Editorial OpinionGlobal, 16.02.2026
El próximo cambio de gobierno del 11 de marzo de 2026 nos permitirá observar un cambio sustancial de enfoque en la política exterior chilena. Por de pronto, se espera una mirada más pragmática y no ideologizada, como la que imperó durante el gobierno saliente. La cancillería de la Administración Kast estará encabezada por una tríada empresario-gremial-diplomática: el ejecutivo Francisco Pérez Mackenna como ministro de relaciones; la profesional Paula Estévez Weinstein como subsecretaria económica; y el embajador Patricio Torres Espinosa como subsecretario de RREE. Los dos primeros constituyen una señal potente acerca del énfasis económico que se dará a la acción externa, en tanto que el tercero representa la continuidad a largo plazo de la diplomacia profesional chilena.
Veamos, entonces, los aspectos tanto teóricos como prácticos que podrían definir la política exterior chilena a futuro.
Bases, principios e intereses
Tal como lo planteara el año pasado en Naciones Unidas el presidente Alexander Stubb de Finlandia, un país relativamente pequeño y afín a Chile, la política exterior -en su forma más simple- está basada en tres grandes pilares: valores, intereses y poder. Este último, en sus dos modalidades de “poder duro” y “poder blando”, consiste más bien en “un lujo para los grandes jugadores”. Para países más pequeños, en cambio, el cientista político, exeurodiputado, político liberal y exministro de economía, comercio y relaciones exteriores finés, sostiene que el poder nacional lo determina “su capacidad para cooperar con otras naciones”. Una diplomacia inteligente (smart diplomacy) es la que aporta “al jugador pequeño una influencia al menos relativa” en su campo de acción externa (regional y global).
Por cierto, debiéramos agregar como premisa básica la importancia que tiene la cohesión social interna; es decir, el nivel amplio de respaldo (consenso) que la ciudadanía le brinda a la acción externa de su gobierno. La Administración Boric usó y abusó de sus llamadas a las “políticas de Estado”, como si el consenso nacional pudiera dictarse por decreto y no ser el resultado del apoyo espontáneo de la población. Asimismo, puede que en Finlandia ese requisito se da por sentado, pero en Chile hay que considerarlo permanentemente debido al alto nivel de polarización política que tiene el país.
En cuanto a valores, nos referimos a los grandes principios que han guiado nuestra política exterior. La diplomacia chilena tradicional ha consagrado, por ejemplo, el respeto irrestricto al derecho internacional, el arma del más débil frente al más fuerte y para evitar las agresiones (guerras). Por ello, ha participado directa y activamente en la codificación del derecho en diferentes instancias (carta ONU, derecho del mar, espacio ultraterrestre, sistema antártico, etc.). Han sido muy importantes también la defensa de la democracia y de los derechos humanos; la liberalización comercial (el regionalismo abierto) y la cooperación internacional; y el multilateralismo (Alianza del Pacífico, APEC; OEA, OMC, ONU, UNESCO). No menor son, asimismo, nuestras raíces culturales que nos insertan en América Latina y en el mundo occidental
Pero, junto con los principios, el interés nacional resulta un factor crítico al momento de formular la política exterior. Tal es el caso del posicionamiento geopolítico de Chile como país tricontinental: situado en el Cono Sur Americano y proyectado al Pacífico y a la Antártica. Su economía, además, está basada fundamentalmente en recursos naturales, entre los cuales destacan varios minerales estratégicos, y ella se encuentra abierta al mundo: depende de los mercados externos para sus exportaciones. Los conflictos geopolíticos y desafíos de diversa índole, como el agua, la energía, la migración y el cambio climático, afectan directamente el interés nacional y, por ende, hay que implementar las políticas más adecuadas.
¿Nuevo orden mundial?
Toda política exterior se concibe dentro de un contexto, esto es, la comunidad de naciones o sistema internacional. El gran dilema de hoy es el cuestionamiento que afecta a la arquitectura multilateral de posguerra, el fin de la era de posguerra fría y, luego, de la supremacía norteamericana (Pax americana). Tal como lo plantea el presidente Stubb, “el orden internacional, el equilibrio de poder y la dinámica de las relaciones internacionales” están cambiando, pero aún no se afirma un nuevo orden mundial. “Demorará al menos cinco a diez años más para que las cosas se estabilicen”, sostiene.
En ese plano, se pueden distinguir varios fenómenos diversos y simultáneos. Primero, se plantea una pugna general entre democracias y autocracias en el mundo, las primeras azotadas por el pesimismo y criticadas como decadentes, en tanto que las segundas reivindicando la fuerza y el cambio revolucionario. En segundo lugar, están los que promueven el multilateralismo, con un orden mundial basado en reglas, y los proponentes del multipolarismo transaccional, con zonas de influencia bajo tres superpotencias específicas (China, EEUU y Rusia). Así, la cooperación multilateral está dando paso a una competencia multipolar. Y, en tercer lugar, se habla de un giro en la balanza de poder mundial, desde el Norte hacia el Sur y desde Occidente a Oriente, como resultado de nuevas fuerzas como la expansión económica, el crecimiento demográfico y el impacto cultural.
