Columna El Líbero, 29.08.2025 Camilo Sanhueza, embajador (r)
El Servicio Exterior de Chile, históricamente reconocido por su profesionalismo y por dar continuidad a las políticas de Estado, atraviesa hoy una de sus peores crisis.
Desde que asumió el presidente Gabriel Boric, las relaciones internacionales de nuestro país han estado marcadas por improvisación, errores no forzados y un sesgo ideológico que ha debilitado la imagen del país en el exterior.
En menos de tres años, el Gobierno ha acumulado más de veinte traspiés que habría documentado la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, lo que ha llevado a que se le califique de «manejo negligente» en política exterior: declaraciones que han tensionado la relación con Argentina, China, España, Estados Unidos y Perú, por nombrar solo algunos.
Detrás de este errático rumbo, emerge un patrón claro: un grupo de diplomáticos y asesores jóvenes, sin la experiencia ni el recorrido que demanda la Cancillería, ha pasado a ocupar cargos claves. Muchos han ascendido al grado de embajador estando en el grado de ministro consejero sólo días antes -o simplemente se han saltado el grado- o se han instalado como jefes de gabinete de las máximas autoridades cuando esos puestos estaban reservados para embajadores de vasta trayectoria. Amigazgos y lealtades políticas reemplazan al mérito y la carrera profesional.
En ese contexto, mi caso no es aislado. Representa un síntoma de esa lógica de persecución y desplazamiento de quienes no calzamos con la nueva ortodoxia ideológica. Mi salida anticipada, en un año, de nuestra embajada en Hungría cuando estábamos celebrando el centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas, se gestó sobre bases débiles. Todo comenzó con una encuesta de clima laboral, luego vino el nombramiento a dedo de una funcionaria ideologizada, con el único objetivo de buscar un motivo para abrirme un sumario. Un artículo en La Tercera Domingo me mencionó de forma gratuita y con información falsa, indicando que había tenido un sumario en Filipinas cuando solo serví de testigo. En 37 años de carrera jamás tuve sumario ni denuncia.
Esos mismos asesores, representantes de la “nueva política exterior” del actual Gobierno, son los que aconsejan a la Subsecretaria, quien, cuando me llamó para ordenarme mi regreso a Chile, tuvo el tupé de decirme que, con mi salida, “mataba dos pájaros de un tiro”: cubría la División de Antártica y al mismo tiempo solucionaba un problema de clima laboral (creado artificialmente por la funcionaria enviada fuera del proceso normal de destinaciones por el DIPER de la época).
Lo que está en juego no ha sido sólo mi carrera y mi honra. Es la destrucción del prestigio de un Servicio Exterior que construimos durante décadas, con profesionalismo, visión estratégica y continuidad más allá de los gobiernos de turno. Yo mismo participé en negociaciones clave como el Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea; fui dos veces funcionario de la Misión de Chile ante la ONU y otros organismos internacionales en Ginebra; integré numerosos foros de desarme y creé la División de Antártica, liderándola en tres oportunidades, ámbito en el que Chile tiene una voz internacional reconocida. Ese oficio, que sólo se adquiere con los años, hoy se desprecia y se reemplaza por nombramientos exprés, afinidades juveniles y lealtades partidarias.
La persecución en mi contra se profundizó con el caso de Aduanas: se rechazaron mi derecho a liberar mis enseres personales y mi recurso de reposición; se filtraron indebidamente imágenes, mi nombre y grado a la prensa; el director (s) de Aduanas San Antonio efectuó declaraciones a los medios.
Aduanas abrió la totalidad de mis cajas y muebles, causando un daño importante a mis enseres. Aduanas tiene la facultad para aforar, pero no para destruir. Presenté un reclamo que fue desestimado de plano.
De las 16 pieles que Aduanas mostró como parte del supuesto tráfico, 14 fueron excluidas, entre ellas las cuatro cantimploras en cuero de vaca. Tres informes del SAG no permitieron establecer con certeza que exista una infracción a la ley.
No obstante, el fiscal insiste en configurar un delito sin contar con pruebas fehacientes. Me formalizó y solicitó arraigo nacional. El daño a mi honra y a mi imagen ha sido devastador: desde la exacerbación mediática hasta la prolongación innecesaria del proceso, ahora extendido en 90 días más a petición del fiscal, pese a que mi defensa solicitó el sobreseimiento.
Todo esto refleja un patrón de hostigamiento que no busca justicia, sino desgaste y descrédito.
La diplomacia chilena está siendo utilizada como un botín político y el costo lo pagará el país entero. Mi caso es apenas una muestra de cómo se persigue y margina a quienes no se alinean con la ideología del poder actual. El deber de quienes creemos en un Servicio Exterior de Estado es denunciar este deterioro y defender la institucionalidad, porque la política exterior de Chile es demasiado importante para dejarla en manos de la improvisación y el sectarismo.
