando cómo, luego de estudiar con atención los argumentos del Decreto Antártico de 1940, el Presidente Aguirre Cerda autorizó proceder con dicho Decreto, siempre y cuando se entendiera que Chile no reclama territorios en la Antártica y Mar Austral: solo delimita lo que siempre le ha pertenecido. Por ello, la Antártica Chilena no tiene límite norte o, dicho de otra forma, nuestro territorio polar está natural y legalmente conectado al área geográfica ahora precisada en el Diario Oficial. El Decreto Austral 2021 regresa a esta tradición.

Por ello, cualquier diferencia respecto de la gestión anterior de esta materia debe quedar en el pasado. Llegó la hora de formarse detrás del Presidente y del Canciller.

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