Columna El Líbero, 31.01.2026 Fernando Schmidt Ariztía, embajador ® y exsubsecretario de RREE
Nunca, que recuerde, un gobierno entrante se había preocupado tanto por las cuestiones fronterizas como el del presidente electo. Ha estructurado un plan de seguridad completo y profesional en tres fases, pero la opinión pública sabe poco de la segunda etapa, que en septiembre del 2027 completaría la modernización y tecnificación de los complejos fronterizos. Entre estos, es vital el de Chacalluta, puerta de entrada norte, punto de conexión de una cuasi-conurbación entre Arica en Chile y Tacna en Perú, y el que tiene la mayor incidencia en política exterior vecinal.
Apenas 60 kilómetros separan estas ciudades. Ambas suman unos 550 mil habitantes, algo menos que Valparaíso y Viña del Mar. No es raro entonces que entre octubre de 2024 y el mismo mes del 2025 pasaran por Chacalluta 6,5 millones de personas, lo que equivale a la mitad del movimiento internacional del aeropuerto de Santiago. De ese total, entre el 85 y el 90% es tránsito local. Los habitantes de Arica van regularmente a Tacna por trabajo, compras, turismo, al dentista o al médico. Hasta las Isapres cubren prestaciones médicas realizadas en la ciudad peruana. Esta es una realidad de la que tiene que hacerse cargo cualquier gobierno.
Hoy día tenemos una frontera manejada en forma tradicional, a pesar de los avances que se muestran en el Acuerdo Operativo de Control Migratorio Simplificado (“Semáforo”); en el aumento de personal; en la apertura del paso fronterizo las 24 horas del día, y en las mejoras en infraestructura. La frontera todavía colapsa los fines de semana con filas de espera que pueden llegar a cuatro horas o más a falta de un mecanismo digital que permita a los principales usuarios, los habitantes de ambas ciudades, cruzar en forma expedita y segura al otro lado. Aún operamos con personal de la PDI atendiendo en ventanilla el control de identidad.
Según informaciones públicas, en Chacalluta trabajan en forma estable entre 70 y 80 funcionarios de la PDI en turnos rotativos. Esto significa un gasto en personal superior a los 40 millones de pesos al mes (si consideramos salarios mínimos), mientras que – según datos de IA – un sistema de detección de “dedo vivo” (LFD) con encriptación de plantilla y conexión a servidores centrales, cuesta alrededor de $ 3,5 millones y es una inversión que se realiza una sola vez. Esta suma se puede multiplicar por la cantidad de lectores que se quiera tener. La instalación de diez lectores costaría menos que los salarios de un mes. Las cuentas no salen. Imagino que otras tantas personas trabajarán en Santa Rosa (el complejo fronterizo peruano) para la Policía Nacional del Perú y ese país gastará mensualmente una cantidad similar en personal.
Si queremos usar bien los escasos recursos policiales de ambos lados ante el aumento de la inseguridad, ¿no sería lógico separar ese masivo tránsito local del resto de los cruces y de la carga? ¿No es mejor que las personas se movilicen entre una ciudad y otra, simplemente con su huella dactilar y/o el iris del ojo, una vez registrados como vecinos de Arica y Tacna en un sistema informático común y seguro? La tecnología existe y la usamos regularmente en decenas de trámites.
El problema no es tecnológico ni presupuestario, sino de falta de voluntad para avanzar con audacia en una idea aprobada, nuevamente, en abril del año pasado en Arica, por el XIII Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo (CIDF) y en instancias anteriores. Al encuentro acudieron más de 350 funcionarios y miembros de la sociedad civil de ambos países. En septiembre se realizó una reunión técnica de seguimiento y en octubre se puso en funcionamiento el sistema “semáforo”. Sin embargo, podemos y debemos dar un paso más y en tal sentido está bien encaminada la modernización propuesta por el gobierno entrante.
Nadie está pensando en compartir datos sensibles sino en mejorar el sistema actual de modo sustantivo en beneficio de los habitantes de las dos ciudades, debidamente empadronados de modo voluntario. La digitalización a favor del tránsito local no tiene por qué poner en riesgo la esencia del control y mucho menos la detección de ilegales o de personas con antecedentes judiciales.
Una medida así reportaría beneficios para una mayor interacción entre ambas ciudades consolidándolas como una zona económica con evidentes repercusiones sobre la relación general entre Chile y Perú, y particularmente entre nuestro norte en general y el sur de los vecinos. Igualmente, estimularía la creación de cadenas de valor entre ellas aprovechando las ventajas competitivas que ofrecen los dos países en este espacio (energía, mano de obra, logística); o la creación de denominaciones de origen que mejoren su competitividad internacional (hay varias en el mundo). Con mayor integración deberíamos esperar una mejora en la infraestructura de salud y educativa; un mayor dinamismo y expansión de los diversos servicios portuarios de Arica; un incremento en la oferta de servicios y flujos turísticos; un manejo integrado y racional de emergencias; la utilización racional de los aeropuertos para mejorar su conexión internacional, etc.
Pensando en Bolivia, con cuyo mandatario el presidente electo se acaba de reunir, esta macrozona puede ser mucho más atractiva para su integración productiva, estimular la inversión proveniente de ese país y, en definitiva, para la conexión de Bolivia al mundo.
Para países más distantes, un espacio integrado en el norte es un aporte a su desarrollo. Hace años recibí en Brasilia a una delegación del estado amazónico de Rondonia (1,6 millones de habitantes; US$ 2,6 mil millones de exportaciones), encabezada por su gobernador. Venían a plantearme una idea que, por ignorancia mía, parecía una locura en ese momento. Querían usar Arica, a dos mil kilómetros, para sus exportaciones. Una distancia enorme, pero menor a la de los puertos del sur de Brasil y mucho más fiable que las rutas fluviales amazónicas, expuestas a temporadas de sequía. Después de varias aproximaciones, el corredor “Cuadrante Rondón”, que integran Brasil, Bolivia y Chile, empezó a dar sus primeros pasos en noviembre del año pasado.
Un tránsito expedito para residentes no es una novedad. Entre Singapur (6,1 millones de habitantes) y la ciudad de Johor Bahru (1,7 millones) en Malasia, se mueven al día unas 350 mil personas. De ellos, unos 300.000 son trabajadores, otros 10.000 son estudiantes y el resto, personas que van de compras, ocio, visitas familiares. Esto implica el cruce de unos cien mil vehículos diarios y la necesidad de un sistema altamente tecnológico que garantice la seguridad en ambos países. Hoy, existe el e-gate, por el cual el pasaporte escaneado (o un código QR) se complementa con el pulgar, e inaugurarán un tren ligero, automatizado, con frecuencias cada tres minutos en horas punta, que conectará dos estaciones ancla (una en cada país) donde el usuario realizará el control integrado.
Entre San Diego (EE.UU.) y Tijuana (México), se encuentra operativo el sistema Sentri para usuarios pre-aprobados que pasan por carriles exclusivos y su identidad se valida de forma digital. Entre Ciudad del Este (Paraguay) y Fox de Iguazú (Brasil) está el sistema SMARF, que usa tecnología biométrica en totems de auto-atención exclusivos para los residentes pre-registrados.
Nosotros estamos lejos de los volúmenes de usuarios de los cruces fronterizos mencionados, pero no debemos esperar a la saturación fronteriza para reaccionar. Es más, creo que la tecnología nos permitirá liberar a funcionarios de la PDI desde la frontera hacia otras actividades relacionadas con la seguridad y, además, la obligación del futuro gobierno es pensar en grande.
