Editorial La Tercera, 29.03.2023
Francia se ha convertido por estos días en el símbolo de las dificultades que implica no solo toda reforma a los sistemas de pensiones sino también terminar con beneficios heredados por la ciudadanía durante varias generaciones. El modelo previsional francés no solo opera con una estructura de reparto, es decir, los trabajadores activos financian a los pasivos, sino que, además, es un modelo especialmente complejo porque existen cerca de 40 regímenes previsionales distintos, algunos de los cuales -como el que beneficia a los bailarines de la Ópera de París- se remontan a más de tres siglos y la tasa de reemplazo es superior al 60%. Todo ello se suma a que Francia es el país con la edad legal de jubilación más baja de toda la UE. Mientras en Alemania la edad legal para pensionarse es de 65 años y en Italia 67, en Francia llega a los 62.
A la luz de ese panorama y de los altos costos asociados, cambiar el sistema no solo es necesario, sino un paso inevitable para asegurar la sostenibilidad fiscal del modelo y equilibrar las cuentas públicas. De acuerdo con las proyecciones, si el modelo no se modifica generará un déficit anual de entre 0,4% y 0,8% del PIB durante los próximos 25 años. De aquí al 2050 el gasto de los pensionados pasaría, además, de 16 mil millones de dólares a 21 mil millones de dólares. Todo ello, en un país que ya arrastra una deuda pública que llega actualmente al 113% del producto interno bruto y donde la población pasiva aumenta año a año. La respuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, fue, por ello, una reforma que eleva la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años (todavía por debajo del resto de la UE), fija en 43 los años mínimos de cotización para recibir la pensión completa y deja solo en 12 los regímenes especiales.
La reforma impulsada por el Mandatario galo -y que comenzará a regir en septiembre- es menos ambiciosa que su primera propuesta (que entre otras cosas elevaba a 65 la edad mínima de jubilación). Pese a ello, cuenta con un rechazo ciudadano que supera el 70% y ha desatado una ola de protestas en todo el país que ya se extiende por más de dos semanas. Por ello, consciente de ese escaso respaldo y de la posibilidad real de que el proyecto fuera rechazado si era votado en la Asamblea, el presidente optó por utilizar un recurso constitucional (el art, 49.3) que le permite dar por aprobada una iniciativa sin que se vote en esa instancia, siempre que no se apruebe un voto de censura contra el gobierno en las 24 horas posteriores -dos iniciativas de ese tipo se presentaron y fueron rechazadas-. Según el Mandatario, “los riesgos financieros eran muy grandes” para arriesgarse a que fuera rechazada.
Si bien una de las fallas del Mandatario fue no lograr convencer a la ciudadanía de la urgencia de la medida, no cabe duda de que su decisión de seguir adelante pese a los costos que ello implica revela una firmeza de propósito que debe ser destacada. “Entre los sondeos a corto plazo y el interés general del país, elijo el interés general del país”, dijo en una entrevista. Y si bien las tensiones sociales que la iniciativa ha generado lo obligarán a usar todas sus habilidades políticas para sobreponerse y no es descartable unas elecciones anticipadas, ello no quita que el camino elegido revele un valioso compromiso de responsabilidad con el futuro que es escaso en la actualidad, cuando priman los discursos populistas y los intereses políticos de corto plazo.
