Prestigio y logística del Puerto de Arica en riesgo por negociación truncada con empresa boliviana

Reportaje
El Líbero, 22.08.2021
Ángela del Canto

La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) se niega a aceptar el trato con la Empresa Portuaria de Arica (EPA). La investigadora de Anepe, Loreto Correa, advierte que esto podría traer perjuicios económicos, problemas con las aseguradoras internacionales y consecuencias de prestigio, al quedar como “un puerto conflictivo”. 

El Puerto de Arica es uno de los terminales más competitivos al sur de Colombia. Maneja cargas de Chile, Perú y Bolivia, pero la falta de acuerdo entre la Empresa Portuaria de Arica (EPA) y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) podría poner en riesgo el prestigio y las operaciones del terminal marítimo chileno.

El pasado 4 de agosto vencía el plazo para renovar el acuerdo que regula las tarifas entre el puerto y la empresa boliviana a cargo de las importaciones y exportaciones. A pesar de que entre ambas partes sostuvieron reuniones para adecuar los precios, desde ASP-B decidieron no suscribir la oferta y pidieron seis meses para revisar los precios. El puerto mueve el 80% de la mercancía boliviana, pero desde principios de agosto, la tensión en Arica se ha incrementado.

Hay quienes ven la decisión boliviana como una forma de presionar a EPA y al Estado chileno para bajar aún más los aranceles, tarifas por operaciones que ya habían sido reducidas y donde el puerto de Arica mantenía 23 servicios con costo cero para el país vecino. En medio de la incertidumbre, temen que el gobierno ceda frente a las peticiones solo para mantener las relaciones sanas entre ambas partes y no provocar problemas en uno de los puertos más prestigiosos de Sudamérica.

La investigadora de ANEPE Loreto Correa subraya que el puerto “es casi más competitivo que Callao, el puerto peruano. A Arica no le conviene que venga alguien y le llame la atención, por eso es que se esfuerza todo lo posible por cumplir”.

Asimismo, dice que la administración del puerto se concentra en ser razonable, inteligente y lograr optimizar los procesos: “Ellos quieren seguir siendo un puerto eficiente porque les conviene, porque les da prestigio. Es la cara de entrada de Chile”.

El conflicto por los aranceles está en el cobro por las importaciones, donde el 33% del total de cargas del Puerto de Arica corresponde a importaciones bolivianas, el 48% a exportaciones del mismo país y el resto, son operaciones de otras naciones.

La decisión de la entidad peruana también ha desatado la preocupación entre los trabajadores chilenos que temen que su trabajo se intensifique y puedan perder beneficios. El vicepresidente del sindicato de Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi), Víctor Ramírez dijo que los trabajadores estaban preocupados por la situación, ya que en ocasiones anteriores ya habían tenido experiencias “muy feas”. Además, pide que la EPA no acepte las peticiones porque podría bloquear los servicios.

“A nosotros nos complica bastante porque vamos a volver atrás. Anteriormente, nosotros tuvimos el puerto colapsado, tuvimos que sacar cargas a una zona de rebalse –que es un almacén extraportuario de la empresa– y eso, obviamente, genera menos turnos para los trabajadores, afecta directamente al trabajador. Por otro lado, ellos tienen muchas cargas de proyectos del Estado boliviano y muchas veces no son apilables, entonces ocupan mucho espacio físico dentro del puerto”, explica Ramírez.

Sumado a las consecuencias en los trabajadores, y en el prestigio del puerto, Loreto Correa dice que podría haber otro tipo de perjuicios para la empresa norteña a causa de una “protesta” de parte de los bolivianos. Según explica, podrían producirse congestiones gigantescas de camiones en la frontera y maquinarias con su carga atorada por no cumplir dentro de los cronogramas ni tiempos establecidos por el puerto. Correa, ve probable que ocurran estas situaciones porque dice que el gobierno boliviano va a dejar que las cosas fluyan, ya que “no tienen el hábito de prevenir conflictos, al contrario, si se produce el conflicto mejor porque presionan al Estado de Chile”.

Otra de las consecuencias es que se incrementen los costos económicos para EPA, gastos que no estarían presupuestados y que tendrían relación con las operaciones que se prestarían a Bolivia, pero que no pagaría en su totalidad. Pero, el sector privado también se vería afectado, principalmente a través de los seguros. “Si la ASP-B pelotea y el proceso se dilata, los seguros de las cargas van a subir. El perjuicio es para los propios bolivianos, no tiene que ver con una decisión del puerto, sino de los aseguradores”, explica Correa.

