Columna Internacionalista del fin del mundo, 06.07.2025 Juan Pablo Glasinovic Vernon. Abogado, exdiplomático y columnista
Colombia nunca la ha tenido fácil, conviviendo hace décadas con la violencia política y criminal. Desde los sesenta del siglo pasado irrumpieron las guerrillas de raíz marxista como las FARC, el ELN y el M19, las cuales buscaron emular la revolución cubana. También desde los años ochenta y especialmente en los noventa del siglo XX, los carteles narco, destacando los de Medellín y Cali, estuvieron a punto de controlar el Estado.
Con el transcurso del tiempo las guerrillas y las bandas criminales fueron interactuando, perdiendo las primeras sus objetivos políticos y perpetuándose como organizaciones criminales en estrecha alianza con las bandas narco.
Ante la arremetida de la alianza del narco y de la guerrilla, el Estado Colombiano contó con el decisivo apoyo de Estados Unidos, lo que le permitió descabezar y desarticular los carteles de Medellín y Cali, impidiendo su captura por estas organizaciones criminales. En esa lucha también las guerrillas fueron debilitadas y se desarrollaron negociaciones para desarmarlas. En 2016 se logró un acuerdo con las FARC, de entre los grupos el más numeroso y poderoso, lo que implicó que la mayoría de su hueste se desmovilizó y retornó a la vida civil.
En directa oposición a la violencia guerrillera y ante la inoperancia estatal, en muchas zonas surgieron grupos armados denominados como paramilitares o de autodefensa, articulados por los hacendados, campesinos, militares, industriales y policías. Estas fuerzas comenzaron enfrentándose a las guerrillas, pero también terminaron en vínculos con los carteles y en el asesinato de personas afiliadas a partidos de izquierda.
Desde el 2016 y el acuerdo para desarmar e integrar a las FARC a la legalidad, parecía que la violencia iba a dejar de ser un rasgo distintivo de la cotidianeidad colombiana. Y efectivamente así sucedió y parecía que el país daba vuelta la página. Sin embargo, durante el gobierno de Iván Duque (2018-22) la sociedad volvió a polarizarse y derivó en lo que se conoce como el “estallido” colombiano, a partir de un proyecto de reforma tributaria gubernamental. Todo el país se sumergió en violentas protestas, lo que fue aprovechado y potenciado por las bandas criminales y las guerrillas aún activas como el ELN y las disidencias de las FARC.
El descontento popular se tradujo también en una creciente fragmentación política que terminó con el clásico bipartidismo del país entre liberales y conservadores, permitiendo por primera vez la llegada al poder de un candidato de izquierda dura como Gustavo Petro en 2022.
Petro fue un guerrillero del M19 que se integró a la competencia democrática y fue alcalde de Bogotá y senador antes de llegar a la presidencia. Su elección parecía marcar la reconciliación nacional y la consagración democrática después de décadas de violencia política, demostrando que en la nueva Colombia un exguerrillero que se había reconciliado con la democracia podía llegar la cabeza del ejecutivo del país.
Consciente del complejo escenario en el que asumía por el estallido que le antecedió, Petro convocó a un acuerdo nacional de todos los partidos, de manera de generar un pacto de gobernabilidad. Lamentablemente y a pesar de un auspicioso comienzo, Gustavo Petro prefirió seguir su inspiración original, dando la espalda a un programa pactado con otros sectores políticos y retomando la polarización de los últimos años.
Se volvió a instalar la crispación y el lenguaje violento en la política, especialmente entre el gobierno y la oposición.
El 7 de junio, un pistolero de 15 años disparó contra Miguel Uribe Turbay, 39 años, senador del partido derechista Centro Democrático y candidato a presidente el próximo año, mientras hacía campaña en Bogotá. Recibió dos balas en la cabeza y se encuentra desde entonces en estado grave.
El tiroteo es el acto de violencia política más grave ocurrido en Colombia en los últimos 30 años. Recuerda un capítulo brutal del conflicto armado que vivió el país entre 1986 y 1990, cuando fueron asesinados cinco candidatos presidenciales.
Pocos días después, se registraron atentados explosivos por guerrillas en varias localidades del valle del Cauca contra policías, que dejaron a decenas de heridos y varios muertos.
Políticos de todas las tendencias se pronunciaron contra la violencia en la política. Gustavo Petro aceptó moderar su discurso. Pocos días antes había calificado a Uribe Turbay de “nieto de un presidente que ordenó torturar a 10.000 colombianos”.
En este ambiente convulsionado, las bandas criminales y los grupos guerrilleros están incrementando sus acciones y su control territorial. Ha ayudado a ese fenómeno no solo el clima instalado, sino también el deterioro de la relación con Estados Unidos en el último tiempo, tradicional socio principal en materia de seguridad. Las diferencias entre Petro y Trump han significado que el gobierno norteamericano ha congelado buena parte de su asistencia a Colombia, lo que evidentemente debilita el combate contra el crimen organizado y las bandas armadas.
Al mismo tiempo, la situación venezolana y el auge criminal en ese país que se ha extendido a la región ha significado que en buena parte de la frontera común los grupos criminales han expandido su control, exponiendo la falta de autoridad estatal en amplias zonas del país.
El presidente Petro tiene cada vez menos margen de maniobra y las ambiciosas reformas que se propuso están quedando en su mayoría frustradas, no porque no sean necesarias en algunos casos, sino fundamentalmente por un mal manejo político de su parte que impidió acuerdos y favoreció la polarización.
Eso sí, una de sus propuestas más emblemáticas, la reforma laboral, fue finalmente aprobada hace pocos días, tras una dura pugna con la oposición que incluyó varios rounds y que, tras ser rechazada en marzo, revivió ante la amenaza presidencial de convocar a una consulta popular por decreto sobre esta reforma.
La oposición vio que la consulta podría volver a levantar la agenda y popularidad de Petro, insuflando energía para su sector en las elecciones del próximo año. Muchos también consideraron que el decreto sería inconstitucional, lo que, en el contexto actual, podría empujar a un quiebre entre el presidente y el congreso. Ante ello, prefirió resucitar el proyecto y finalmente concurrir a su aprobación.
La victoria le devuelve un poco de oxígeno al mandatario en medio del caos político que exacerbó el atentado al senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay.
Las elecciones al Congreso tendrán lugar el 8 de marzo de 2026, momento en que se escogerán 103 escaños en el Senado y 183 curules en la Cámara de Representantes. Ese mismo día tendrá lugar la Consulta Presidencial para aquellas coaliciones que busquen definir una candidatura única.
La primera vuelta presidencial será el 31 de mayo de 2026 y, en caso de que ninguna candidatura pase más de la mitad de los votos, habrá segunda vuelta el 21 de junio de 2026.
La cercanía de los comicios ý las campañas siempre atizan las pasiones y la clase política colombiana parece seguir en una dinámica de fragmentación. Muchos están preocupados que el intento de asesinato de Uribe Turbay reabra una dinámica que no quieren repetir y mientras están en sus luchas intestinas, el crimen organizado y los grupos armados procuran fortalecerse. ¿Serán las próximas elecciones la oportunidad para salir de este clima?
