Editorial El Mercurio, 13.10.2022
Desde abril de 2019, cuando el TPP11 fue aprobado en la Cámara de Diputados, han transcurrido tres años y medio. Solo esta semana se consiguió su ratificación en el Senado, por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención. La notable distancia entre una y otra votación da cuenta del cambio en el ambiente político del país en ese período. Los sucesos de octubre de 2019 permitieron que las objeciones que el FA y el PC tenían respecto del tratado —y de los tratados de libre comercio en general— tomaran preeminencia en el debate. De hecho, la izquierda concertacionista —hoy bajo el rótulo de Socialismo Democrático—, que había sido un soporte principal de la apertura de Chile al exterior, evitó durante largo tiempo darle su aprobación, por temor a quedar excluida de lo que —erradamente— consideraba los nuevos vientos políticos que surcaban el país, y que eso le hiciera perder apoyo popular, línea que solo vino a cambiar luego del plebiscito del pasado 4 de septiembre.
Con todo, resulta difícil entender con claridad en qué consiste la objeción económica en la que el pacto Apruebo Dignidad basa su postura contraria al TPP11 y a los tratados de libre comercio en general. A pesar de que ahora se ha puesto el énfasis en objetar las cláusulas de solución de controversias —el Ejecutivo indicó que el país negociaría “cartas laterales” aclaratorias al respecto con cada país firmante, antes de proceder a “depositar” el tratado en Nueva Zelandia para que entre plenamente en vigor—, ello más parece una maniobra dilatoria que una preocupación efectiva. De hecho, todos los tratados requieren sistemas de solución de controversias, tanto entre los países firmantes como respecto de las inversiones que privados hayan efectuado para aprovechar las ventajas de comercio que el tratado genera, y las restricciones que eso eventualmente impondría al país son mínimas respecto de los beneficios que ofrece. Más aún, la experiencia muestra que estas instancias han sido en general favorables a Chile.
Por otra parte, luego de la aprobación del tratado en el Senado, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, pareció sugerir que la política de apertura comercial seguida hasta ahora —de la que el TPP11 sería una extensión— pondría en riesgo al “nuevo modelo de desarrollo” que el Gobierno está impulsando. Ejemplos de este serían la preocupación medioambiental, la idea de una empresa nacional del litio o el desarrollo del hidrógeno verde. ¿Qué tiene de nuevo todo eso, y, en cualquier caso, por qué se vería obstruido por los tratados de libre comercio? Son preguntas que los ideólogos del Gobierno han obviado contestar y menos aclarar. Sin embargo, a juzgar por las medidas que sí han promovido, el nuevo modelo de desarrollo no requeriría de la existencia de un mercado de capitales robusto y profundo, dada la facilidad con que incentivaron los retiros de los fondos de pensiones, y ahora impulsan una reforma tributaria que, según advierten economistas, podría dañarlo aún más. Tal vez tampoco requeriría de un sector privado pujante, puesto que el Estado sería un emprendedor sustantivo en el futuro. Y probablemente la inversión extranjera también sería irrelevante, por estimarse restrictiva de nuestra soberanía económica. Por cierto, si esta descripción del nuevo modelo de desarrollo no interpreta las ideas del Gobierno, sería bueno que este las aclarara prontamente y con total transparencia a la nación.
Es evidente que la disminución de la fuerza política relativa de Apruebo Dignidad luego del plebiscito permitió que el Socialismo Democrático recuperara parte de sus convicciones y finalmente apoyara al TPP11. Eso ha generado una tensión al interior del Gobierno y revela la pugna ideológica que allí se está dando. Frente a ello, el presidente Boric ha preferido mantener su conocida ambigüedad antes que tomar decisiones claras; así lo muestra el anuncio de que se postergará la confirmación del tratado a la espera del “avance” en la eventual negociación de las cartas laterales. Sin embargo, lo que está en juego para el país, tanto en lo económico como en lo político, no admite que esa ambigüedad se extienda por mucho más tiempo, menos aun cuando el Poder Legislativo ya ha emitido con claridad un pronunciamiento.