El perjuicio diplomático es que el Puerto de Arica, que es el puerto que se supone prioritario para la carga boliviana, podría quedar como el puerto conflictivo”, sentencia.

 

Las diferencias

La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) es el organismo encargado de intervenir en las importaciones y exportaciones donde, por medio de impuestos, le cobra a todos los ciudadanos que importen productos. Las advertencias se le hicieron en febrero. Por medio de cartas oficiales, la administración del Puerto de Arica había notificado a ASP-B que el acuerdo de 2019 caducaría el recién pasado cuatro de agosto. Sin mayores respuestas, desde el norte repitieron el proceso en abril, mayo y junio, hasta que en julio una delegación de la entidad boliviana pidió una reunión con la directiva chilena.

Tras una serie de intentos fallidos para que los representantes de EPA viajaran hasta La Paz, finalmente sostuvieron cuatro encuentros en Arica donde acordaron crear una mesa técnica donde se considerara la situación económica boliviana y el que puerto entregara ayudas. Pero apenas la delegación volvió a su país, desconoció lo acordado.

Sobre el encuentro y en entrevista con el medio boliviano El Deber, el gerente general de la Empresa Portuaria de Arica, Rodrigo Pinto recordó:

“El puerto atendió, hizo un gran esfuerzo que se venía trabajando a la espera de que llegara la ASP-B. Se hicieron grandes esfuerzos y en la mesa técnica surgió un consenso el cual comenzaría a regir el 5 de agosto, con un mayor descuento al de 2019, con más servicios con descuentos y todo esto a pedido de la ASP-B. Incluso con un plazo mayor, tres años y no dos. El señor Dante Justiniano me dio su aprobación verbal e indicó que en horas de la tarde (30 de julio) el ministro de Economía daría el visto bueno. La delegación volvió a La Paz”.

Hasta hace algunos años, EPA ofrecía 22 de sus servicios a Bolivia con costo cero. A pedido de la ASP-B y tras una negociación, el puerto decidió incluir el servicio a las cargas del proyecto del Estado boliviano, completando 23 prestaciones sin costo. Este último, contempla la carga de equipos, partes y piezas de gran volumen, tamaño y que son componentes de plantas mecanizadas de uso industrial.

Desde la entidad boliviana, decidieron no suscribir el acuerdo de descuentos tarifarios de largo plazo bajo la premisa de que la iniciativa perjudicaría a sus propios importadores. Desde ASP-B, buscan establecer un plazo de seis meses para poder revisar las tarifas

Tras la negativa y según expuso Pinto en el sitio web del Puerto:

“el problema de demorar la firma, sólo perjudica a los importadores, que deben ser intermediados y representados por la ASP-B. Hoy esos importadores deben pagar las tarifas públicas sin los descuentos que ofreció el Puerto, debido a que la ASP-B, primero, dejó pasar el tiempo desde febrero, y segundo, se niega a suscribir el acuerdo a tres años que habíamos consensuado, con pretextos que no parecen serios ni razonables”.

Según explica Loreto Correa, la ASP-B es la que le pone “las piedrecitas al zapato” en la relación que tiene que tener el importador boliviano con el Puerto de Arica: “Esa es una cuestión que no depende de Chile, depende de Bolivia, es Bolivia quien instauró esta caja pagadora que es un organismo fiscal recaudador de impuestos”. Asimismo, expresa que las tarifas variarán de acuerdo a lo que ellos estimen conveniente “entonces, lo que le ha pasado al puerto es que dice ‘yo tengo 23 servicios con costo 0 a Bolivia’ y va la ASP-B y le dice al importador ‘yo le cobro 50 dólares por el servicio’, entonces ¿quién es el responsable el Puerto de Arica o la administradora? La administradora”.

“La cancillería de Bolivia le está diciendo a su propio organismo fiscal ‘mire, lo que usted negoció en Arica no sirve, así que voy a llamar a la cancillería chilena’, pero la cancillería chilena no tiene nada que hacer. En todo los tonos ha dicho que no se quiere meter en los temas portuarios porque son temas sectoriales”, explica Correa.

En la misma línea está Víctor Ramírez quien asegura que los trabajadores están preocupados por el tono y enfatiza en que se quiere guiar la conversación comercial al ámbito político.

“Como dirigentes sindicales del sector marítimo portuario y también como dirigente nacional, estamos haciendo un llamado a las autoridades para que no accedan a la petición que están haciendo de guiar el tema políticamente. Son dos entidades, son dos empresas que nosotros creemos que se puede llevar a buen término la negociación”, dice.

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