Editorial La Tercera, 25.04.2023
Han trascurrido más de dos meses desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, determinó unilateralmente no entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacifico a Perú, contraviniendo expresamente los estatutos de la alianza, según los cuales cada país miembro ejercerá rotativamente dicho cargo durante un año calendario. La razón de ello es que López Obrador no reconoce la legitimidad del actual gobierno peruano -al que calificó de “espurio”-, y en cambio sigue defendiendo al destituido Pedro Castillo, quien fue objeto de la cesación del cargo en virtud de un juicio político en el Congreso ante el fallido golpe de Estado que protagonizó el año pasado.
Esta inédita situación ha significado que la Alianza del Pacífico -que conforman Chile, Perú, Colombia y México, además de 61 países observadores- se encuentra paralizada, sin perjuicio que siguen llevándose a cabo actividades de segundo orden, con total incertidumbre respecto del futuro de esta instancia, que hasta aquí había sido exitosa.
Con su forma de proceder, López Obrador ha demostrado una actitud de caudillismo propia de los peores ejemplos que se han visto en la región, anteponiendo intereses ideológicos por sobre las relaciones institucionales y desconociendo los acuerdos celebrados entre países. Con su actitud el gobierno de Petro ha continuado por el mismo derrotero, lo que claramente representa una seria amenaza para profundizar la integración regional.
A partir de estos incidentes cabe preguntarse qué actitud es la que piensa desplegar Chile ante esta abusiva actitud del mandatario mexicano y frente al hecho cierto de que la Alianza pueda verse irremediablemente dañada. Sorprende que hasta aquí haya sido López Obrador el que haya podido actuar como dueño del bloque sin ningún contrapeso de Chile y mucho menos Colombia. La Cancillería chilena ha tenido hasta aquí una actitud de extrema cautela, lo que, si bien pudo explicarse en una primera etapa como forma de buscar una solución amistosa entre las partes, el largo tiempo transcurrido obliga a definiciones concretas, donde el silencio ya no parece una alternativa, pues supone aceptar de facto la imposición de otro Estado parte.
El gobierno del presidente Boric había manifestado que la Alianza del Pacífico sería una instancia que buscaría potenciarse, lo que claramente no está sucediendo. El silencio tampoco se condice con lo que se espera de nuestra Cancillería, de reconocido liderazgo regional y que ahora aparece sumisa a los dictámenes de López Obrador. Es tiempo de que el gobierno chileno ejerza el rol que le corresponde y demande que esta irregular situación se supere a la brevedad, donde el punto de partida es permitir que los estatutos de la Alianza se respeten y cualquier decisión concerniente al bloque se adopte por consenso. Luego vendrá un arduo rol para recomponer las relaciones entre los países miembros, donde el país también tiene la oportunidad de ejercer un rol de liderazgo. Sería inconcebible que los enormes logros que ha logrado el bloque para liberalizar el comercio y profundizar la integración regional se interrumpan, lo que afectaría nuestros propios intereses.