Por ahora, no vamos a detallar todavía la posición preferente para Chile, sino dejar planteado que, junto a países afines de América Latina y Occidente, habría que optar por un multilateralismo reformado y no por el juego transaccional entre zonas de influencia que conduce a los conflictos. La opción de un supuesto Sur Global es totalmente hipotética, en los BRICS van a predominar siempre los intereses chinos, rusos y autocráticos en general, y el nuevo poder de los emergentes es esencialmente blando e inestable en el tiempo.
Prioridades y oportunidades
Si el presidente Boric basó mucho su política exterior en intuiciones personales (anti-Israel, anti-Trump, anti-libre comercio, etc.), con un sesgo ideológico muy marcado, como fuera la alianza internacional progresista entre España, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay (anunció que le seguirían México, Honduras, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Dinamarca y Australia), el nuevo gobierno del presidente Kast requiere basar su gestión internacional más bien en los valores e intereses nacionales antes descritos. En principio, se plantean cuatro grandes prioridades:
Desarrollo. -
Primero, la cancillería chilena debería ser un instrumento fundamental para la atracción de mayores inversiones extranjeras para el desarrollo nacional a través de política de promoción específicas por áreas geográficas y sectores económicos;
Vecinal. -
Segundo, la diplomacia nacional debería garantizar un ámbito vecinal seguro y estable (Argentina, Bolivia y Perú). Cada uno de nuestros vecinos presenta complejidades propias que hay que atender. Para ello, hay que buscar políticas de concertación en diferentes campos, tal como lo fuera en su momento la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). Uno de los que presenta mayor potencialidad sería el desarrollo minero regional: Argentina, Chile y Perú en cobre-oro, o bien, Argentina, Bolivia y Chile en litio.
Regional. -
Tercero, en el plano para vecinal, una relación especial tanto con Brasil como con México resultan estratégicas, independiente de los gobiernos de turno en Brasilia y Ciudad de México, dado sus mercados internos y su peso internacional específicos. Así, en cualquier esfuerzo chileno por reformar el sistema multilateral pasaría también por esos dos actores regionales.
Global. -
Cuarto, el acercamiento de Chile a países afines (“like-minded”) es crucial por los temas de inversión extranjera y de políticas públicas requeridas por nuestra economía. La proyecciones chilenas al Pacífico y a la Antártica, los grandes temas de la defensa y seguridad nacionales, y nuestra futura relación con las superpotencias imperantes, requerirán también de entendimientos específicos con terceros países y con bloques concretos como la UE. Y, aquí vuelvo a citar al presidente Stubb, quien en diciembre del año pasado escribió un interesante artículo en la revista Foreign Affairs con el insinuante título de “The West's Last Chance : How to Build a New Global Order Before It's Too Late” (‘La última oportunidad de Occidente: Cómo construir un nuevo orden global antes que sea tarde’). A nuestro entender, entonces, la política exterior chilena debe mantener una activa y especial relación con la UE y sus miembros más afines para participar en el proceso de fortalecimiento de Occidente y de refundación del multilateralismo, objetivo que por ahora parece no ocupar a los EEUU de Trump.
¿Y, Naciones Unidas?
Como colofón del presente editorial, volvamos otra vez sobre el tema del multilateralismo y el problema que aqueja a la ONU.
Para un país relativamente pequeño y todavía en desarrollo como Chile, nuestra dependencia de un activo sistema multilateral es bastante alta. Sin embargo, el sistema de Naciones Unidas está literalmente quebrado y es inefectivo para resolver los actuales conflictos que acechan la paz y seguridad internacionales. Se podrán aumentar los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con o sin derecho a veto, imponer condiciones al derecho a veto, permitir a la Asamblea General una votación por mayoría calificada para superar los vetos, o bien, suspender la membrecía de la ONU a un miembro permanente o rotativo del Consejo de Seguridad si viola la Carta de Naciones Unidas, pero el problema de fondo es la falta de acuerdo entre las grandes potencias. Se le suma a aquello, la alta burocratización de la organización, su enorme deuda, y la influencia “progresista” en sus altos cargos. Por todo ello, la diplomacia chilena deberá desplegar un gran esfuerzo a futuro para construir una nueva arquitectura multilateral.
Paralelo a lo anterior, corresponde la elección de un nuevo secretario general de la ONU, a la que el gobierno Boric ha presentado la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Según lo explicado antes, no se trata de un tema de genero ni de región, tampoco de premiar a una figura nacional. No se discute la empatía de la candidata chilena, sino del inmenso desafío que implica “salvar” o “enterrar” la organización. Sólo una reforma estructural y profunda puede lograr lo primero, para lo cual se necesita un negociador y un gestor eximio. Michelle Bachelet no tiene ese perfil y es, más bien, la carta del presidente Boric para unificar al dividido progresismo chileno. Por último, ella no es una candidata consensuada, pues la oposición no fue consultada oportunamente y, en cambio, está siendo impuesta ahora al nuevo presidente. Esto no es un simple juego político y hay que tomarse un poco más en serio la idea de un nuevo sistema multilateral.
